Inocencia Inexplicable Credulidad ciudadana por Eduardo García Gaspar

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         El suceso es inglés, pero sus lecciones son universales. En días recientes, todos los medios ingleses a los que tuve acceso lo tuvieron como la noticia más importante, durante días y días. Es un escándalo gubernamental, que atañe a los miembros del parlamento.

         En pocas palabras, el escándalo comenzó cuando un diario, el Daily Telegraph obtuvo datos sobre los reportes de gastos de los legisladores. Esos gastos incluyeron cosas como reparaciones de canchas de tenis, segundas casas, pago de hipotecas inexistentes e instalación de jacuzzis.

         Es una crisis política seria, que ya acarreó renuncias, como la de Michael Martin, el speaker de de la cámara de los commons. Martin, del Labor Party. había luchado por impedir que los gastos fueran hechos públicos. En las entrevistas que vi con los legisladores, en lo general, ellos primero negaban haber hecho nada malo, o bien se justificaban diciendo que eran errores involuntarios o bien acciones por las que pedían perdón.

         Sucesos como éste, que realmente no han sido gran noticia fuera de Inglaterra, son comunes en todas partes. Es en extremo difícil encontrar gobiernos en los que los políticos no cometan abusos y tomen provechos cuestionables de su posición. Ahora, antes y en el futuro, estos hechos son parte de la naturaleza gubernamental.

         Todo lo que podemos aspirar a lograr es a minimizarlos y tener niveles razonables de abusos. No creo que sea posible lograr más. La clave está en explicar la causa y encontrar soluciones simples.

         Una de ellas es muy directa: penas de cárcel y castigos desproporcionales al monto del abuso. Si el legislador logró beneficios por, digamos, diez mil libras, deberá pagar cinco tantos, es decir, 50 mil. Un incentivo negativo importante, con prohibición vitalicia de ocupar puestos públicos. Pedir perdón no es suficiente, como tampoco devolver las cantidades obtenidas.

         Pero, en todo esto hay un error colosal. Los legisladores son las únicas personas que determinan sus ingresos y sueldos. Ellos hacen leyes, entre las que están las correspondientes a sus remuneraciones. Eso no debe ser. Las remuneraciones de los legisladores deben ser decretadas por los otros dos poderes y consistir en un monto único y total, sin adiciones.

         Piense usted en esto. Un legislador ocupa una posición muy especial, la de hacer leyes. Es decir, es el puesto en el que se ordena al resto lo que puede o no puede hacer. Es mucho poder. Demasiado. Cuando ese poder se usa en beneficio propio, es natural que sea aprovechado más allá de lo ético. Los legisladores van a tratarse bien, mejor que a otros.

         Eso es parte de la naturaleza humana, que es imperfecta. Esperar que un gobernante sea una mezcla de ángeles con buenas intenciones y hombres sabios y prudentes, es una real tontería. Ellos son, al menos, igual que el resto de los humanos y en muchos casos han probado estar por debajo de la media. Esto lleva a la solución de fondo.

         Si se acepta que los seres humanos somos imperfectos, que sucumbimos a tentaciones, que realizamos acciones indebidas, es conclusión irrefutable que a ningún ser humano debe dársele un poder demasiado grande. A ninguno.

         Es decir, los gobiernos, que son necesarios, deben ser celosamente vigilados y poseer por diseño un poder que no pueda salirse de sus funciones naturales, que son mantener un estado de derecho que proteja a los ciudadanos. Nada más que eso. Y realizarlo bajo el principio de la división del poder.

         Son incidentes como el inglés y la larga lista que a diario revelan los periódicos, que hacen preguntarnos cómo es posible que a pesar de toda la evidencia en contra aún se siga creyendo que los mayores problemas son responsabilidad de los gobiernos. Es algo increíble que aún ahora alguien piense con convicción que la elección de tal o cual gobernante es la solución nacional.

         Es esta inocencia ciudadana, esta credulidad mayúscula, uno de los rasgos más destacados de nuestros tiempos. Es inexplicable que con la larga lista de pruebas en contra de los gobiernos se crea que en ellos están las soluciones a los mayores problemas.

Post Scriptum
Sergio Sarmiento (Grupo Reforma, 19 de mayo 2009), comentó otro caso que exhibe, de nuevo, la razón por la que los gobernantes deben ser mantenidos dentro de sus límites naturales y vigilados celosamente:

No sé qué me irrita más. Saber que dos hermanos del Senador Ricardo Monreal, Cándido y David (este último presidente municipal de Fresnillo por obra y gracia de su hermano) y una hija también de Ricardo son propietarios de una planta deshidratadora de chile en Zacatecas en la que el 22 de enero de este año el Ejército incautó 14.5 toneladas de marihuana. O que se les investiga desde entonces, pero continúan en libertad (¿se daría el mismo trato a quienes no fueran parientes de un político tan importante?). O que la planta fue embargada en el 2003 por el Gobierno que encabezaba Ricardo Monreal, sólo para que el 15 de enero de 2004 la entregara en propiedad a sus hermanos y a su hija.

Casos como este no son la excepción, son la regla.

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