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Año IV - Nº 260
Uruguay,  16 de noviembre del 2007
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Las Fuerzas Armadas como partido político: la nueva “geometría del poder” chavista

por Luis Esteban González Manrique
 
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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, da por hecho el éxito de su propuesta de reforma constitucional, elaborada bajo la ley “habilitante” que otorgó al Ejecutivo poderes plenos para legislar en áreas clave. La nueva constitución, que establece la reelección presidencial ilimitada, entrará en vigor en 2008 tras ser sometida a referéndum el próximo diciembre. Una de las principales reformas redefinirá el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN). La constitución vigente, de 1999, establece que las FAN son una institución profesional políticamente no alineada. Ahora adoptarán un carácter claramente político: según el nuevo artículo, las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) “constituyen un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista”.

            La Asamblea Nacional, totalmente monocolor, aprobó por unanimidad el proyecto que enmienda 33 de los 350 artículos de la constitución actual. Para reforzar su poder y autoridad, la lógica de Chávez pasa por la limitación de las prerrogativas parlamentarias y la subordinación de los partidos civiles que sostienen la llamada revolución bolivariana. Pero como han mostrado anteriores regímenes plebiscitarios, un Parlamento que consiente en legalizar una usurpación de sus poderes, no hace más que decretar su propia muerte política. La politización del Ejército, cuyos oficiales están ahora obligados a saludarse repitiendo consignas políticas copiadas del castrismo, anticipa la consolidación de un Estado de seguridad nacional en el que las Fuerzas Armadas ejercerán el papel del verdadero partido oficialista. La nueva “geometría del poder” permitirá al gobierno declarar “regiones militares especiales” con propósitos de “defensa estratégica”. En su programa dominical de radio y televisión “Aló, presidente” Chávez ha subrayado que “el poder militar es parte del poder popular" y su fortalecimiento “la única manera de que el imperio no concrete sus amenazas contra la revolución”. La incógnita es si todos los militares estarán dispuestos a asumir el papel asignado. La historia latinoamericana demuestra que la politización del ejército desencadena inevitablemente conjuras palaciegas y sediciones militares. El pasado julio, en su discurso de despedida del cargo de ministro de Defensa, que ocupaba desde junio de 2006, el general Raúl Isaías Baduel, no concluyó con el grito de “Patria, socialismo o muerte”, sino con “Dios, todopoderoso y eterno”.

            Según Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, la reforma constitucional es un “proyecto pretotalitario” que busca controlar la sociedad y blindar el poder personal de Chávez con una estrategia que va buscando un escalón de conflicto administrable políticamente, hasta llegar al más importante de todos: “La transformación de las FAN en un partido político”. Ese proyecto echó a andar desde los primeros momentos. Según un artículo publicado en Tal Cual el 19 de julio de 2001, Chávez dio instrucciones a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de identificar y clasificar a los oficiales de las FAN en “revolucionarios”, “institucionalistas” y “disidentes” con el fin de poder decidir quién podía ascender y quién debía ser sometido a procesos de “ideologización”.

            En septiembre de 2005, Chávez firmó una ley de defensa que convierte la preservación de la República Bolivariana en misión militar y crea una Reserva Militar y una Guardia Territorial que responderán directamente al presidente y eventualmente entrenarán y suministrarán armas a cerca 2,8 millones de venezolanos para operaciones de resistencia ante cualquier agresión interna y/o externa.

            En 1995, en una entrevista con el historiador Agustín Blanco Muñoz, Chávez dijo que el ejército, que “se nutre de las barriadas, de los campos, del pueblo en general”, debía sobreponerse a la “alta oficialidad egoísta y corrompida” para forjar una comunidad de intereses clasistas entre el mundo civil y el militar. En 2003 arengó a los militares que desfilaban en Fuerte Guaicaipuro: “Ustedes tendrán que escoger hacia dónde apuntar su fusiles, si al pecho de la oligarquía traidora o al del pueblo de Venezuela”.

