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Año V Nro. 290 - Uruguay,  13 de junio del 2008   
 

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Fernando Molina

El drama de las re-estatizaciones en Bolivia
por Fernando Molina

 
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         En economía, Bolivia está desandando el camino que hizo en los años noventa sin darse cuenta de que eso la conducirá al punto de partida, a recorrer un amplio y frustrante círculo. Este drama se consuma silenciosamente sin merecer la atención de los medios internacionales, que en cambio siguen con gran despliegue de recursos cada uno de los incidentes de la batalla política entre el presidente Evo Morales y los movimientos regionales opositores.

         El gobierno boliviano fue elegido para re-estatizar las empresas que habían sido privatizadas la década pasada. La responsabilidad, entonces, es en primer lugar colectiva: de la mayoría de los votantes. Y también corresponde a los gobernantes del pasado que concedieron a los inversionistas extranjeros ventajas tan exageradas desde el inicio, o tan mal morigeradas en la práctica ulterior, que provocaron el escándalo público.

         A partir de ahí comienza la responsabilidad propia del gobierno de Morales, que tenía varias opciones para llevar a cabo su programa estatalista -puesto que por primera vez en treinta años, gracias al boom de las exportaciones, el Estado cuenta con una cantidad significativa de recursos-, y escogió la peor de ellas, la expropiación a precios forzados.

         La primera empresa re-estatizada, la fundición Vinto, mereció un trato todavía peor: fue confiscada, es decir, arrebatada sin pago, como si se tratara de una sanción penal, a la firma suiza Glencore, a la cual se acusa de haberla comprado de manera fraudulenta a Comsur, es decir, a la antigua compañía del derrocado ex presidente Sánchez de Lozada. El método del precio forzado entró en vigor a partir de la re-estatización de las petroleras Andina, de la española Repsol YPF, y Chaco, de la norteamericana Pan American Energy; así como las empresas de transporte Transredes, de la también norteamericana Ashmore, y de almacenaje de hidrocarburos CLHB, de capitales alemanes y peruanos.

         En los dos primero casos (Andina y Chaco), se conminó a los inversionistas a aceptar el precio establecido por un decreto presidencial a cambio de la parte de las acciones necesaria para controlar sus empresas, con lo que se los volvió socios minoritarios, obligándolos a compartir la administración. No obstante, Repsol y Pan American no apelaron a los tribunales. Sólo el alto precio del gas y la necesidad de impedir graves caídas bursátiles pueden explicar este comportamiento. Sin embargo, se sabe de buena fuente que la estrategia de estas firmas es disputar palmo a palmo el poder administrativo del Estado, lo que seguramente perjudicará el desempeño empresarial; por otra parte, se sabe que sus inversiones se reducirán a lo estrictamente necesario para mantenerse en Bolivia. Y por último, no es posible prever si este consenso va a durar. Hace poco, por decisión de las autoridades, que están urgidas de aumentar la producción nacional de gas, la flamante empresa estatal Andina aprobó la reinversión de sus utilidades. Si esto se vuelve sistemático, es obvio que los socios extranjeros perderán el interés de quedarse en el país.

         En el caso de Transredes y CLHB, a las que se suma, en el área de las telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la cual era manejada por la italiana ETI, el gobierno ordenó la compra total, bajo la suposición de que las inversiones que necesitará hacer en el giro de negocios de estas empresas son más moderadas, y también a causa de la postura beligerante de los antiguos propietarios. Con ello, Bolivia ya se ha ganado tres arbitrajes internacionales: Glencore, Ashmore y ETI se acogieron a los acuerdos de protección de inversiones y pedirán indemnizaciones. Se calcula, grosso modo, que el país tendrá que pagar más de 600 millones de dólares por esta operación de retorno al pasado, una vez que los tribunales fallen en su contra, lo que casi puede asegurarse por la forma en que procedió el gobierno.

         Esto sin parar en el costo intangible, es decir, en el daño a la reputación del país, que es incalculable. Aunque los acuerdos firmados en los años noventa con las transnacionales fueran discutibles, de cualquier manera comprometían la fe del Estado, y debían mejorarse o suspenderse negociadamente si no se quería cancelar la inversión extranjera (y también nacional) por mucho tiempo.

         Lo peor de todo es que este sacrificio se hace en pos de una quimera: un Estado capaz de asegurar el desarrollo del país. Este Estado, por supuesto, no existe en Bolivia y no aparecerá por el sólo hecho de que se le cargue de múltiples obligaciones (las cuales, por cierto, no está en condiciones de cumplir). ¿Qué saldrá entonces de toda esta aventura? Tan sólo un refrescamiento de la mitología nacionalista, más banderas imbatibles, más símbolos heroicos, y una nueva casta de burócratas vertiginosamente enriquecidos por "la recuperación de la riqueza nacional". En la mejor de las posibilidades: el estancamiento de las industrias re-estatizadas. En la peor: su decadencia. Y en términos generales: la misma pobreza, la misma injusticia y la misma frustración colectiva que son los estigmas de la historia nacional.

 
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