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Se insiste en más autoritarismo
por Gustavo Penadés
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Nos parece oportuno comentar dos noticias que se conocieron últimamente.
Una, tiene que ver con la presentación del demorado proyecto de ley de Educación. La otra, con la revocación de la habilitación a la Universidad de Montevideo para expedir el título de profesor de enseñanza media.
En el primero de los casos, superadas las diferencias dentro del Frente Amplio, habría disposición para la aprobación del proyecto.
El mismo consagra el triunfo de dos visiones de la realidad y de la acción política que son, además de equivocadas, peligrosas.
Por un lado, la reforma de la educación estaría supuestamente recogiendo los insumos producidos por el Congreso Nacional de Educación y por las asambleas y reuniones que lo precedieron. Pero: ¿qué es lo realmente medular del proyecto? Plasmar la voluntad de los sindicatos de funcionarios de la educación de ocupar cargos de dirección en la educación; a lo que también se suma una complejísima y burocrática sucesión de órganos "participativos". Subyaciendo a dicha pretensión, hallamos una concepción que considera que la educación no es un asunto del país, sino solamente de algunos; como si los médicos pretendieran que la salud pública fuera cuestión exclusiva del Sindicato Médico.
El nuestro es un sistema institucional en el que la soberanía nacional se expresa a través de poderes representativos. Es a ellos a quienes compete la conducción de la Educación, en tanto son los que designan sus autoridades, aprueban los presupuestos, y tienen la potestad de controlarla.
Si la Educación es un tema que hace a la Nación, que no es prestada en exclusividad por el Estado, nunca podría ser patrimonio de grupo alguno, por más bien intencionado que éste pudiera ser. La autonomía de que gozan los entes de la Enseñanza existe en referencia a la especialidad de los mismos, de igual forma que existe para UTE o Ancap, sin que ello suponga reservar cuotas de poder en exclusividad para quienes a ellos están vinculados.
Así como los gremios levantan la bandera de que la educación es una cuestión que les pertenece, el Frente Amplio sostiene que la reforma también es su asunto. Se pasa por alto, otra vez, el hecho de que la educación es de interés nacional. Y, si es un asunto nacional, por tanto requiere del consenso y apoyo de la sociedad; circunstancia que no puede sustituirse con reuniones, asambleas o congresos, con representaciones adjudicadas al socaire o en base a simpatías. Por el contrario, es imprescindible el acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, quienes son las que, legítimamente, expresan las corrientes de pensamiento que coexisten en la sociedad.
Similar criterio exclusivista de concebir los asuntos públicos, sería el adoptado en el caso de la Universidad de Montevideo; porque conocida es la resistencia gremial a todo intento de desmonopolizar la formación docente. Lo consideran su feudo. Si la excusa es, que se trata algo demasiado importante como para confiarla a otras manos, lo que en realidad existe es el temor de perder cuotas de poder. Y, nuevamente, el Frente Amplio aparece convalidando a unos, e ignorando la opinión de la mitad del país, exhibiendo su peligroso estilo autoritario de ejercer el poder.
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