En una nación dominada por la mentalidad de asedio,
el miedo puede ser más poderoso que la razón.
En
EE.UU., Es una Batalla entre Seguridad y Libertad
Por Javier Sierra
Especial para www.libertad-prensa.org
21 noviembre 2001
Washington,
EE.UU., 20 de Noviembre, 2001 - En Estados Unidos el duelo
entre libertades y seguridad no tiene color.
La
amenaza terrorista ha dado a la mayoría del pueblo norteamericano
y a su gobierno razones suficientes para restringir, en algunos
casos de manera histórica, las libertades por las que este país
se ha distinguido desde su creación.
En
las dos últimas semanas, "The Bill of Rights", la Declaración
de Derechos, uno de los documentos capitales en el avance histórico
de las sociedades civiles, ha sufrido un ataque concertado.
El
ejemplo más reciente es la orden ejecutiva firmada por el Presidente
George W. Bush el 13 de noviembre, la cual le otorga plenos poderes
para juzgar y posiblemente ejecutar a extranjeros sospechosos
de terrorismo. Si así lo desea Bush, tribunales militares secretos
juzgarán a los acusados, y sus sentencias serán finales sin derecho
a apelación alguna.
"En
lugar de juicios justos y el debido proceso, [Bush] ha instaurado
un sistema burdo y sin trabas que admiraría cualquier dictador",
reaccionó indignado The New York Times. "La decisión es un insulto
al delicado equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial que los próceres instituyeron en la Constitución".
El
Los Angeles Times declaró que la decisión de Bush disfraza al
sistema judicial estadounidense con una burqa, la túnica
islámica que cubre por completo el cuerpo de las mujeres.
Bush,
sin embargo, respondió diciendo que su decisión es absolutamente
correcta.
"Debo
tener esta opción extraordinaria al alcance de la mano", indicó
el presidente. "Debo tener esta opción disponible en caso de que
capturemos vivos a miembros de Al Qaeda. Necesitamos tribunales
militares para proteger nuestro interés nacional, nuestra seguridad
nacional".
Pero
la prensa nacional sigue echándose las manos a la cabeza, y uno
de sus comentaristas más conservadores, el columnista del New
York Times William Safire, dijo que "el presidente de Estados
Unidos acaba de asumir poderes dictatoriales para juzgar y ejecutar
a extranjeros".
Anteriormente,
el Procurador General de la Nación John Ashcroft había emitido
otra orden restrictiva, la cual prácticamente acaba con la Sexta
Enmienda a la Constitución, la cual garantiza una defensa efectiva
para cualquier acusado.
Ashcroft
autorizó a que la policía pueda escuchar las conversaciones entre
el sospechoso y su abogado, si el gobierno, y no el juez, determina
que dicho abogado puede estar ayudando a su cliente en su actividad
criminal.
The
Washington Post advirtió que lo que ha creado Ashcroft es "una
regla que ataca los fundamentos básicos del sistema judicial",
lo cual está debilitando la confianza del público en su procurador
general.
Sin
embargo, el público de este país no parece estar ofendido por
la pérdida de libertades. Al contrario, el 85% de los estadounidenses,
muchos de ellos declarándose "asediados", apoyan a su presidente
en su batalla contra el terrorismo aquí y en el extranjero. Existe
un clamor por parte de estadounidenses opuestos a las acciones
de la administración, pero por ahora son un número limitado.
No
es de extrañar entonces que la indignación de la prensa caiga
en saco roto cuando se lamenta de la falta de transparencia por
parte del gobierno. El Departamento de Justicia, por ejemplo,
se ha negado a dar información sobre las más de 11.000 personas
que ha arrestado desde que comenzó su campaña antiterrorista el
11 de septiembre.
Incluso
los medios más influyentes del país, las cadenas de televisión,
han aceptado ser participantes activos de la guerra contra el
terror. A instancias de la Casa Blanca, las televisoras nacionales
accedieron a no emitir los mensajes grabados de Osama bin Laden,
aparentemente convencidas de que estos mensajes puedan contener
"palabras codificadas" destinadas a terroristas escondidos en
Estados Unidos.
El
periodista Peter Arnett -un ex reportero de CNN, cuya cobertura
de la Guerra del Golfo desde la capital iraquí le valió fama mundial-
criticó duramente haber accedido a las presiones de la Casa Blanca.
"Los
medios deberían haber dicho: 'nosotros tomamos las decisiones'",
indicó Arnett al periódico austriaco Starndard de Viena. "Pero
prácticamente ya no vemos a bin Laden. Eso es autocensura".
Esa
falta de transparencia oficial va más allá de la guerra contra
el terror. En otra controvertida decisión, Bush prácticamente
anuló la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, la cual dicta
que los documentos de cualquier presidente se hagan públicos después
de no más de 12 años de abandonar la Casa Blanca. La nueva orden
ahora indica que el actual presidente o el mandatario en cuestión
tiene la potestad de revisar cualquier documento por tiempo ilimitado
antes de hacerlo público.
Esta
mentalidad de asedio que domina el debate público, ha convertido
a la disidencia en una arriesgada actividad entre los periodistas
y académicos del país.
Y las
armas de censura que más impacto están adquiriendo son los comentaristas
que comparan el cuestionamiento de las acciones del gobierno con
insultos contra la patria e incluso la traición. Los ejemplos
abundan, como el cómico político Bill Maher, la
comentarista conservadora Ann Coulter,
o los columnistas de medios más modestos como Tom Gutting y
Dan
Guthrie.
A la
congresista Barbara Lee, la única representante que se opuso a
la recientemente aprobada ley antiterrorista, se le ha asignado
protección policial después de recibir numerosas amenazas de muerte.
También lleva escolta oficial el representante Marty Meehan, después
de cuestionar si el avión presidencial estuvo realmente en peligro
el 11 de septiembre obligando a Bush a regresar a Washington varias
horas después de los ataques.
Y finalmente,
los medios académicos, quizá el sector donde se ha criticado más
abiertamente la guerra contra el terrorismo, tampoco escapa de
la ortodoxia oficial. La esposa del Vicepresidente Dick Cheney,
Lynne Cheney, y su grupo American Council of Trustees and Alumni
(Consejo Americano de Fiduciarios y Ex Alumnos) han abierto un
frente contra los "radicales" del mundo universitario estadounidense.
En
un reciente y controvertido informe, el grupo acusa al mundo académico
de ser "el eslabón débil" de la respuesta de Estados Unidos contra
los ataques terroristas. El estudio nombra a 40 catedráticos críticos
de la opinión pública norteamericana, diciendo, "Hemos aprendido
de la historia que los intelectuales de una nación no están dispuestos
a defender a su civilización y asisten a sus adversarios".
Efectivamente,
las palabras del portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer poco
después de los ataques, "Deben tener cuidado
con lo que dicen", han resultado ser proféticas.
Los
periodistas de democracias emergentes de todo el mundo quizá deberían
considerar la experiencia estadounidense como prueba de que la
batalla por la libertad de expresión y de prensa nunca termina.
Javier
Sierra es el editor de www.libertad-prensa.org
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