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Año V Nro. 341 - Uruguay, 05 de junio del 2009   
 
Informe Uruguay

 
 
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Gremios y gobierno
por Hebert Gatto

 
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         Los reclamos sindicales a que deberá hacer frente el gobierno en los próximos meses no serán pocos y seguramente lo colocarán, a medida que se vayan sucediendo, en la incómoda posición de negarse a muchos de ellos. Una práctica para la que no está preparado en tanto durante en sus treinta y cuatro años como coalición opositora los había acompañado de modo sistemático actuando con demasiada frecuencia como el brazo político del movimiento sindical. En realidad este cambio de situación que lo lleva de demandante a demandado, frecuente y normal en una democracia, no debería causarle demasiadas incomodidades, sino fuera por esta extrema cercanía que la izquierda uruguaya desde siempre cultivó con los gremios y que ahora, más allá de la voluntad y de las proximidades personales e ideológicas de muchos dirigentes, los hechos obligarán a modificar de manera bastante drástica. Una cosa era para la izquierda política coordinar estrategias con los gremios para derrotar a los partidos burgueses; otra cosa será -ya comienza a serlo-esa relación cuando la misma izquierda fue mandatada por la ciudadanía para conducir de la manera más eficaz posible una estructura capitalista con añejas dificultades de funcionamiento y fuertemente endeudada con el exterior. Lo que supone que los intereses generales del país, los relacionados con los estándares mínimos de funcionamiento de la economía, no resulten fácilmente armonizables con los de los trabajadores. Si este tema ha sido tradicionalmente una fuente de dificultades para la izquierda democrática, aun para aquella cuyos partidos nacieron del sindicalismo, como es el caso del laborismo británico o de los socialistas escandinavos, más lo es cuando no existe identidad de génesis y el movimiento obrero, o sus dirigentes, se encuentran más radicalizados que el programa y el núcleo rector de la coalición gobernante. Como es, típicamente, el ejemplo uruguayo-. Naturalmente que estas dificultades no se presentan, o se presentan de otra manera, cuando la meta oficialista es construir una economía socialista y para ello, para este objetivo de cambio, se sirve del movimiento sindical. Por más que aun en este escenario, como ha mostrado una larga experiencia histórica, las organizaciones laborales terminan por ser subordinadas a los aparatos políticos. Pero naturalmente no es éste el caso uruguayo, donde lo que se discutirá en los próximos consejos de salarios será, prioritariamente, el monto de las retribuciones de los trabajadores públicos y privados. Un tema sumamente complejo en el que no puede estar ausente la fuerte pérdida en sus niveles de ingresos que los sectores laborales han sufrido como consecuencia de la reciente crisis ni, desde un punto de vista más general, el impacto que un aumento global no gradual puede suponer para la frágil recuperación de la economía uruguaya. Particularmente cuando ésta depende más de la competitividad de las exportaciones que del fortalecimiento de la demanda interna. Entre estos dos mojones tradicionales deberán moverse los sindicatos obreros, los empresarios y el gobierno, éste en una doble función: armonizar intereses atendiendo a los requerimientos del modo de producción vigente ­que le exige estabilidad monetaria y márgenes atractivos de utilidad para inversores y empresas- y actuar como árbitro decisor para el caso de desavenencia entre capital y trabajo. Justamente el rol para el que, como decíamos, carece de antecedentes y preparación, pero para el que, como contrapartida, le ayuda su cercanía con los gremios también interesados, aunque en grados diversos, según la diferente radicalización de sus dirigentes, en el éxito político del gobierno. En definitiva otro episodio del viejo y repetido dilema de la izquierda gobernante, entre sus fundadas aspiraciones a la justicia social y los duros condicionamientos de la economía capitalista, ajena por naturaleza a los requerimientos de la equidad, pero sin sustitutos válidos a la vista. La misma disyuntiva que desde hace casi un siglo atormenta a la social democracia, con diversas soluciones a través del tiempo aunque ninguna de carácter definitivo. Hay otro aspecto de carácter no salarial en esta coyuntura definitoria, donde el gobierno está emitiendo las primeras señales que presidirán su gestión, y comienzan a resolverse en uno u otro sentido sus pugnas y contradicciones internas, que merece atención. Me refiero a la expectativa de los gremios de participar en la confección de políticas generales en áreas muy diversas y no siempre directamente relacionadas a la pugna entre capital y trabajo, sino más bien en temas vinculados con aspectos doctrinarios o ideológicos. En este sentido se escucharon por estos días reclamos de los gremios de la salud para estatizar el sistema, de los relacionados con el agua para rescindir las concesiones, de los vinculados con las comunicaciones para oponerse al ingreso en el área de CTI Móvil y de la propia central en lo relacionado con inversiones extranjeras. En lo que constituye otra manifestación de su sostenida aspiración de ser actor de las grandes decisiones económicas y sociales concernientes al futuro del país.