            Militares, en su mayoría activos, ocupan hoy cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. El teniente coronel Herrera Jiménez, oficial en retiro de la Guardia Nacional, es director nacional de la Federación de Frentes Cívico-Militares Bolivarianos, encargada de “impulsar los conceptos de nación en armas y la unidad cívico-militar en Venezuela y la integración política y militar de América Latina para acelerar el desarrollo económico y social”.

            En una entrevista concedida en 2002 a la socióloga chilena Martha Harnecker, Chávez le señaló que sin la participación de los militares en el área social, sus planes políticos no habrían avanzado. “La orden que les di en 1999 fue: Hace 10 años salimos a masacrar al pueblo [en los disturbios del caracazo de 1989, reprimidos por el ejército]. Ahora el enemigo es la muerte, el hambre… Así se cumplió nuestro objetivo: la alianza cívico-militar. El pueblo es al ejército como el agua al pez. Eso es Mao”. Desde 2000, en el marco del llamado Plan Bolívar, un programa social desarrollado por el ejército, los jefes de las guarniciones más importantes del país coordinan una serie de acciones de servicio comunitario. Pueblos y caseríos tradicionalmente desasistidos vieron llegar a soldados para prestarles servicios médicos y de abastecimiento, ayudas que hasta entonces llegaba solo en tiempos electorales.

            En Caracas, en el Fuerte Tiuna funcionan oficinas públicas que atienden las demandas de ciudadanos para ser beneficiarios de las llamadas “misiones”, los proyectos de promoción social que permiten al gobierno mantener el apoyo popular a través del aumento del gasto público en sanidad, educación y el establecimiento de una red de mercados populares que funcionan con estructuras paralelas a las estatales dentro de un sistema de filiación partidista.

            Dado que en todo el país han proliferado los espacios públicos donde los militares son trabajadores sociales, éstos se han convertido en actores políticos de facto. La influencia castrense es tangible desde la educación, donde se ha reestablecido la educación premilitar en las escuelas públicas y privadas, a las misiones Mercal de agroalimentación, donde dirigen la distribución de alimentos en mercados populares, y las infraestructuras, donde dirigen los organismos encargados de construir carreteras y viviendas populares. Chávez ha obsequiado a los militares todo tipo de prebendas para asegurarse su lealtad: ascensos vertiginosos a generales en jefe (no existían desde 1941), condecoraciones, remuneraciones, protección social, vivienda y otros privilegios. El excedente de altos oficiales, producto de más ascensos que pases al retiro, se ha dirigido a cargos de la burocracia civil y del servicio exterior. 

            Las compras de armamento y aumentos de sueldo del orden del 30% anual a todos los grados, son parte esencial del plan: según versiones de la prensa venezolana, la “cooperación técnico-militar” con Rusia en los últimos dos años ha involucrado unos 3.000 millones de dólares en compras de medio millar de helicópteros, 24 aviones cazas Sukhoi-30 y 100.000 fusiles AK-103.

            El proyecto tiene también una dimensión exterior. En las entrevistas del libro Habla el comandante (1995), Chávez habla de la eventual creación de una Confederación de Estados Latinoamericanos en el que las Fuerzas Armadas regionales se harán cargo del desarrollo económico, social y político, además de sostener las riendas de la defensa y la seguridad del continente.

            Todo ese proceso se ha visto acompañado del desmantelamiento de las instituciones diseñadas para controlar y supervisar las actividades militares y que desde los años sesenta habían restringido la implicación de oficiales y soldados en actividades ajenas a la defensa nacional. Las reformas de Chávez han suprimido las limitaciones legales a las actividades políticas de los militares y la intervención parlamentaria en los ascensos.

