Uruguay, archivos de la dictadura por Hana Fischer

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          Es innegable que durante la dictadura militar en Uruguay se violaron los derechos humanos. Eso es tan irrefutable como que, en la década anterior al golpe de estado, la estrategia de las guerrillas izquierdistas y del Partido Comunista Uruguayo (PCU) estaba encaminada a imponernos un gobierno totalitario. Ambas agrupaciones tenían como modelo a los regímenes comunistas de la Europa Oriental.

          Si alguien duda de los atropellos sistemáticos a los derechos humanos en países comunistas, “El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión”, publicado en 1997, lo ilustrará. Se practicaban continuamente actos criminales, como asesinatos, torturas y deportaciones. El total de muertes provocadas alcanza unas 100 millones de personas, de las cuales alrededor de 100.000 corresponden a Latinoamérica.

          Valiosas fuentes de información fueron desclasificadas recientemente de los ficheros de la KGB. Pero según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en Uruguay “el acceso a la información pública, garantizado por una legislación reciente, sigue topándose con la negativa de los militares a entregar los archivos de la dictadura”.

          No es así porque es de público conocimiento que desde el 2006 esos archivos están en poder del actual gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez y es este gobierno, no los militares, el que no los entrega, sino que hace uso exclusivo, selectivo y discrecional de ellos.

          Por el contrario, los militares habían aportado voluntariamente una serie de datos que permitieron dar con el paradero de 1.200 rollos microfilmados pertenecientes al Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Según la información brindada por el Ministerio de Defensa Nacional, cada rollo contiene 2.500 imágenes, por lo que el total del material correspondería a una biblioteca de 12.000 tomos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el acceso a esa información está restringido a personas vinculadas al actual gobierno.

          Un ministro anunció, que antes de hacer público su contenido, el material digitalizado de los archivos de la dictadura será visto por "expertos" que determinarán la “certidumbre" de cada testimonio obtenido en los interrogatorios. La idea es descartar aquellas situaciones que, a juicio de quienes examinen el material, puedan "distorsionar" la realidad de lo ocurrido.

          Asimismo, la ministra del Interior rechazó el pedido de un periodista independiente de tener acceso a los archivos del Partido Comunista Uruguayo que están bajo su custodia. Ese periodista estaba realizando una investigación titulada “Secretos del PCU”.

          ¿Por qué el actual gobierno izquierdista uruguayo acapara y altera el contenido de esos archivos? ¿Será para modificar la realidad y cambiar la historia?

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