A pesar de creer que era un tema saldado en reiteración real, reaparece la ley de Caducidad.
Notoriamente hay un sector del sistema político que el único tema que tiene para justificar su existencia es éste. Excluimos de aquí a los familiares de personas desaparecidas y víctimas de esos tiempos nefastos porque su reclamo permanente sí se justifica en términos humanos. Lo injustificable es que haya políticos que sólo sepan subsistir si usan esos reclamos.
El Frente Amplio se embarca en presentar un proyecto de ley para declarar "inexistente" o nula la ley mencionada. Es muy llamativo el razonamiento jurídico que quiere declarar que no existe una ley que causó efectos por más de veinte años, que fue plebiscitada dos veces y por la cual hay varios militares y policías presos. Pero en el país de los cerros chatos todo parece posible. ¿Si no existe, por qué se la declara inexistente por ley?
Pero en todo caso estos sectores políticos quieren que se discuta nuevamente la ley de Caducidad. Nos negamos a entrar en ese razonamiento falso.
Lo que ahora está en juego no es la opinión sobre lo bueno o malo de esta norma, eso ya lo dirimimos en dos oportunidades. Lo que está en juego es si se va a respetar o no el pronunciamiento que los uruguayos dieron sobre la ley de Caducidad cuando se los convocó en ejercicio de la democracia directa. En abril de 1989 y veinte años después, en octubre de 2009, el cuerpo electoral fue convocado a un plebiscito primero y un referéndum después para dejarla vigente o eliminarla. En las dos oportunidades fue ratificada.
Los ejercicios de democracia directa, cuando se convocan, deben respetarse. No puede un grupo de legisladores cambiar el mismo porque el resultado en esas convocatorias no les satisface.
Si luego de diciembre de 1992, cuando se derogó la ley de empresas públicas, el Parlamento la hubiera reinstalado por otra ley, eso hubiera constituido una burla inadmisible. Pues bien, la misma burla inadmisible es que ahora se quiera anular por ley lo que la ciudadanía ratificó en referéndum.
No es la norma lo que está en juego, sino el respeto al soberano. Es la diferencia entre la democracia y el fraude. Le están comprando un problema al presidente que, creo que convencidamente, habla de unidad nacional. No se puede avivar enconos y simultáneamente buscar la reconciliación.
Si cada uno quiere imponer su versión del pasado, los uruguayos tendremos enormidad de versiones. En las sociedades democráticas, por eso, se dan mecanismos para superar problemas: eligen sus representantes ejerciendo la democracia representativa y, ocasionalmente, convocan a votar (por esta ley fueron dos veces) en ejercicio de la democracia directa.
En octubre pasado los legisladores electos lo fueron simultáneamente con un pronunciamiento que mantenía vigente a la ley de Caducidad. Guste más o guste menos, ¿se puede ignorar esto? Esta propuesta de sectores del FA es una estafa a la democracia que si se llegara a concretar desacreditará al sistema político y a sus autores, no diferenciándolos mucho de aquellos que hace ya más de 30 años dieron el golpe de Estado.
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