         Nuevamente aquí nos movemos en un ámbito dicotómico, donde se enfrentan dos visiones del rol de los sindicatos en una democracia representativa. Por un lado, las concepciones liberales más antiguas, para las cuales sólo los ciudadanos, eligiendo representantes, deben intervenir como individuos en la vida política de un país. Las asociaciones intermedias, entre ellas los sindicatos y las organizaciones empresariales, más las primeras que las segundas, distorsionan la pureza de la representación y se arrogan derechos frente al Estado que no les compete esgrimir. Por otro, las concepciones revolucionarias del viejo anarquismo combativo, el anarco sindicalismo, para quien los sindicatos en tanto que auténticos representantes de la clase emancipadora, son los sujetos privilegiados del cambio revolucionario, desplazando a los partidos considerados como organizaciones políticas incapaces de aglutinar y conducir a los productores sin caer en las recurrentes tentaciones del poder.

         Ambas concepciones impregnadas de un potente aroma dieciochesco. No ocurre lo mismo con el actual corporativismo, que si admite una versión fascista, para la cual los sindicatos obreros y patronales reunidos en una cámara que representa los intereses sociales colaboran con el partido único en el manejo del Estado, también reconoce en la segunda posguerra una versión más acorde con el Estado democrático. Una concepción que sostiene que la democracia de ciudadanos de la doctrina liberal ha pasado a la historia y sus instituciones clásicas como el Parlamento han sido progresivamente desplazadas de su rol legislativo tradicional sustituido por procesos informales de negociación y decisión tripartitos. Con ello las tareas principales del Estado en el área social son cometido de representantes funcionales de los intereses corporativos del capital y el trabajo, sindicalistas, delegados de los colectivos empresariales y funcionarios del Estado especializados en la negociación y mediación entre ambos grupos de interés. Lo que en definitiva conduce a que ciertos mecanismos extra parlamentarios ocupen el lugar central en la toma de decisiones, mientras las viejas instituciones liberales, si bien permanecen vigentes, pierden la mayoría de sus funciones, limitándose a sancionar aquello que los poderes sociales acuerdan. Con este nuevo funcionamiento del sistema político, el rol principal del Estado es arbitrar entre las principales facciones de la sociedad, conservando los equilibrios básicos que permitan la estabilidad de la formación social. Todo ello al precio de un déficit democrático notorio, en la medida que la voluntad ciudadana resulta cada vez menos decisiva.  Pese a algunos amagues en esta dirección, como podría hacer pensar la actual superposición de algunos ámbitos de negociación tripartitos -Consejo de Economía Nacional, llamado a representantes para un acuerdo nacional en materia económica, consejo de salarios, integración de comisiones en todos los ámbitos imaginables del quehacer del Estado- no creo que el gobierno aliente intenciones corporativistas. En definitiva, un modo de concebir la democracia basada en la fuerte relevancia del poder sindical -equiparándolo con el poder empresarial-, cuando en los hechos los trabajadores se encuentran cada vez más jaqueados en sus estrechos ámbitos nacionales, frente a la extrema movilidad del capital, capaz de ignorar fronteras con una facilidad de la que carecen los gremios. Más bien cabe pensar que el gobierno frentista mantiene una compartible, pero no fácilmente concretable, preocupación por la participación de los ciudadanos en los ámbitos de la vida pública, desde la territorial á la funcional, pero sin resignar sus potestades políticas. Esto sin desconocer anteriores manifestaciones de "seguidismo" sindical, particularmente por parte de algunos sectores, no totalmente tranquilizadoras.