El modelo de Velasco Alvarado

            Desde sus años como joven oficial del ejército, Chávez formó con compañeros de armas varios grupos clandestinos bajo varios nombres simultáneos o sucesivos. En 1983 tomó contacto con el ex guerrillero Douglas Bravo, que tras el fracaso de la lucha armada alentada por Fidel Castro en Venezuela en los años sesenta, llegó a la conclusión de que el triunfo de una revolución socialista no podía contemplarse sin el apoyo de las FAN. Según escriben sus biógrafos venezolanos Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano, esas influencias se remontan a su admiración por el general nacionalista peruano Velasco Alvarado (1968-1975). La influencia velasquista ha sido perdurable en su gobierno. En su actual proyecto de reforma constitucional se consignan cinco tipos diferentes de propiedad: pública, social, colectiva, mixta y privada. Y la privada no será intocable. Chávez dijo que las reformas darán el “golpe de muerte” final al capitalismo. Durante el régimen de Velasco hubo hasta seis formas de propiedad diferentes: cogestión, autogestión, reparto de las ganancias en la industria, participación obrera en la dirección de las empresas estatales y cooperativismo agrario. Las empresas de “propiedad social” pertenecían al conjunto de los trabajadores, pero no les correspondían derechos de propiedad individual o de grupo; es decir, no eran propietarios en concreto sino en abstracto. El Estatuto Revolucionario del velasquismo creó un organismo para nombrar y destituir a los jueces.

            De modo similar, en 2004, los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional venezolana aprobaron la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó de 20 a 32 el número de magistrados, lo que Chávez aprovechó para conformar una mayoría de jueces favorable al gobierno. Para que no quedara duda sobre ese nuevo perfil, el magistrado elegido como presidente del Tribunal declaró: “Todo juez que emita juicios en contra de los principios revolucionarios será destituido y anulada su sentencia”.

            En el Perú de Velasco, el ejército se transformó en un pilar autónomo del Estado: gracias a su organización vertical, mando centralizado, experiencia organizativa y nacionalismo, se convirtieron en el motor de la revolución. Los civiles podían ser compañeros de viaje, pero siempre que aceptaran su subordinación. Uno de sus colaboradores definió el modelo con precisión: “El verdadero partido político de Velasco era el ejército”.

El pretorianismo venezolano

            La historia venezolana era un caldo de cultivo muy propicio para ese esquema: el 67% de los gobiernos venezolanos entre 1830 y 1999 estuvo liderado por personas ligadas al mundo militar, caudillista o pretoriano. Dictadores militares como Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez se encargaron de divulgar su versión autorizada del mito bolivariano, que terminó siendo una ficción al servicio de sus autores. Para López Contreras, por ejemplo, el ejército venezolano era heredero del que fundó la patria, por lo que tenía el derecho de seguir dirigiéndola.

            El intento de golpe de 1992 fue una expresión más de un pretorianismo recurrente del siglo XX. Según escribe el sociólogo venezolano Domingo Irwin en El pretorianismo venezolano del siglo XXI, una perspectiva histórica, la cúpula militar actual proviene de la generación de los militares golpistas de 1992. Algunos de ellos fueron obligados a retirarse, pero otros lograron permanecer como oficiales activos. Irwin llama la atención sobre un hecho significativo: hubo oficiales de alto rango que llegaron a conocer los movimientos clandestinos entre sus subordinados; no participaron en ellos, pero tampoco los denunciaron, lo que explicaría la pasividad de los mecanismos de inteligencia militares ante sus actividades.

            Irwin no descarta la infiltración de esos servicios, pero tampoco el hecho de que algunos oficiales superiores procuraran utilizar en beneficio propio las acciones conspirativas del MBR-200, el grupo comandado por Chávez. Si fue así, no se equivocaron: el ala extrema del MBR-200 logró ganar sucesivos procesos electorales desde 1998 ante la crisis de los partidos políticos tradicionales y la apatía del 40% de la población que se abstenía sistemáticamente en las elecciones.

