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De Bolívar a Saint Just
por Federico Ysart
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En Venezuela no permiten la libre entrada de Álvaro Vargas Llosa, allanan la propiedad del presidente de Globovisión y el caudillo sigue dirigiéndose al país a través de todos los medios en conexion compulsoria. En Ecuador Correa dirá qué concesiones de licencias informativas se ajustan a su legalidad. En Argentina, a Clarin le pintan agencias e interfieren señales satelitales. Y así día a día se va secando la libertad de millones de latinoamericanos.
Simón Bolívar dejó dicho: "Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos". Hoy quienes se reclaman sus sucesores se afanan por controlar todos los pulsos y resortes de las sociedades que gobiernan; sobre las que mandan, mejor. Son caudillos disfrazados de formas diversas, militares o indigenistas, aupados al poder sobre las cenizas de viejas partitocracias autodestruidas por décadas de gobiernos inútiles y gobernantes corruptos. Y no hay mes en que no asalten propiedades privadas, confisquen empresas, encarcelen periodistas, amenacen a cómicos, o interfieran la red, último cobijo ésta de la expresión de individuos y grupos sociales que aún ofrecen resistencia a ser castrados.
Este es el caso de los nuevos paraísos de la revolución; de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Panamá; y de los viejos, como Cuba. Sus dirigentes parecen seguir al pie de la letra el consejo de uno de los revolucionarios más ilustres o sangrientos, el francés Saint Just que advirtió antes de comprobarlo en su propia carne que "quien hace una revolución a medias, cava su propia tumba".
El tipo de carrera contra la historia que tienen emprendidas estos singulares accionistas de la firma "socialismo del siglo XXI" no les permite cejar en su pedaleo; es el ejemplo perfecto de huída hacia delante con que en tiempos de crisis algunas empresas tratan mantenerse en pie. Nada asegura que los caudillos del momento no terminen como la inmensa mayoría de los malos empresarios, despojados del poder y con sus pertenencias sometidas a un concurso de acreedores.
Son personajes grotescos que hablan de derechos, multilateralismo y apelan a Naciones Unidas mientras borran en sus países uno de sus mandatos fundamentales, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión".
Cuándo hará oir su voz la Asamblea General llamándoles al orden no entra en la agenda de un organismo en el que sólo el 17 por ciento de sus miembros con derecho a voto son calificables como democracias; lisa y llanamente, democracias sin apellidos.
¿Será cierto que en Argentina se están interfiriendo las señales satelitales de las emisoras de Clarín? No sería éste el único episodio de la guerra de los Krichner contra el grupo mediático. Aún resuena aquel exabrupto de hace tres años: "Seré el primer presidente que haga mierda a Clarín". De momento, el Gobierno parece preparar una nueva ley para desguazar el conglomerado.
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