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Tensando al máximo el estado de derecho
por Ricardo Lafferriere
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168.000 juicios esperando sentencia en diez juzgados de la Seguridad Social de la Capital, y decenas de miles en los Juzgados Federales del interior. Cientos de miles de juicios en trámite por incumplimiento por parte de la ANSES de sus obligaciones legales para con los jubilados.
Alrededor de medio millón de jubilados reclamantes en la justicia con trámites en marcha. Estos –patéticos- datos han llevado a uno de los fueros de la Justicia Federal, quizás el de más sentido social por el tipo de causas que trata, a una situación de colapso.
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado "contrajo" con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le "presta" además más dinero "nuevo", a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de "reparto" presuntamente basado en la "solidaridad", debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y "progresistas", anunciando una nueva y gigantesca "oleada" de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos "meritorios" –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un "moloc" que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que "las cosas cambien".
Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-.
Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen "K" le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que "el Estado los cuidaría mejor" y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las "candidaturas testimoniales" que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las "facultades extraordinarias"; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
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