UN
PLEBISCITO EN PLENA CAMPAÑA
Los dueños
del agua
La "estatización" prevista en la reforma
constitucional que se votará en octubre puso los pelos de punta a parte
del empresariado extranjero y criollo. Y promete un debate que sacudirá
la modorra de esta campaña electoral: cómo gestionar un recurso
finito tan codiciado como el petróleo.
Pablo Alfano
En varios países
la escasez de agua potable es grave. En Europa, por ejemplo, de 55 ríos
sólo cinco no están contaminados. En Uruguay, la riqueza hídrica
es envidiable y el agua apta para consumo humano es despilfarrada para lavar el
auto, la vereda o regar el jardín.
De
todos modos, los particulares usan bastante menos que las empresas: sólo
un 15 por ciento del consumo de agua tiene un fin doméstico. El resto es
utilizado por el sector agropecuario (78 por ciento) y la industria (7 por ciento),
según un estudio presentado por la ONG Redes Amigos de la Tierra y el programa
Uruguay Sustentable.
Frente
a este panorama un escozor se apoderó de parte del empresariado al conocer
la reforma constitucional sobre el agua -impulsada por la Comisión Nacional
en Defensa del Agua y la Vida*-, que se votará en octubre junto con las
elecciones. En grandes trazos la reforma plantea que toda el agua del territorio
nacional "forma parte del dominio público estatal" y que los
servicios de saneamiento y de agua potable "serán prestados exclusiva
y directamente por personas jurídicas estatales". También propone
que todas las autorizaciones, concesiones o permisos que vulneren varios principios
-como que los servicios deberán prestarse "anteponiéndose las
razones de orden social a las de orden económico"- serán anulados.
Y estas cancelaciones "no generarán indemnización por lucro
cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas".
Esto
echa por tierra concesiones como la de Uragua y Aguas de la Costa en Maldonado
(ambas controladas por capitales españoles) y otras 20 empresas que prestan
estos servicios en pequeñas localidades del Interior.
El
texto a plebiscitar también plantea que sólo el Parlamento "por
los tres quintos del total de componentes de cada cámara podrá autorizar
el suministro de agua a otro país", siempre que esté "desabastecido"
y sea "por motivos de solidaridad".**
Los
empresarios sostienen que esta "estatización" afectará
al sector productivo que utiliza ríos, arroyos, cañadas, manantiales
o vetas subterráneas: las embotelladoras de agua y refrescos, curtiembres,
arroceros, establecimientos turísticos termales y un sinfín de empresas
que no utilizan el agua que suministra OSE. Es decir, que no pagan todos los meses
por los grandes volúmenes hídricos que utilizan.
El
primer grito en el cielo lo puso el especialista en derecho administrativo Carlos
Delpiazzo -ex ministro de Salud Pública en el gobierno de Luis Alberto
Lacalle y asesor de varias empresas-, sobre los efectos negativos, a su juicio,
de esta reforma, en especial por el impedimento para formar sociedades de economía
mixta en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.
Si
los recursos subterráneos -o manantiales- pasan a manos del Estado, y tanto
el agua potable como el saneamiento no podrán ser gestionados por privados,
las empresas se verán afectadas, sostuvieron también los constitucionalistas
Ruben Correa Freitas, del Partido Colorado, y Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional.
En cambio, para otro constitucionalista de renombre, Horacio Cassinelli Muñoz,
la reforma no traerá ningún inconveniente.
El
presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País, Ricardo
Seizer, cree que el nuevo escenario jurídico será negativo "para
las industrias que se abastecen de sus propios pozos de agua" (El Observador,
martes 8). Un informe elaborado por el asesor jurídico de esta cámara
empresarial, Enrique Lussich, advierte que la enmienda constitucional "es
gravemente perjudicial para el país" porque "ahuyentará
las inversiones".***
Este
informe señala que no poder suministrar agua a otros países (salvo
que el Parlamento así lo apruebe) lesiona el desarrollo económico
"en una actitud que resulta incomprensible y absurda".
Pero
lo que más preocupa a los empresarios es que al "estatizar" el
agua se afectará el "derecho inviolable" a la propiedad consagrado
constitucionalmente. Y esto, para la Cámara Mercantil, afectará
a "importantes empresas que comercializan y exportan agua extraída
de manantiales ubicados en diferentes zonas del país, en especial el departamento
de Lavalleja, cuyos derechos esta reforma dejaría en total incertidumbre
y hasta habilitaría una expropiación, al mejor estilo de otros regímenes
estatales totalitarios".
UN
ADITIVO EN CAMPAÑA. El debate sobre el futuro de los recursos hídricos
ya se está dando en casi todas las naciones desarrolladas, donde no se
duda en tratarla como el "petróleo del siglo XXI". La discusión
en Uruguay aterrizó en medio de un debate electoral caracterizado por su
vuelo rasante. Por eso promete sacudir la modorra y obligará a los candidatos
a tener que asumir una postura sin ambigüedades sobre el tema.
