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EL
PODER JUDICIAL JAQUEADO POR LOS QUE NUNCA COMBATIERON EN SERIO
AL CONTRABANDO
"La
fiesta" que organizó el juez Colmenero
por
Esc.
Fernando Vélez Molina
Algunos
se olvidan de la separación de los poderes del Estado,
de la independencia del Poder Judicial, y hasta pretenden
hacerlo responsable de "la fiesta de los contrabandistas".
Ojalá la pretensión de algunos de querer politizar
también el Poder Judicial no prospere, de lo contrario
estaremos ingresando a un terreno muy peligroso. Para algunos,
los fallos judiciales que afectan a dirigentes políticos
son todos abusivos. Braga, Stern, Blanco, Illarieti, Lissidini,
todos mal procesados, según algunos de sus pares.
Hace algunos días, cuando el Juez Letrado de Carmelo
Dr. Carlos Colmenero dispuso el procesamiento con prisión
del ex Director Nacional de Aduanas, Dr. Víctor Lissidini,
los comentarios comenzaron a ocupar gran parte de la atención
pública nacional.
| No
es la primera vez que pasa, y quizá no sea la última.
Braga, Stern, Blanco, Illarieti, Lissidini, son algunos
de los nombres de dirigentes políticos que me vienen
a la mente que han sido procesados en los últimos
años, y gran parte del sistema político
ha hecho una defensa cerrada que incluye ataques y acusaciones
al Poder Judicial, pretendiendo que éste se politice,
y que haga pesar las supuestas buenas condiciones morales,
antes que las figuras delictivas que eventualmente cometieron,
como si eso fuera causa de eximente de pena, y no una
mera atenuante. |
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En primer lugar
corresponde aclarar que este artículo no pretende tomar
partido, ni a favor ni en contra del fallo judicial que determinó
el procesamiento con prisión de Víctor Lissidini,
ya que, de hacerlo, estaríamos incurriendo en el mismo
error que - a nuestro juicio - han incurrido miles de ciudadanos
y - lo que es peor - decenas de dirigentes políticos,
legisladores incluidos, de cuestionar un fallo sin haber leído
siquiera el expediente. COMENTARIOS
OBVIOS, Y DE LOS OTROS
Obviamente que los primeros comentarios discordantes con la
decisión judicial fueron los del abogado defensor de
Lissidini, pero en este caso no sólo tienen lógica,
sino que además es coherente que el abogado anunciara
la apelación del fallo, y su total disconformidad con
los fundamentos expuestos por Colmenero al momento de dictar
el procesamiento, después de todo es su obligación
legal hacerlo.
A nadie puede asombrar que el imputado afirme, una y otra vez,
su inocencia y que el abogado que lo defiende haga lo propio.
Pero la cosa no quedó ahí. El comentario tomó
estado público y cientos de miles de ciudadanos comenzaron
a tomar partido, aparentemente en forma mayoritaria a favor
de Lissidini y en contra del fallo judicial, pero sin tener
el más mínimo criterio jurídico para evaluar
una cuestión de pura técnica.
Está mal que los ciudadanos cuestionen al Poder Judicial,
siendo que, se supone, hay que tener cierta formación
jurídica para criticar un fallo, o al menos hay que conocer
el contenido del expediente en el que se determinó el
procesamiento, cuestiones que creemos el 99% de los ciudadanos
no tienen la más pálida idea. Esos comentarios
que cruzaron el país de norte a sur, y de este a oeste,
están basados en el sentido común, en ciertas
convicciones, en meras especulaciones, y totalmente alejados
de aquella máxima judicial de "lo que no está
en el expediente no existe", algo que a muchos uruguayos
les cuesta entender, donde la capacidad discrecional de los
jueces está muy acotada, y enunciada casi a texto expreso
El arresto de Lissidini |
en la ley, el juez debe juzgar con los elementos que
tiene en el expediente y excepcionalmente puede usar
su sano juicio, y discrecionalidad. Está claro
que el Poder Judicial no puede manejarse en torno a
"lo que le parece", tiene un ordenamiento
jurídico que respetar, y una Justicia -como pretenden
muchos uruguayos- que se maneje sólo con convicciones,
con sensaciones, en definitiva con poca realidad, y
mucho subjetivismo, sólo conduciría a
un régimen arbitrario y entraríamos a
un terreno mucho más peligroso que el que pueda
generar
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un error por
parte de un juez, que en definitiva siempre puede ser subsanado
por un tribunal de alzada, lo otro, la arbitrariedad, no tiene
arreglo. OLVIDAMOS
LAS BASES DE NUESTRO SISTEMA JUDICIAL
Muchas veces nos olvidamos que los jueces aplican la ley, no
la crean, la jurisprudencia no es fuente de Derecho en nuestro
sistema jurídico, sólo el legislador puede cambiar
las reglas de juego, y -reiteramos- el margen de discrecionalidad
del juez es muy acotado, y justamente puede ejercerlo cuando
el legislador se lo autorizó.
