Se han manifestado opinando al respecto tanto el Dr. Sanguinetti como el Dr. Vázquez, en definiciones de carácter político de gran importancia en lo internacional como en lo nacional, pues fijan posición política y jurídica en asuntos de vital importancia para nuestro país.

Aparte de los aspectos didácticos de algunas de las intervenciones, que mucho agradecemos y que nos informan de que todo tratado tiene carácter político, nos hemos enfrentado en este asunto a una confusión respecto de los conceptos, que conviene aclarar para que quede de manifiesto en qué basamos nuestra opinión contraria a la creación de un parlamento del MERCOSUR.

En el Tratado de Asunción, el documento madre de toda esta organización regional, queda claramente expresado tanto en el preámbulo como en el articulado, que la organización que se crea tiene un alcance fundamentalmente económico y comercial. Así se habla de «el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio». Insiste en el concepto señalando que es la respuesta a «la consolidación de grandes espacios económicos».

En el artículo primero se menciona el compromiso de los Estados de «armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes». Debe destacarse como aspecto esencial de relacionamiento que el Consejo del Mercado Común, órgano supremo del acuerdo, cuyas decisiones (Art. 16) «serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados partes». Es decir por unanimidad y por lo tanto con derecho a veto que establece la igualdad perfecta entre las partes.

Las decisiones nacionales e internacionales relativas a la suscripción y ratificación de un tratado son naturalmente de naturaleza política, involucran la voluntad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de cada país. También implican instituciones políticas instrumentales del fin principal. Por ejemplo la creación de un Tribunal Arbitral o la coordinación de políticas monetarias conllevan coincidencias orgánicas tendientes a cumplir mejor el fin indicado, que es económico y comercial.

Cuando el Brasil propone y la Argentina acepta la creación de un Parlamento del MERCOSUR, y nosotros nos permitimos discrepar señalando que el MERCOSUR no tiene una finalidad política, no estamos confundiendo aquellos instrumentos necesarios con éste que ni está previsto, ni es deseable, ni es conveniente a los intereses de nuestro país, ni diríamos, a los del Paraguay o la Argentina.

La aceptación por parte del gobierno argentino, en forma expresa y explícita del liderazgo político de Brasil en América del Sur constituye un episodio de importancia singular. Es la primera vez desde los tiempos de la Colonia que entre los tradicionales rivales sureños, que originan sus diferencias desde el tiempo de España y Portugal, que una de las partes concede el éxito a la otra y le cede la condición de liderazgo. Estamos seguros que mucho dará que hablar y muchos efectos importantes tendrá esta actitud que nos permitimos señalar como sin antecedentes.

Pero lo que a nosotros nos importa es el interés del Uruguay, con el cual estamos comprometidos sin matices y sin concesiones.

¿Qué dicen los documentos a los que tenemos acceso? El proyecto 04-Br-DIS-Mercosur/CPC/SDIS número 03, correspondiente a la Comisión Parlamentaria Común, en uno de sus considerandos establece que se «impone la creación de un Parlamento del -MERCOSUR». El documento «en portugués- Mercosul XXIV CMC/DT número 03/03, titulado «Proposta do Brasil» señala «o objetivo ultimo deveria ser a criaçao do parlamento do mercosul eleito pelo voto direto. O Parlamento poderia ser instalado ate o final de 2006». Como se verá se ha avanzado por parte del proponente en forma sustancial contando para ello con el apoyo de la República Argentina.

¿Qué implica el tal Parlamento del MERCOSUR? Es claro que se pretende instalar un cuerpo con poder de decisión, elegido por voto directo y por lo tanto como emanación directa de la soberanía. Como todo parlamento, el mismo tendrá competencia para aprobar actos regla cuyo cumplimiento podrá ser impuesto a todos los que habitamos los países del MERCOSUR, en las materias que así se establezca. Vamos por partes. Ante todo dejar en claro que no es posible establecer un parlamento como extensión interpretativa de los documentos que hoy están vigentes entre los países, para ello se requeriría para ello la firma y ratificación de un nuevo tratado. En otro plano, es difícil imaginar un organismo de este tipo, en el cual el Brasil, sea por la forma que fuere que se calculen las proporciones, será absolutamente mayoritario y por lo tanto podrá disponer acerca de sus decisiones.