El
vicepresidente de la República, Luis Hierro, se puso en sintonía
con el empresariado y aseguró que esta reforma solidifica "una hostilidad
contra la inversión extranjera y una violación de los contratos"
que tienen Uragua y Aguas de la Costa. "Es la ruptura más dura que
hay en materia de certidumbre jurídica en este país", afirmó.
El
precandidato colorado Guillermo Stirling tiene una postura similar: "Es uno
de los peores mensajes que el país puede emitir para los inversores"
(Búsqueda de ayer, jueves). En la misma línea se pronunció
el precandidato blanco Luis Alberto Lacalle, aunque anunció que no hará
campaña ni a favor ni en contra: "Hay que proteger el recurso y administrarlo
con cuidado, pero lamentablemente el proyecto le quita al gobierno instrumentos
para la utilización del agua de una manera absolutamente totalitaria".
Del
otro lado del mostrador el candidato de la izquierda, Tabaré Vázquez,
se comprometió con los dirigentes del PIT-CNT a tomar el plebiscito por
el agua como uno de los ejes de su campaña. El otro precandidato con chances,
el senador blanco Jorge Larrañaga, también firmó para impulsar
esta consulta popular y, a título personal, prometió su respaldo.
Pero el miércoles 9 comenzó a desandar el camino cuando en un desayuno
de trabajo organizado por ADM sostuvo: "Hay que compaginar el texto de la
reforma para evitar interpretaciones que afecten la inversión extranjera
en el país", y propuso "aportar una ley interpretativa que se
plebiscite en forma conjunta con la reforma".
EL
AGUA NO ES MERCANCÍA. La vicepresidenta del sindicato de OSE e integrante
de la comisión, Adriana Marquisio, dijo a BRECHA que los temores del empresariado
nacional son "infundados" y adelantó que ya se solicitaron reuniones
con varias cámaras industriales y agropecuarias.
Para
Marquisio el espíritu de esta reforma es frenar "el uso indiscriminado
de un recurso que es de todos y que no debe ser tratado como una mercancía".
Además, servirá para ejercer "un verdadero control" sobre
la exportación de agua que fue permitida por este gobierno gracias a la
ley 17.277 de noviembre de 2000, que modificó la carta orgánica
de OSE. Dicho en forma más clara, se trata de evitar que el agua de los
manantiales uruguayos siga llenando las mesas de países con severos déficit
hídricos y los bolsillos de algunas multinacionales.
Mientras
diversos organismos internacionales y foros mundiales alertan sobre el preciado
valor del agua potable en este siglo, "el gobierno da luz verde para que
se venda a otros países sin ningún tipo de control, lo que puede
afectar severamente nuestros manantiales y vetas subterráneas, aun cuando
estén en campos privados", explicó Marquisio.
Pero
el dato más revelador lo aportó a BRECHA el abogado Guillermo García
Duchini, uno de los redactores del proyecto de reforma: en Uruguay, durante el
gobierno de Jorge Pacheco, el agua estuvo bajo control estatal y ningún
empresario se quejó. En efecto, el artículo 260 de la ley 13.737
de enero de 1969 establece claramente que "las aguas que satisfagan, o sean
susceptibles de satisfacer las necesidades de carácter colectivo, son del
dominio público". Algo muy similar a lo que propone esta reforma.
Esta
ley estuvo vigente diez años, hasta el 1 de marzo de 1979 cuando, en plena
dictadura, los militares elaboraron el Código de Aguas que continúa
vigente, con algunas modificaciones realizadas en 1992.
Este
código, de todas formas, es bastante impreciso sobre los "dueños"
del agua. El artículo 15 establece que "integran el dominio público
o el fiscal, en su caso, todas las aguas y álveos que no estuvieran incorporados
al patrimonio de los particulares a la fecha de vigencia de este código".
Y el artículo 43 señala que "quien extrajere aguas subterráneas
de un predio de propiedad particular con permiso de su propietario y con autorización
(...) se hará dueño de las aguas extraídas, salvo que otra
cosa se hubiese pactado con el propietario del predio". Pero no queda claro
de quién es el agua que no se extrae y sigue fluyendo, en silencio, debajo
del predio privado.
*
Esta comisión fue creada en 2002 y contó con el apoyo inicial del
EP-FA, el sector de Jorge Larrañaga y decenas de sindicatos y organizaciones
sociales y ambientalistas.
**
El texto completo de la reforma puede verse en www.redes.org.uy/agua.html
***
El informe completo está disponible en www.camaramercantil.com.uy
Material
extraído de Brecha