Muchos uruguayos pretenden que el juez sea piedeletrista cuando
les conviene, pero reclaman discrecionalidad, sentido común,
cuando el fallo va contra sus intereses.
Con esto no queremos decir que tengamos un Poder Judicial perfecto,
pero es hora que asumamos que tenemos una Justicia que, por
suerte, se ha mantenido al margen de los intereses político
partidarios, más allá de los actos de corrupción,
y que nuestros magistrados gozan de un tecnicismo envidiado
por muchos países, con algunas excepciones -por supuesto
que sí- pero que no hacen más que confirmar la
regla.
Deberíamos recordar que el artículo 1º de
la Ley Orgánica de la Judicatura establece: "El
Poder Judicial y el Tribunal de la Contencioso Administrativo
son independientes de toda otra autoridad en el ejercicio de
sus funciones". Agregando el artículo 2º: "La
potestad de conocer en los asuntos que les están asignados
y de hacer ejecutar lo juzgado en la forma que en cada caso
corresponda, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece
la ley".
Y así debe ser.
"Si el poder está dividido, cada poder sirve de
freno a los demás y de ese modo se impide el abuso salvaguardando
la libertad individual. Se establece así un sistema de
"frenos o contrapesos", o sea de contralores recíprocos
de unos órganos de gobierno respecto de otros" (Dr.
Enrique Véscovi, Introducción al Derecho, pág.
239). Así debe funcionar la separación de poderes,
principio fundamental de todo régimen democrático
de gobierno -como se supone que es el nuestro-, y si a eso agregamos
que otro de los principios es el consagrado en la Ley Orgánica
de la Judicatura, el de la libertad e independencia del Poder
Judicial, cuando un poder pretende ejercer presiones, o forzar
cambios en otro poder del Estado, indirectamente se estará
avasallando principios básicos del sistema democrático.
Controles entre los poderes sí, pero jamás injerencia,
intromisión, y mucho menos presiones.
| El
procesamiento de un individuo no significa prejuzgamiento
del mismo, es la primera etapa del proceso penal, y finalmente
el juez se expedirá sobre las eventuales responsabilidades
del imputado, y en cuanto al procesamiento con prisión,
fue el legislador el que puso en manos del juez la decisión
de procesar con o sin prisión según considere
que el hecho que se imputa hubiere causado o pudiere causar,
por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma
social. |
Benito Stern |
SUPONGAMOS
QUE EL JUEZ COLMENERO SE EQUIVOCÓ
Ahora bien, supongamos que quienes critican el fallo judicial
tienen razón, y el juez Colmenero se equivocó.
Nuestra legislación prevé instancias de apelación
donde el imputado (en este caso Lissidini) podrá defenderse
(Debido proceso consagrado en el artículo 12 de la
Constitución) y recurrir el fallo de primera instancia,
como pasa a diario en cientos de asuntos judiciales, para
eso existen los Tribunales de Apelaciones y en última
instancia la Suprema Corte de Justicia.
No va a ser ni la primera ni la última vez que un fallo
de primera instancia es revocado en el Tribunal de alzada,
y así debe funcionar. Pero de ahí a colocar
al juez, o al fiscal, de primera instancia como personas que
están actuando con intereses políticos, deslealmente,
o haciendo "el caldo gordo" a los contrabandistas,
hay un gran trecho.
Pero decimos más. Supongamos que el Dr. Colmenero no
haya actuado con imparcialidad e independencia, también
existen procedimientos para que asuma sus responsabilidades
(artículo 23 de la Constitución), pero no es
justamente a través de la crítica pública
que eso se determinará, ni siquiera serán los
dirigentes políticos, ni los legisladores, los que
habrán de expedirse.
Hay cosas que llaman poderosamente la atención. Legisladores
del mismo partido político al que pertenece el Dr.
Lissidini, ahora arremeten contra un fallo judicial, sin siquiera
haber visto la carátula del expediente, y afirman muy
sueltos de cuerpo que Lissidini estaba desarrollando una gran
tarea, que estaba desarticulando las mafias del contrabando,
etc., pero suena muy raro que cuando Lissidini estaba en la
cuerda floja nadie lo respaldó, pero ahora que un juez
procesa a un ex Director de Aduanas, pero más que nada
un dirigente político, todos se dieron cuenta (como
por arte de magia) que Lissidini era el mejor. La verdad,
debo confesarlo, me llama mucho la atención. Y como
ciudadano me preocupan mucho más esas incoherencias,
y las arremetidas contra la independencia del Poder Judicial,
que un eventual error procesal del juez Colmenero.
