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Año V Nro. 344 - Uruguay, 25 de junio del 2009   
 
Informe Uruguay

 
 
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Visión Marítima

 
Walter Sánchez Sedez

Acuerdo político con el senador
Julio Lara y Alianza Nacional

por Walter Sánchez Sedez

 
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El 16 de junio pasado, a las 15 horas, en la sala 17 del Edificio José Artigas, Anexo al Palacio Legislativo, con la presencia de los senadores Jorge Larrañaga y Julio Lara, se acordó el apoyo de la "Agrupación 13 de Abril" liderada por Aramir Silva y Walter Sánchez Sedez a Alianza Nacional para las internas del 28 junio próximo. En el acto se leyó un memorándum con varias propuestas a instrumentarse, de llegar el senador Larrañaga a ocupar la presidencia de la República.

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Agrupación “13 de Abril”
PROPUESTAS

La Agrupación “13 de Abril”, con base social en el departamento de Canelones y con apoyo de muchos departamentos del interior del país, liderada por Aramir Silva, ha decidido respaldar al senador Julio Lara y al senador Jorge Larrañaga, como presidenciable de la Alianza Nacional en las elecciones internas del 28 de junio de 2009.
Con los ojos puestos en el siglo XXI pero con la retina fresca que proporcionó datos a nuestra intacta memoria, constituyéndola en  experiencia de lo vivido, queremos modestamente contribuir con el Programa de Alianza Nacional para el ejercicio 2010 – 2015, con una serie de propuestas hacia el sector agropecuario y en particular de la Granja.
En el entendido de haber acordado y obteniendo del Dr. Jorge Larrañaga, como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones nacionales de Octubre y Noviembre de 2009 por el Partido Nacional, el respaldo a las mismas y los acuerdos políticos correspondientes, en este acto le brindamos nuestro apoyo público para contribuir a convertirlo en el presidente del trabajo y de la educación de todos los uruguayos.

1) Seguro Integral Nacional de la Granja

La manifestación del cambio climático de mediados de siglo XX en adelante y acentuándose en lo que va de este siglo, obligará a un gobierno responsable y previsor, a tomar medidas que tengan como eje el estudio y puesta en práctica de políticas en la materia.
El riesgo climático, no ya el cambio climático del que mucho se habla y poco se ha hecho para mitigar sus efectos, debe de estar en la agenda de las medidas que en las políticas para el agro se instrumenten a partir del 1º de marzo de 2010, porque ese “riesgo”, por lo menos por las próximas décadas, ha llegado para quedarse.
Suponiendo que el mundo desarrollado cambiara su actitud hasta ahora, dejando de emitir gases a la atmosfera que generan el efecto invernadero, los expertos en la materia han demostrado que en los próximos 50 o 60 años igualmente se sufrirá la variación del clima por el calentamiento global.
Por lo tanto, sin políticas públicas serias en la materia, nuestros productores y la familia rural de la que tanto se habló pero no tanto se hizo, tendrá el triste destino de seguir engrosando los cinturones de las ciudades o de acudir al pasaporte para buscar su futuro en otro destino.
El riesgo climático, que ya se instaló, sólo se mitigará si el Estado instrumenta a través de políticas públicas, cómo repartir los riesgos ante los eventos o catástrofes climatológicas (sequía, exceso de agua, heladas, granizo o temporales), para ello, un Seguro Integral Nacional de la Granja, que permita participar a todos los actores involucrados, será el paraguas del productor y a su vez, la certeza del respaldo que le permitirá contraer riesgos invirtiendo en la producción. La creación de una Unidad de Coordinación en la orbita del MGAP, el MIEM y el MEF debería ser el instrumento de monitoreo permanente que de respuesta inmediata ante los eventos que se produzcan.
Nuestro país tiene todas las características naturales para convertirse en un referente mundial en materia de productividad, investigación y desarrollo de tecnologías asociadas al agro. El Estado cumple un rol fundamental, sin convertirse en “Papá Estado”, para desarrollar éstas y otras áreas. Si lo hace, y lo hace con calidad e idoneidad, logrará primero un desarrollo sustentable que garantizará la seguridad alimentaria de nuestra población, y luego logrará también, la inserción internacional con acuerdos comerciales amplios en virtud de su producción y calidad de la misma.
En este punto queremos realizar una última consideración hacia la contienda electoral próxima: pensamos que quién no supo orientar, administrar y proyectar el MGAP durante los casi 4 años que estuvo al frente, sin dejar de mencionar que tampoco pudo controlar a “su barra” y, habiéndose quedado en la época del “alambre de púas”, no parece demostrarle a los uruguayos las suficientes credenciales para administrar el país en los próximos 5 años.

