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¿Sed quis custodiet ipsos custodes?
por Michael S. Castleton-Bridger
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Este gobierno del frente amplio persiste en su afán anticonstitucionalista. Esto no es más que el reflejo de las ideologías sólo nominalmente democráticas que contiene la coalición de gobierno.
En otros artículos he manifestado mi preocupación por la lenta pero constante erosión a los derechos individuales que vivimos los uruguayos, desde que sufrimos la coalición de izquierda que hoy maneja los destinos de nuestra nación.
Primero fue el tema del tabaco, luego los poderes casi policiales dados a la Impositiva, luego varias leyes que interfieren en la vida cotidiana de todos los uruguayos como la absurda y poco operativa reforma de la salud.
Ahora todos los uruguayos nos debemos enfrentar al más absoluto avasallamiento a uno de nuestros derechos más esenciales, más básicos consagrados con meridiana claridad en el artículo 11 de nuestra constitución.
La nueva ley de procedimiento policial autoriza la entrada de la policía en nuestros domicilios sin orden judicial y a cualquier hora del día o la noche. La nueva ley no sólo autoriza este atropello absolutamente inconstitucional sino que permite la incomunicación de testigos y víctimas de hechos delictivos. De alguna manera se institucionaliza lo que hoy ya existe en cuanto a qué las victimas de hechos delictivos ya no quieren denunciar esos hechos porque son tratados como criminales y por supuesto los verdaderos criminales, tan campantes.
La ley de marras es francamente una mala ley. La solución para la crisis delictiva que vive nuestra sociedad no es darle poderes indiscriminados a una policía ineficaz y desgraciadamente en muchos casos corrupta. Esto es abrir las puertas a un ‘tsunami’ de atropellos y arbitrariedades de malos policías hacia la gente, hacia la ciudadanía en su conjunto a la cual se supone defiende y sirve.
Los problemas de seguridad se solucionan de una sola manera. Se deben poner más policías, mejor pagos y mejor entrenados en la calle. En vez de pagarle un mal disfrazado chantaje al malandraje como lo es el Panes se deberían destinar fondos en igual cuantía al instituto policial.
En todas las grandes ciudades donde se ha logrado ponerle coto a la criminalidad la formula ha sido esta, más y mejor policías en la calle. No hay otra, el tema no pasa por darle poderes a quienes no están ni profesionalmente, ni culturalmente, ni moralmente , en su gran mayoría, capacitados para manejar esos poderes en forma ecuánime.
La policía está para apoyar a los ciudadanos decentes y para defendernos de la delincuencia. La policía no está para convivir con la delincuencia endémica como lo hace hoy en día ni para correr con el poncho a los que tratan de vivir vidas normales de trabajo y honestidad.
Todos los uruguayos honestos y responsables debemos oponernos con toda energía a este engendro que propone legislar un parlamento que sin lugar a dudas no ha sopesado en forma adecuada la complejidad de la ley que tiene a estudio. Nuestras libertades más básicas peligran , es tan sencillo como eso. Si no hacemos nada y citando a Juvenal, ‘¿quién custodiará a los custodios?’
Una ley como esta no soluciona nada e indefectiblemente cambiará para peor las condiciones de vida para todos los uruguayos y en mayor medida y paradojalmente la de la gran mayoría de ciudadanos honestos de este país.
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