HACIENDO
MEMORIA
Según el semanario Crónicas Económicas
del 11 de agosto: el quincista Juan Adolfo Singer dijo que
los contrabandistas "están de fiesta" por
la prisión de Lissidini y evaluó que el fallo
judicial "es un disparate que debe avergonzar a la magistratura
nacional". "La gente honrada del Uruguay está
de duelo, perpleja e indignada", aseguró. "Es
bien claro el mensaje que la fiscal (Alba Corral) y el juez
(Carlos Colmenero) le enviaron a los uruguayos: hay que cuidarse
mucho en no incurrir en la más mínima decisión
formal en cualquier acción de combate al contrabando,
porque si no, los metemos presos", destacó.
El prosecretario de la presidencia, Leonardo Costa, sostuvo
que más allá de los errores administrativos
que cometió Lissidini, el fallo judicial "es un
exceso, y más cuando es procesado con prisión".
Costa dijo que el caso "no da lugar a las medidas adoptadas",
por el hecho que es primario y no se comprobó que haya
tenido "beneficio personal alguno". "Se envía
de esta manera un mensaje erróneo a la ciudadanía.
Lissidini tuvo una equivocación administrativa por
algunas iniciativas que tomó, pero acá el contrabando
ganó 2 a 0", remarcó Costa.
Singer y Costa parecen haber estudiado el expediente a fondo,
así se puede deducir de sus declaraciones contundentes
contra el fallo judicial.
Pero, por si fuera poco, el Comité Ejecutivo del Partido
Colorado también cuestionó el comentado fallo
judicial.
Para el legislador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro
el hecho es sumamente grave . Sin embargo, no quiso entrar
en el debate sobre si el ex hombre de confianza del presidente
Batlle estuvo bien o mal procesado. En este sentido, hizo
una puntualización: "no leí el expediente
ni soy abogado...". Por lo menos Fernández Huidobro,
no entró en cuestionamientos jurídicos, reconociendo
no haber leído el expediente.
Sigamos haciendo memoria. El diario El País, en su
edición del 5 de julio de 2002 publicó: "Lissidini
al asistir al Parlamento reveló la existencia de una
partida de "gastos reservados" destinada a sus informantes.
Todos los sectores políticos a excepción de
la lista 15 cuestionaron anoche en el Parlamento el "estilo"
de conducción del director nacional de Aduanas, Víctor
Lissidini, quien compareció durante más de tres
horas en la Comisión de Constitución y Códigos
de la Cámara de Representantes.
Al dar explicaciones acerca de sus declaraciones en una entrevista
concedida a El País el jueves 27 de junio, donde sostuvo
que contrabandistas le habían asegurado que financiaron
campañas de todos los partidos políticos, Lissidini
reveló la existencia de una partida cuatrimestral especial
de $136 mil pesos, denominada "gastos reservados",
que se utiliza para financiar el acceso a información,
a los efectos de atacar el contrabando. Participantes de la
sesión, dijeron a El País que en un momento
de la reunión después que Lissidini habló
del grupo de elite que lo apoya en su trabajo, el diputado
del Frente Amplio Jorge Orrico, con una lista de nombres delante
suyo comenzó a preguntar a Lissidini si los mismos
eran funcionarios de Aduana. Así Orrico nombró
uno a uno las personas de la lista, a lo que Lissidini respondió
en todos los casos que eran informantes y asintió en
varios de los casos que tenían procesamientos, precisaron
las fuentes".
Antes (cuando estaba en el cargo) todos, menos la 15, lo cuestionaban,
y también se sabía que utilizaba de apoyo a
funcionarios que en realidad no eran funcionarios públicos.
Ahora, ya preso, nos enteramos que perdimos "al mejor
Director de Aduanas de todos los tiempos", y ¿Porqué
no se lo apoyó, y se evitó su renuncia? Ahí
era donde Lissidini hubiera necesitado el apoyo político,
ahora no sólo el apoyo llega en forma tardía,
sino también en circunstancias muy peligrosas, pretendiendo
poner en tela de juicio la imparcialidad del Poder Judicial,
y lo que es peor tratando de politizar al único poder
del Estado que aún no participa de las campañas
electorales quinquenales.
Pretender hacer creer que los contrabandistas "están
de fiesta" a causa de un fallo judicial que afecta a
un ex Director de Aduanas, parece un chiste, porque realmente
los contrabandistas han estado, están, y seguirán
estando de fiesta, mientras el sistema político no
tome el tema del contrabando como política de Estado,
y se dé unánime respaldo al Director de Aduanas
de turno, ahí sí terminará "la fiesta".
Si ahora el contrabando ganó 2 a 0 (según Costa),
hace años que nos viene ganando 5 a 0.
Justamente no creo que sea el Poder Judicial el que organizó
la fiesta de los contrabandistas, si el mismo Lissidini (el
ciudadano más defendido del país) denunció
hace un año que las mafias del contrabando habían
financiado campañas políticas. A buen entendedor
pocas palabras bastan.
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