AEBU nuevamente a la caza de privilegios por Ope Pasquet

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         Informa la prensa que “el gobierno aceptó negociar con AEBU que los bancos estatales se hagan cargo de la pérdida por el futuro aporte de 6% de la reforma de la salud para los bancarios del Estado. Hay una visión favorable a contemplar por lo menos parte de esa pérdida, según anunció Daniel Mesa, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas” (El País, Martes 16 de Octubre, 2007).

         De la misma nota periodística obtenemos algunos elementos que podrían explicar la actitud del Poder Ejecutivo ante el reclamo sindical. Parece que AEBU evalúa aplicar “medidas extremas” en la banca pública si no alcanza un acuerdo a corto plazo en las negociaciones con el gobierno. “El sindicato bancario tiene en carpeta la realización de “graves distorsiones” en las transacciones electrónicas internacionales del Banco Central, dijo el sindicalista Darío Mendiondo. Eso podría provocar pérdidas millonarias para el país, según anuncia el sindicato. El presidente del consejo oficial, Carlos Márquez, sostuvo que es una medida de “alto impacto” que nunca ha tomado AEBU, pero que se dejará como último recurso por si fracasa la negociación”.

         Queda claro pues que lo que el sindicato bancario quiere lograr y el gobierno se muestra proclive a concederle, es no pagar el aporte del 3% adicional que la reforma de la salud le impondrá al conjunto de la población. Lo que el sindicato reclama, entonces, es un privilegio: quieren que lo que va a tener que pagar el pueblo, no lo tengan que pagar ellos, por ser bancarios.

         ¿Será que los funcionarios de los bancos estatales son funcionarios “sumergidos”, es decir, funcionarios que ganan menos que el promedio de los funcionarios públicos....? Todos sabemos que la verdad es la opuesta: los funcionarios de los bancos estatales ganan mucho más que el promedio de los funcionarios públicos. Es más: probablemente sean los funcionarios mejor pagos del Estado uruguayo.

         Entonces, ¿con qué derecho exigen que se les dé un trato especial y más favorable, a la hora de pagar los aportes al nuevo sistema de salud? ¿Por qué habrían de verse exonerados total o parcialmente ellos y no, por ejemplo, los funcionarios del INAU, o los del Poder Judicial, o tantos otros que ganan tanto menos que los funcionarios bancarios y van a tener que pagar sí o sí?

         La respuesta a estas preguntas surge con claridad de la información transcripta. Los funcionarios bancarios amenazan no ya con la huelga, sino con “medidas extremas”, con medidas “de alto impacto”, que podrían provocar “pérdidas millonarias para el país”. Y ante estas amenazas, el gobierno se manifiesta dispuesto a ceder.

         El sindicato bancario no lucha por una causa justa, sino por privilegios que son injustos por definición y cuyo costo tendría que ser solventado por los restantes trabajadores, públicos y privados, porque es evidente que lo que no salga de los bolsillos de unos, tendrá que salir de los bolsillos de otros.

         El sindicato bancario tampoco pretende lograr el éxito a través de la razón, ni a través del ejercicio del derecho de huelga que le reconoce la Constitución, sino a través de la amenaza de causarle daños millonarios al Estado uruguayo.

         Y frente a esta exigencia injusta y esta amenaza extorsiva, el gobierno anuncia que está dispuesto a ceder. Si cede frente a los bancarios, el Dr. Tabaré Vázquez debería archivar el eslogan de “que pague más el que tiene más, y menos el que tiene menos”, porque estaría aceptando justamente lo contrario. Y si cede además frente a la amenaza, debería prepararse para enfrentar otros reclamos similares, porque estas concesiones sientan precedentes y alientan a futuros reclamantes.

         Mientras tanto, los uruguayos que no somos funcionarios bancarios y no tenemos, por lo tanto, coronita –“los nabos de siempre”, como diría Tomás Linn- nos disponemos simplemente a seguir pagando lo que se nos cobra en nombre de la “justicia social”.

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