A lo más que hoy se puede llegar de acuerdo con el Protocolo de Ouro Preto es a buscar armonización de legislaciones, por parte de los actuales parlamento soberanos de cada país, cosa muy distinta a que un Parlamento del MERCOSUR que sancione normas genéricas e imponibles. Todo ello imposible pues no existe una sola soberanía susceptible de ser representada.

Otro documento «Mercosul» denominado «Criaçao de grupos políticos na CPC» es muy ilustrativo del sesgo que tienen estas estrategias. En él se señala que se procederá «a reorganizacao dos legisladores em grupos políticos que representem as grandes línhas ideologicos presentes em nossa regiao». De seguirse esta sugerencia, ya no funcionarían en la CPC los grupos parlamentarios de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, sino que nos encontraríamos con «bancadas parlamentarias» que agruparían al PT y al Frente Amplio, por ejemplo, privilegiando la condición de ideología común por encima de la de la nacionalidad de los parlamentarios. Implica esta orientación un paso político de una trascendencia y gravedad que nos excusamos de reiterar por obvia. Permítasenos agregar que los legisladores del Partido Nacional, eventualmente presentes en estas reuniones deberán de sentarse aparte de todos los demás, pues no tenemos con ningún partido de ningún país de la región un interés que sea compartible, representamos una manera de ver al Uruguay, que es por definición no compartible.

El Dr. Vázquez ha señalado en Buenos Aires, durante la entrevista en que fue ungido por el gobierno argentino como futuro presidente de los orientales, que era partidario de avanzar por carriles políticos con la formación de un parlamento regional. Decisión que suponemos ha sido adoptada por la coalición que conduce el distinguido compatriota y que por el peso específico político del Encuentro Progresista en el Uruguay, representa una definición de singular trascendencia

Cuando quedó perfecto el tratado del MERCOSUR el primero de enero de 1995, se abrían para la acción del acuerdo regional caminos muy concretos señalados por el Preámbulo del Tratado de Asunción, que compartíamos y compartimos por ser caminos del mejor cumplimiento de la finalidad exclusivamente económica y comercial que tiene el mismo. Nada de ello se hizo a partir de esa fecha, y las consecuencias de la inacción, sobretodo en materia monetaria, fueron rápidamente perceptibles en forma dolorosa con las devaluaciones del Brasil y la rigidez cambiaria de la Argentina a las que tantos males debemos. Dicho de otra manera en el MERCOSUR no se hizo lo que había que hacer, y se optó por el más fácil camino de, por ejemplo, acordar una «cláusula democrática» que nos parece útil y buena pero que no surge de la voluntad inequívoca que tuvieron los Estados en el momento de firmar y ratificar, y nada agrega a los fines de aumento de la prosperidad y del empleo que son el cerno de la organización.

Nos preocupa la posición de nuestro gobierno al respecto. Deberá de darse una explicación muy clara, al más alto nivel, de cual es la línea que seguirá en tan delicado tema.

Resulta claro que estamos ingresando en un terreno de tremenda importancia que es por definición el de las decisiones que superan ampliamente las administraciones y los gobiernos. Queremos creer que todas las fuerzas políticas serán consultadas por lo menos en el Parlamento, donde ejercen sus responsabilidades.

En síntesis, el Tratado es un acto político por definición, en este caso dirigido a la integración económica y comercial. No se prevé ni es bueno que se avance en un terreno totalmente ajeno a la voluntad de los signatarios como es la creación de un organismo político denominado Parlamento del MERCOSUR.