         Pero más allá de ello creo que importa analizar el contenido de algunas de las aspiraciones sindicales, que por estos días se han hecho públicas. En lo que refiere a la "intimación" al gobierno para discutir la total estatización de la salud, realizado por la FUS, sólo puede calificársele como un insólito anacronismo, reñido con la realidad del Uruguay del siglo XXI. El objetivo sería nada menos que expropiar todas las mutualistas y sistemas de salud vigentes para pasarlos "in totum" -previas las indemnizaciones correspondientes-al ámbito de Salud Pública. Algo así como reflotar el Titanic para emprender un viaje al Imperio Romano. El viejo reflejo estatista mezclado con el apriorismo ideológico, tan internalizado en la mentalidad de algunos uruguayos, vuelve a manifestarse, impulsando una medida que en lugar de mejorar la suerte de la población generalizaría una atención ya paupérrima. Bien podría pensarse, si no fueran palabras impías, si la solución no es exactamente la inversa: cerrar los hospitales públicos y otorgar una atención igualitaria en las instituciones privadas, con aportes del Estado para los indigentes y compensaciones para los menos pudientes. Seguramente el ahorro sería formidable.  Parecidas consideraciones merece la iniciativa sindical, presuntamente secundada por algún director del BPS, de sustituir las AFAPs por un sistema estatizado de pensiones. Otra vuelta al pasado en la materia, que olvida lo que supuso el anterior modelo centralizado donde el Estado terminó por dilapidar irresponsablemente el ahorro de toda su vida de los asalariados. Los actuales montos promedíales de jubilaciones y pensiones son el mejor recordatario de esta gestión estatizada a la que se quiere regresar. Pero donde el desatino de unos y otros, y aquí incluyo al gobierno, alcanza cotas irrepetibles es en el tema del agua. En su momento el Frente apoyó un plebiscito carente de razonabilidad con el objetivo, cuándo no, de estatizar el agua, no solamente en su propiedad -lo que puede compartirse- sino en su explotación. Para ello se sancionó un texto de redacción irrefutable, que impide cualquier posibilidad de la explotación del recurso por parte de privados, induciendo a la población a presta su voto a una iniciativa que supuso para el Estado el peligro de enormes indemnizaciones a las empresas ya instaladas y al país la imposibilidad por muchos años de contar con un adecuado saneamiento. Como siempre, primó el anacronismo oriental y el agua volvió al Estado. Ahora, enfrentado éste a la eventualidad de tener que resarcir a las empresas, algunas cumplidoras de sus obligaciones y otras no tanto, así como a implementar un saneamiento para el que no tiene medios, declara que la reforma no se aplica retroactivamente.

         Así, alegremente, como si los textos constitucionales admitieran plegarse a las conveniencias del momento, se omite que no se trata de un problema de retroactividades, sino, simplemente, de aplicación inmediata de la norma. Es cierto que las rescisiones no son retroactivas, no anulan hacia atrás, pero eso no Implica que los privados puedan seguir prestando el servicio luego de la aprobación de la reforma. El texto es inequívoco al respecto: desde su vigencia, en el Uruguay, los servicios de agua y saneamiento deben ser prestados por el Estado. La maniobra interpretativa tiene la probable virtud de evitarle al Estado millonarias indemnizaciones, pero paga el terrible precio de desconocer la Constitución y de oponerse a la voluntad popular, una práctica poco aconsejable para cualquier gobierno democrático.  Nuevamente, como señalábamos en nuestra anterior columna, aparecen nubarrones variados en el horizonte. Esta vez por parte de un movimiento sindical que liderado por la izquierda más radicalizada Q romántica, sigue soñando con el país de los años sesenta. El de la arcadia sin clases dirigida por el inefable y omnisapiente partido único, del proletariado. El tema no sería en sí mismo preocupante si se limitara al movimiento sindical, de hecho bastante mermado en su representatividad. Mirado desde otro ángulo no es malo que en la democracia surjan manifestaciones que faciliten la gimnasia ideológica y reten al pensamiento demasiado monocorde, que ofrece la posmodernidad.

         Desgraciadamente, como lo mostró el reciente ensayo de suspensión de ejecuciones, algunos de quienes así razonan ocupan posiciones en el propio gobierno. 

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Fuente: Hebert Gatto

 
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