            Desde el gobierno, los ahora ex militares volvieron a tender puentes con los oficiales que habían permanecido en activo. Al juramentar como nuevo presidente, Chávez obtuvo también el cargo de comandante en jefe de las FAN. Irónicamente, la democracia lo devolvió al ejército su protagonismo. La constitución de 1999 concedió a los militares el derecho al voto (título VII) y eliminó el artículo de la constitución de 1961 que señalaba que el ejército estaba subordinado al poder civil.

            La extensión de las funciones reservadas a las FAN en las esferas de política interior y la voluntad del presidente de otorgar responsabilidades a los militares en el ámbito de la administración pública, permitieron a las FAN recuperar el control de facto sobre el Estado.

El golpe frustrado de 2002

El 11 de abril de 2002, cuando los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición dejaron decenas de muertos en las calles de Caracas, parte de la cúpula militar, sin mando de tropas en su mayoría, solicitó la renuncia de Chávez, que fue anunciada por televisión por el inspector en jefe de las FAN, general Lucas Rincón Romero, en la madrugada del 12 de abril.

            El rechazo popular a los anuncios del autodesignado gobierno “provisional” del empresario Pedro Carmona, que emitió un decreto que prácticamente disolvió la estructura democrática del Estado, movió a los principales oficiales con mando de tropa a forzar la caída del efímero e ilegal gobierno y reponer en el gobierno a Chávez. Las bases militares de Maracay, donde se concentran las principales fuerzas blindadas, aéreas y aerotransportadas de Venezuela, nunca aceptaron al gobierno de Carmona, que, en lugar de apoyarse en generales del ejército, nombro como ministro de Defensa y jefe de la guardia presidencial a sendos almirantes, ambos sin ninguna autoridad entre el cuerpo de oficiales.

            Chávez acusó a los oficiales que apoyaron el golpe de vengarse por haber perdido el manejo de contratos de compras militares y haber sido desplazados en los ascensos. Inicialmente, los fiscales militares ordenaron la detención de 58 oficiales, 24 de ellos generales y almirantes. En el ejército, los detenidos provenían mayoritariamente de las áreas de logística e intendencia, una muestra del éxito que había tenido Chávez en la remoción de oficiales desafectos de puestos con comando de tropas. Todos esos cargos han sido ocupados desde entonces por oficiales más jóvenes y fiables, muchos de ellos compañeros de promoción de Chávez en la Academia  Militar.

            La siguiente prueba vendría con la huelga general convocada por la oposición en diciembre de 2002 y que se prolongó hasta febrero de 2003. Según testimonios recogidos por Irwin, el alto mando militar consideró tres opciones ante la huelga: mantenerse neutral, tomar el poder o apoyar incondicionalmente al gobierno ayudándole a recuperar el control de la industria petrolera. La tercera fue la que prevaleció. Durante la huelga, unidades de la policía militar y de la Guardia Nacional fueron repetidamente utilizadas para enfrentarse a los manifestantes y el DIM jugó un papel crucial en la vigilancia de los líderes opositores. Efectivos militares ocuparon los cuarteles de la policía metropolitana de Caracas, las instalaciones petroleras y ayudaron a romper la huelga de los trabajadores de la petrolera estatal PDVSA.

            Cuando los buques tanque de la marina mercante rehusaron seguir operando, fueron abordados por comandos de la Marina y el gobierno ordenó el uso de barcos de la Armada para transportar suministros de países vecinos. Así como el golpe de abril permitió a Chávez purgar a los mandos militares, el fracaso de la huelga general le dio el pleno control de PDVSA, centro neurálgico del poder económico del país. Tras la huelga, Chávez volvió a nombrar a militares como ministros de Defensa.

            En enero de 2005, el general Melvin López Hidalgo, secretario del Consejo de Defensa Nacional, que asesora directamente al presidente, declaró a la periodista Daniela Esponja que las FAN estaban preparándose para los “conflictos de la posmodernidad o guerras de cuarta generación y conflictos asimétricos”. En septiembre de ese mismo año, se publicó en periódicos de circulación nacional e Internet un manifiesto titulado Pensamiento Militar Venezolano 2005 en el que un grupo de generales del ejército y la Guardia Nacional afirmaban que los militares venezolanos estaban desarrollando una “revolución antagónica con la estrategia mundial del imperio anglosajón americano”, por lo que era necesario implementar una estrategia defensiva que incluyera la participación de los reservistas y las guardias territoriales, que hoy suman alrededor de 300.000 miembros, tres veces más que los oficiales y tropas de las FAN. La segunda idea fundamental reforzaba la primera: la necesidad de un fuerte liderazgo político cívico-militar.

