Las desventuras de una nueva constitución por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)

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         Estos no son los mejores tiempos para los bolivianos.

         Es cierto, hemos tenido una muy agitada vida republicana y que los primeros pasos de la democracia restaurada en Bolivia en 1982, fueron vacilantes. Atribuimos esto al difícil aprendizaje de vivir en armonía, a la atomización de los partidos políticos y a nuestras profundas diferencias. Pero abrigamos, pese a los recelos y a las dudas, la esperanza de que el nuevo gobierno inaugurado en 2006, superando las desventuras del pasado y con el apoyo mayoritario que concitó, establezca bases para perfeccionar la democracia, garantizando la paz y la integración nacional. Muy pronto, sin embargo, afloró en el nuevo oficialismo la pretensión de valerse de esa mayoría –siempre la mayoría es circunstancial- para imponer una autocracia y fundar un estado racista, reestableciendo instituciones de un lejano pasado, incompatibles con la concepción de un estado democrático, moderno y progresista. 

         El proyecto de constitución política del estado auspiciado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tiene un amargo recorrido. Comenzó y terminó con ilegalidades y generó un importante disenso. En lugar de la concertación, el oficialismo usó la represión violenta, que dejó víctimas fatales y cientos de heridos. Si se constataba la necesidad de dotar al país de una nueva constitución, el MAS pudo seguir caminos legales. Sin embargo, la legalidad no estaba prevista en su accionar. El propósito del oficialismo era –aún lo es- crear, “a las buenas o las malas”, un Estado populista–racista, como se advierte en el texto del proyecto de Constitución adoptado ilegalmente por la Asamblea Constituyente dominada por el MAS.

         Hubo, ciertamente, una profunda discrepancia. En varios sectores de la sociedad, se tuvo la certeza de que se trataba de un proyecto, no sólo extremista, sino también con graves incongruencias jurídicas. El texto iba desde lo antijurídico, pasando por lo ridículo (como un estrafalario preámbulo), hasta llegar a lo imposible de aplicar. Por supuesto que este mamotreto reflejaba no sólo un designio sectario y extremista, sino también la ostensible ignorancia jurídico-constitucional de la mayoría de los miembros de la asamblea constituyente. 

         El gobierno eligió el camino de la presión para forzar la convocatoria a un referendo –el padrón electoral, envilecido por el fraude, no lo hace confiable- sobre el proyecto del oficialismo. Una agresiva marcha, organizada y financiada por el gobierno, se aprestaba a cercar y ocupar el congreso. En estas circunstancias, parlamentarios opositores, dizque para pacificar el país, se avinieron a una negociación –hay versiones sobre intereses espurios en juego- para modificar el proyecto, cuando se requería recomenzar la tarea de redactar uno nuevo que interprete los anhelos y deseos de todos los bolivianos.

         Así resultó otro engendro que conservó la esencia del populismo, pese a que, según se ufanan los colaboracionistas, se concertaron más de cien enmiendas al proyecto original. Pero que nadie se preste al engaño; por ejemplo, la autonomía departamental, incluida en el nuevo proyecto, fue nuevamente deformada, ahora con la complicidad de los colaboracionistas. Otra vez, los partidos de la oposición fallan en el propósito de reasumir el papel de leales intermediarios entre la sociedad y el Estado. 

         Luego, en medio del regocijo por la concertación de ese texto, el gobierno volvió a las andadas. Pretende ahora que nadie objete el proyecto adoptado con los  colaboracionistas en el congreso y, ante los anuncios de que se articula una campaña para su rechazo en el referendo, nuevamente recurre a la diatriba, que es el argumento de la sinrazón.

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