El remezón militar y los derechos humanos por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         El remezón en la cúpula militar es un contundente mensaje a las Fuerzas Armadas del país: el combate a la delincuencia y a los grupos armados irregulares no se puede hacer sino desde la ley, desde una posición de respeto al ordenamiento constitucional. Hacerlo violando los derechos humanos es una afrenta a la democracia y causa un hondo perjuicio a los esfuerzos que se vienen realizando con la política de seguridad democrática para restablecer la tranquilidad y la paz. El presidente Uribe demuestra una vez más, aunque sus críticos más feroces y la Oposición no se lo reconozcan, que actúa con firmeza y con mucho valor en circunstancias extremas para reafirmar la necesidad de que el estado, las instituciones y la ley salgan avantes de esta coyuntura histórica. La desmovilización del paramilitarismo, la persecución a las mafias, la extradición de jefes de estos grupos, los golpes militares a las guerrillas, la liberación arriesgada de secuestrados, dan la medida de una gran coherencia en la política estratégica adoptada por este gobierno. De tal manera que el remezón que acabamos de presenciar, en sana lógica, no debería sorprendernos.

         La reducción indudable de las acciones violentas acometidas por paramilitares y guerrillas en los últimos años y el mejoramiento efectivo de los indicadores de violencia tienen el efecto de hacer más visibles los errores y las acciones delictivas en que incurren miembros y unidades de la fuerza pública. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales (término equívoco porque ninguna ejecución puede tener amparo jurídico) y los nexos con bandas mafiosas y emergentes, que es de lo que se acusa a unidades militares, se hacen más patéticas en razón de la neutralización de la capacidad de hacer daño que tenían los grupos irregulares anti o paraestatales.  De ahí la amplia resonancia de las denuncias contenidas en informes sobre la situación de los Derechos Humanos en el país por parte de agencias de la ONU y Ongs nacionales e internacionales. Es necesario y urgente dar un tratamiento menos reactivo a las denuncias y promover en cambio un debate profundo, serio, de corte académico que permita mirar en perspectiva la situación de los derechos humanos desde un ángulo comparativo para saber si estamos mejor, igual o peor que en otros momentos del inmediato pasado y calibrar en su justa dimensión el tamaño de los hechos que se están denunciando en la actualidad.

         Es casi una obligación para los analistas de los derechos humanos apelar a la comparación y a la contrastación amén de otras exigencias metodológicas, para darle credibilidad a las cosas que se afirman. Al menos se debería comparar la situación de los últimos años, digamos que todo el periodo de la Seguridad democrática (2002-2008) con los periodos 1988-1994 y 1994-2002. De esta manera la opinión pública nacional e internacional tendría elementos para establecer el grado de superación, estancamiento o empeoramiento de la situación de los derechos humanos y de las responsabilidades del estado y de su fuerza pública al respecto. Y como por lo observado es muy difícil que alguna de las organizaciones denunciantes tome la iniciativa de adelantar este ejercicio, debería ser el gobierno nacional, desde la Vicepresidencia y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos quien convoque y organice un evento de cobertura internacional para que todos los que tengan posiciones estructuradas y estudios sobre la materia, desde las Ongs y la academia hasta sectores políticos y centros de estudio, se reúnan a debatir la situación colombiana.

         A todos los que estamos interesados en el estudio y agitación del tema de los derechos humanos nos convendría contrastar puntos de vista y propuestas pues la tendencia a lanzar afirmaciones sueltas sin mayor demostración, sin rigor metodológico, sin prestar atención al seguimiento de las estadísticas, sólo enturbia el ambiente y propaga la maledicencia y la suspicacia.

         El llamado a calificar servicios a varios generales y otros oficiales y suboficiales, en mi parecer, muestra, además de las paradojas de la condición militar, la madurez de la institución y corrobora que en medio de los sinsabores y la tragedia de tener en las filas elementos que han violado sus códigos de honor, hay en la institución militar, una tradición civilista respetuosa del ordenamiento legal capaz de tomar medidas de saneamiento y extirpación radical de los órganos corrompidos.

         Es una lástima que ante una situación de esta gravedad, la Oposición liberal y polista reaccione más con un espíritu politiquero y se dedique a continuar conjugando el único verbo que sabe utilizar: renunciar. Si por todas las fallas del servicio tuviesen que renunciar los funcionarios de más alta responsabilidad, hace rato no tendríamos ni ministros ni presidente ni gobierno, ni ejército, que es lo parecen buscar histéricamente, a cualquier precio, los líderes de la Oposición.

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