            Según el diario El Nacional, el 60% de los reservistas estaban desempleados en 2005. El general Julio Quintero Vitoria, antiguo responsable del Comando Unificado de las FAN, fue nombrado comandante general de la reserva militar y de la movilización nacional, órganos que depende directamente del presidente y que deben poder movilizar unos dos millones de hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años (ley orgánica de las FAN), es decir, 20 veces los efectivos de las FAN.

Conclusiones:

            Frederique Langue, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, sostiene en El retorno del pretorianismo venezolano que los planes de Chávez buscan formar un “ejército revolucionario bolivariano”, lo que conduciría a la desaparición del ejército bajo su forma actual, siguiendo con ello el modelo cubano, bajo la consigna “defensa nacional popular integral”.

            En América Latina, solo México, Cuba y Nicaragua, como producto de revoluciones que fueron en realidad guerras civiles, abolieron el cuerpo castrense del antiguo régimen para reemplazarlo por un nuevo ejército surgido de las milicias revolucionarias y cuya única lealtad era hacia la nueva clase gobernante. Pero esos tres países –y sus revoluciones– eran casos excepcionales en la historia de la región: en ellos las intervenciones e injerencias políticas de EEUU significaron una humillación nacional que deslegitimó a las antiguas instituciones castrenses.

            Es difícil que Chávez pueda conseguir lo mismo en Venezuela. El caso peruano en los años setenta puede dar una pauta sobre lo que puede sucederle al chavismo si no aprende las lecciones del velasquismo. Cuando el modelo económico del régimen entró en crisis, el predominio político del estamento militar en la sociedad civil comenzó a pasar una costosa factura política.

            El surgimiento de una oposición civil cada vez más organizada, aceleró la emergencia de disidencias larvadas en el seno de las Fuerzas Armadas. Los altos mandos militares consideraron mayoritariamente que la excesiva politización de sus oficiales estaba poniendo en peligro su unidad corporativa. El rápido e incruento modo mediante el cual fue depuesto Velasco por su primer ministro, el general Morales Bermúdez, el 29 de agosto de 1975, demostró la fragilidad de las entusiastas adhesiones “hasta la muerte” que al general le gustaba escuchar en los mítines populistas. Tras el golpe, que argumentó la necesidad de eliminar “personalismos y desviaciones”, Velasco salió por la puerta trasera del palacio de gobierno, frente a la estación de Desamparados, apenas acompañado.

            Algo similar puedes estar pasando en las FAN. Un ejemplo de esas tensiones se pudo apreciar en el caso de la sustitución del comandante en jefe de la Armada en noviembre de 2006, cuando el vicealmirante Armando Laguna se negó a reconocer inicialmente su destitución en el cargo y su reemplazo por el vicealmirante Remigio Calvo Díaz. El cardenal Rosalío Castillo Lara, ex presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, ha criticado cáusticamente a los militares de su país: “Unos vendidos y otros acobardados, han perdido el espíritu apolítico y defensor de la nación. Chávez quiere destruir a las FAN y ya casi la ha destruido con la corrupción”.

            Según William Izarra, “director ideológico” del Comando Maisanta (organizador de la movilización política chavista), la fase de transición aun no ha terminado: la etapa de “definición revolucionaria” comenzará a partir de diciembre, con el apoyo popular al proyecto de reelección indefinida. Ese será el momento en el que se pondrá a prueba nuevamente la unidad militar en torno a Chávez.

Fuente: Real Instituto El Cano
 
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