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Turbiedades tarifarias
por Pablo Abdala
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La semana pasada, el gobierno decretó un incremento de los precios de la energía eléctrica y de los combustibles. En el primer caso, casualmente, la vigencia del ajuste de tarifas comienza hoy. En ambos, las autoridades adujeron, como razón inexpugnable, el incontenible aumento de los costos, tanto por la baja hidraulicidad de las represas, como por la apreciación del petróleo crudo.
Tales argumentos, en principio, son objetivamente aceptables. Lo que no parece correcto es agotar la explicación en ellos, que es lo que parece resultarle cómodo al Poder Ejecutivo. Del análisis, eso es sólo el comienzo, pues deben tenerse en cuenta los antecedentes de la historia reciente, los del actual gobierno, en materia de tarifas y de gestión de las empresas y los servicios públicos. Sin ellos, la verdad termina siendo sólo aparente, o bien una versión maquillada de ella.
Ocurre que la presente administración carece –y ya no la tendrá– de una política energética que indique un rumbo, en el sentido de los desafíos perentorios que el país tiene planteados. Es realidad conocida, y asumida por todos desde largo tiempo, que desde el punto de vista del acceso a las fuentes de energía enfrentamos una situación de debilidad y dependencia. Que la misma nos impone la necesidad inexorable de diversificar nuestra matriz, de impulsar las energías renovables y alternativas, y de perseguir la mayor eficiencia de nuestras empresas energéticas, entre otros asuntos pendientes.
Respecto de todos ellos, en este quinquenio, no sólo no se avanzó en el camino de su consecución sino que, además, en muchos de los temas indicados –notoriamente– retrocedimos. Empecemos por la generación hidroeléctrica. Es evidente que aumentó la demanda y bajaron periódicamente los embalses de las represas, pero poco o nada se hizo para prevenir esos escenarios. La incorporación de energía de fuente privada fue insignificante, a pesar de la abundante oferta, por una visión monopólica y estatista. La interconexión con Brasil se demoró injustificadamente, al punto que recién empieza a ejecutarse. Se construyeron seis turbinas en Punta del Tigre, no exentas de controversia, porque han tenido dificultades técnicas y también son térmicas y, por lo tanto, costosas, atento a la falta de gas natural.
Este último aspecto aparece como especialmente llamativo. La inclusión del gas natural es esencial, para sustituir petróleo y para producir energía eléctrica más barata. El gobierno, en lugar de buscar una solución, estuvo cuatro años dando vueltas a la noria.
Primero se distrajo en un proyecto de gasoducto desde la región peruana de Camisea, que nunca se concretó; después -cuando no– Chávez lo embelesó con una propuesta similar desde Venezuela, totalmente inviable desde el punto de vista económico; y últimamente escuchamos, de parte de las autoridades, planteos de plantas y barcos regasificadores, algunos con Argentina, pero nada llega, ni barcos ni gas. Por supuesto, con ese panorama, si no llueve, UTE tiene que aumentar.
Sin embargo, las dificultades no están solo en las inversiones que no se hicieron, sino, además, en algunas que debieron evitarse y que presionaron los costos. Nos referimos a los 120 millones de dólares comprometidos en ALUR y el denominado proyecto sucro-alcoholero, a las decenas de millones que se perdieron en el controversial contrato de seguro para la compra de petróleo, y a las inversiones en marcha en la refinería, referidas al gasoil, de enorme cuantía. También allí deben buscarse las explicaciones del aumento de los combustibles.
No debería sorprender, entonces, que se vinculara el último ajuste al déficit de caja de ANCAP, y éste, en parte, a la suba del crudo, y en otra, a la financiación de las inversiones. Por tanto, es inevitable concluir, sin exagerar, que en las tarifas que los uruguayos pagamos por los servicios que recibimos no hay transparencia. Más allá de las versiones oficiales, es obvio que ellas esconden razones bastante más complejas.
No basta con echarle la culpa a la OPEP o a las lluvias escasas. ¿Y los malos gobiernos?
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