2) Instituto Nacional de Vitivinicultura

Devolver el INAVI a sus legítimos dueños, Viticultores, Vinicultores y Vitivinicultores modificando la Ley aprobada arbitrariamente a fines de 2008 donde el Estado, lejos de regular y fijar la política nacional de vinos, pretende poco menos que ponerse a plantar uva y hacer vino o lo que es peor, permitir que sectores fuertes del MERCOSUR como Argentina y Chile, compitan en nuestro mercado con nuestra producción nacional en desigualdad de condiciones para nuestros compatriotas.
Los esfuerzos que las gremiales privadas del Sector (Viticultores, Vinicultores, Vitivinicultores y Cooperativas) han realizado durante los últimos veinte años, fueron borrados de un plumazo por el MGAP, quién mesiánicamente resolvió cambiar las reglas de juego en el Sector sin escuchar a los autóctonos representantes de la Vitivinicultura uruguaya. Cuando se creó el INAVI, se creó con todo el sistema político nacional de acuerdo y con todas las instituciones organizadas de la vitivinicultura del país aprobando la creación de esa herramienta fundamental para proyectar al país internacionalmente en materia de vinos.
La modificación de la ley 15.903 de creación de INAVI en la redacción dada por la ley 18.462, mamarracho político y jurídico, es una ofensa a la producción nacional en materia vitivinícola, un atropello a las instituciones gremiales del sector y un retroceso institucional pues habilitó al Poder Ejecutivo, como sucede actualmente, dirigir la política nacional de vinos cuya mayoría de integrantes tiene absoluto desconocimiento en la materia. A la aprobación de la modificación de la ley 15.903 el 29 de diciembre de 2008 y promulgada con el Nº 18.462 por el PE, el 8 de enero de 2009, nos encontramos que al día de hoy y a más de seis meses, los verdaderos hacedores de la vitivinicultura del país todavía no han sido integrados al nuevo Consejo por parte del MGAP. En plena vendimia, los que saben estuvieron y todavía están sentados en la vereda de enfrente. 

3) Instituto Nacional de Colonización

Creemos que debe fortalecerse el INC ampliando su cartera de tierras para cumplir con las aspiraciones de las familias de colonos inscriptos, ampliando en todo el territorio nacional las colonias potenciándolo como instrumento sociabilizador de la campaña.
El INC debe ser un instrumento administrado con equidad y ecuanimidad de las decisiones del Directorio, para ello debe estar representado todo el sistema político nacional con representación de las minorías nombrando jerarcas que representen los intereses de los colonos y a su vez al sistema político en su conjunto y no al gobierno.

4) Junta Nacional de la Granja

Incentivar la producción familiar granjera con estímulos e incentivos promoviendo y desarrollando aún más las políticas actuales e impulsando Planes de Negocios que le permitan al productor crecer y contribuir a su desarrollo. El senador Julio Lara presentó un Proyecto de resolución por el que se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado al consumo de energía eléctrica destinado al riego de cultivos hortícolas y frutícolas y a los establecimientos lecheros, el 12 de abril de 2005. A más de cuatro años el Poder Ejecutivo todavía no ha respondido a esta medida que en ocasión de desastre climático hubiera mitigado en algo la situación de muchos productores.

Para finalizar, queremos recordar a uno de los encumbrados prohombres del partido Nacional del siglo pasado que ha quedado como legado en mi familia materna, y que fue Javier Barrios Amorín. De él quiero rescatar tres aspectos sobresalientes de su pensamiento y su conducta como individuo.
Sobre el servicio social que debía ofrendar el actor político en su gestión decía: “Donde antes había un deber moral, existe hoy un mandato de solidaridad, y la solidaridad es siempre el fundamento de un derecho. Lo que antes se hacía por caridad, debe hacerse hoy por justicia. El concepto generoso de la caridad cristiana deja su puesto al concepto moderno del deber jurídico. Un Estado no protegerá a los seres débiles porque es un Estado generoso, sino porque los seres débiles tienen derecho a que se los proteja”; Sobre el servicio de la función pública planteaba: “Queremos que se proscriba de la función pública toda preocupación de política menuda; queremos que se gobierne con el pensamiento puesto en el país, no en grupos, no en círculos, no en personas...Me lo ordena el pasado del Partido; me lo impone el deber de luchar porque salve su provenir, y con el Partido el de la República”; y sobre la democracia y la libertad:“Quiero para este pequeño Uruguay nuestro, el limpio título de país civilizado. Civilizado en las formas de la convivencia y en la conducta de sus habitantes.”
“Que viva en paz y en libertad organizados por el derecho; que el amor y la solidaridad determinen la conducta de los hombres, para que el débil no sea aplastado por el fuerte, para que el egoísmo no venza al desinterés, para que el instinto no triunfe sobre la razón. Que siga siendo el Uruguay estrella rutilante y señera entre las patrias de América.”
“Quiero para mi país, ciudadanos que no vendan su conciencia, gobernantes que ejemplaricen con su conducta, Jueces que mantengan la honra de sus togas impolutas y militares que pongan su espada al servicio del derecho”

Por la Agrupación “13 de Abril”
Aramir Silva García 
Walter Sánchez Sedez

© Walter Sánchez Sedez para Informe Uruguay

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