El valor de los fallos no es relativo por Dr. Alberto Volonté Berro

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         El Uruguay está organizado como una sociedad republicana democrática y, por lo tanto, el estado de derecho y el principio de separación de poderes son fundamentos básicos e imprescindibles para garantizar la libertad de sus habitantes. Al Presidente de la República le compete conducir al país en sus relaciones internacionales, definir su política económica, su comercio exterior y numerosas áreas que van, por ejemplo, desde la salud a la educación. Pero hay una primera función, una obligación insoslayable para un Presidente de la República: garantizar, preservar y custodiar la libertad de los ciudadanos que lo eligieron para gobernar. Ello implica velar por el cumplimiento de las leyes de la República.

         Legislar es tarea de los parlamentarios. Pero cumplir y hacer cumplir esas normas legales es tarea principal del presidente Tabaré Vázquez, como lo fue de sus antecesores y lo será de los futuros mandatarios que la ciudadanía elija.

         También es función esencial del presidente y es objetivo a lograr, que las sentencias del Poder Judicial sean cumplidas. Corresponde al Poder Judicial, resolver, con plena independencia, los conflictos que se generan en el seno de la sociedad. Y una vez que la Justicia dicta una sentencia que lauda un conflicto con la fuerza de cosa juzgada, pasa a ser obligación del Poder Ejecutivo, no sólo respetar el fallo, sino hacerlo cumplir.

         ¿Por qué esta introducción que los lectores pueden considerar obvia y hasta innecesaria? Por la sencilla razón de que hay momentos en que el Presidente de la República parece olvidar o relegar a un segundo plano esos elementales principios republicanos.

         Hace pocos días el presidente Vázquez concurrió a la sede de la Federación de Obreros y Empleados de la bebida. Es una buena práctica para cualquier presidente visitar los sindicatos y dialogar con quienes tienen la tarea de organizar a las fuerzas del trabajo. También nos parece muy bien que cualquier presidente visite a las cámaras empresariales y se comprometa con su presencia en todos aspectos de la vida de la sociedad.

         Lo que nos dejó perplejos y -por qué no decir- desencantados, fue que durante la exposición que hizo en la sede sindical, al referirse al controvertido impuesto a la renta de las personas físicas y específicamente al vinculado a los pasivos, el Dr. Vázquez valoró los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Al valorarlos dejó la impresión de no estar muy convencido de que esos fallos deben ser respetados por él. Y menos convencido aún, de que es su obligación hacerlos respetar.

         Tengo la percepción de que el Dr. Vázquez padece de algunas confusiones y en varios aspectos está mal asesorado. Como sigo pensando que en él hay un demócrata y un republicano, quiero creer que no ha renegado de esos principios, ni renunciado a su tarea de garantizar las libertades y consecuentemente hacer respetar los fallos judiciales, sino que, simplemente, no ha tenido el asesoramiento adecuado en la materia.

         Las instituciones son la columna vertebral del estado de derecho y constituyen instrumentos esenciales para el desarrollo y funcionamiento de las naciones que adoptan el sistema republicano de gobierno. Hay instituciones unipersonales como lo es actualmente la Presidencia de la República (hemos conocido en el país regímenes colegiados). El Poder legislativo, en cambio, adopta sus decisiones en forma colectiva.

         El poder Judicial, en algunos casos, actúa mediante la decisión unipersonal del juez competente y en otros casos, como los tribunales de apelaciones integrados por tres jueces, en forma colegiada. En el ámbito superior de la pirámide de Poder Judicial, llegamos a la Suprema Corte de Justicia integrada por cinco magistrados, cuyas decisiones, como en todo organismo colegiado, están sujetas al sistema de mayorías.

         Cuando un fallo, tanto de un tribunal de apelaciones como de la Suprema Corte, se adopta por mayoría, el dictamen tiene la misma fuerza jurídica y los mismos efectos prácticos que si hubiera sido por unanimidad. Tres a dos, cuatro a uno o cinco a cero, es exactamente lo mismo. El valor legal del fallo radica en haber sido emitido en forma institucional y no aumenta o disminuye según cuántos de los integrantes de la institución hayan votado a favor o en contra. De la misma manera que las leyes no son más o menos válidas cuando son sancionadas por mayoría o por unanimidad. Su legitimidad y sus efectos no son relativos a la correlación de fuerzas que se haya dado al interior de la institución.

         Estos principios son tan elementales que sorprende que el Ministro Astori o el Presidente Vázquez relativicen el valor de los fallos adoptados por la Suprema Corte de Justicia, los consideren opinables en función de que fueron adoptados por mayoría y, por lo tanto, crean necesario esperar que se produzcan una serie de fallos (no se sabe por cuánto tiempo) para comprobar si ese tres a dos se mantiene o algún día se modifica.

         El cumplimiento del fallo por parte del gobierno debe ser transparente, absoluto y contundente. Si un presidente duda al momento de respetar un fallo judicial y hacerlo cumplir, está atentando contra las bases esenciales que garantizan la libertad del ciudadano, porque está poniendo en duda normas muy claras de la constitución. No pone el énfasis adecuado en la función y el objetivo fundamental de la institución presidencial. Es una situación que debilita el sistema republicano democrático y pone en tela de juicio el propio estado de derecho.

         En síntesis: Un presidente podrá manejar bien o mal la economía del país; podrá acertar o equivocarse en las decisiones que adopte en materia de relaciones internacionales. Son asuntos muy importantes, pero no llegan a constituir el primero y vital objetivo de un primer mandatario que es garantizar la libertad de todos los ciudadanos, en el marco de un estado de derecho, con pleno respeto por las instituciones republicanas.

         Creemos que el Dr. Vázquez está a tiempo de demostrar que va a cumplir con esa función primordial para la cual fue elegido y con su ejemplo va a liderar el acatamiento de toda la sociedad a la Constitución y a las instituciones.