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Una permanencia ilegal
por Jaime Mario Trobo
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El Presidente de ASSE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, incurre en la incompatibilidad establecida en el art. 9 de la ley 18.161. El Dr. Aguilar mientras preside la “mutualista” del estado al decir de los oficialistas, comparte el patrimonio y trabaja para una mutualista privada del interior. Esta última tiene contratos con ASSE, por lo tanto la ley le impide ocupar el cargo que ocupa. El comportamiento adecuado es cesar la ilegalidad, renunciar o renunciarlo.
La Ministro de Salud Pública, al referirse a esta situación, ha ejercitado argumentos insostenibles, como por ejemplo que el Dr. Aguilar no ha cobrado sus haberes como Presidente de Asse por razones burocráticas y por ello no le alcanza la disposición del art. 9. Burda maniobra para distraer a la opinión pública, que no tiene consistencia alguna. Poco importa si no cobró sus sueldos, en primer lugar porque el funcionario público no puede renunciar a ellos y en segundo lugar porque lo que esta claro es que cumple dos funciones, dos actividades que la ley prohíbe que concurran expresamente.
Ya hemos escrito varias veces sobre la capacidad de la izquierda de arremeter contra la legalidad, el estado de derecho y principios constitucionales, cuando sus propósitos fundacionales encuentran algún obstáculo. Esta es otra ocasión de esa práctica ya sistemática que desconoce la legalidad.
No se trata de la calidad personal de este ciudadano en cuestión, ni de sus dotes intelectuales o profesionales, se trata de las condiciones en las que esta actuando. El artículo 9 de la ley de creación de ASSE dice textualmente:
“Los Miembros del Directorio de ASSE no podrán ser nombrados para cargos, ni aún honorarios, que directa o indirectamente dependan de esta. Esta inhibición durará hasta un año después de haber cesado en sus funciones, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remunerado.
Los Miembros del Directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE”.
La izquierda, que hace gárgaras con la ética, la legalidad, el cumplimiento del deber, la transparencia y otras cuestiones, tiene frente a sí un caso de flagrante ilegalidad y no lo resuelve; es que la denostada cuota política se lo impide.
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