Cuando la Brucelosis se Vuelve Cuestión Política por Tomás Laguna

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         Hay muchos temas que hacen a las políticas públicas que corresponden a una órbita que no debería estar contaminada por los apasionamientos partidarios ni ideológicos. Un ejemplo de ellos es la sanidad animal y las estrategias propias del país para proyectar su producción y su imagen como proveedor confiable de alimentos. Nuestra viabilidad como país depende del éxito de estas políticas, ejemplo claro de lo que deben constituir las políticas de Estado.

         No obstante lo anterior, resulta oportuno poner sobre la mesa la incierta coyuntura por la que atraviesa la producción pecuaria (carne y leche) ante una serie de brotes de brucelosis producidos en los últimos tiempos.

         Esta enfermedad es una zoonosis que afecta a animales domésticos y produce aborto contagioso en el ganado bovino, ovino y en cerdos y perros. El germen, además, infecta las glándulas mamarias del animal y se elimina por la leche. Se transmite al hombre, a partir del animal infectado, quien constituye el auténtico reservorio de la enfermedad. Por lo anterior su incidencia es muy grave tanto para la producción (abortos masivos en los rodeos de cría y lecheros) como para la población que está expuesta al contacto directo con el ganado.

         Nuestro país controló durante años la enfermedad con la vacuna de terneros y terneras con la cepa 19, una vacuna constituida por bacilos vivos que exigía aplicación por médico veterinario. La mínima incidencia de la enfermedad en su momento, el argumento de que la manipulación de cepa 19 generaba por si el riesgo de la diseminación del bacilo, más los costos obvios en que se incurrían, llevaron a que las gremiales ganaderas solicitaran suspender la vacunación asumiendo una nueva etapa de erradicación, a partir de la cual los vientres infectados serían enviados directamente a frigorífico. Para apoyar a aquellos productores obligados a vender se creó un fondo lechero y otro ganadero de modo de indemnizar las pérdidas provocadas.

         Desde entonces han transcurrido casi quince años.

         Lejos de estar erradicada nuevos brotes aparecieron, particularmente en Rocha y San José, los que se multiplicaron muy puntualmente en los demás departamentos. A la fecha la situación más delicada la tiene Treinta y Tres, y los departamentos que dieron origen a esta nueva etapa parecen estar bajo control.

         Oficialmente la prevalencia no excede del 1% de establecimientos y entre el 0,1% y el 0,6% de los animales (según el dato surja de los muestreos aleatorios o del sangrado obligatorio previo a cualquier movimiento). Sin embargo, el hecho de que un solo caso genere la interdicción del establecimiento para vender o mover ganado en un período de 6 meses, más la obligación de sangrar todo el ganado (método de detección) para los perifocos y la obligación de sangrar previo a cualquier movimiento para el resto de la seccional, ha generado preocupación y sobresalto en muchos productores, ante los perjuicios económicos que la situación provoca.

         La discusión se ha centrado en la opción de erradicación (política oficial) o el control mediante vacunación (a lo que apelan criadores y tamberos para defender el valor genético acumulado en sus rodeos). Sin pretender fijar posición en esta disyuntiva crucial, si la política correcta es la que impulsan las autoridades sanitarias del MGAP, muy lejos están de encararla con una campaña adecuada.

         No hay una comunicación que explique los objetivos de la campaña, los datos sobre los focos no son claramente expuestos, se subestima o subutiliza las Comisiones Departamentales de Salud Animal, ámbito dónde se expresan las organizaciones de productores. Entre tanto las regionales del MGAP han perdido total credibilidad por varias razones, una de ellas la falta de recursos para operar. Los funcionarios públicos actúan desmotivados por sus salarios paupérrimos, o bien condicionan su trabajo argumentando lo exiguo de su remuneración. Para peor, han constituido como vocero oficial del MGAP a un técnico profesional sin la más mínima cintura o capacidad de diálogo con las gremiales regionales. Entretanto las autoridades políticas del MGAP padecen un autismo total en el tema. La situación es mucho más compleja que el alcance que podemos darle en estas páginas.

         Desde que se ha incubado una cierta conmoción en torno a las complicaciones derivadas de la campaña sanitaria, la situación dejó de ser meramente técnica para constituirse en política. Y como tal exige la atención de las autoridades políticas del MGAP apoyando la estrategia oficial, seguramente la correcta, de modo de lograr el compromiso de los productores y toda la población rural.

         Pero los temas cruciales de la producción, como lo fue la sequía en su momento, parecen exceder la capacidad de entendimiento o bien de compromiso de las actuales autoridades del MGAP. Una vez más superados por los temas reales para los cuales fueron investidos en el cargo.

         Será que brinda mayores beneficios políticos preocuparse por quienes son los propietarios en la frontera o como constituir un kibutz en plena zona ganadera de Florida.

© Tomás Laguna

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