Reformas estructurales y gobiernos incautos por Pablo Abdala

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         La Cámara de Representantes acaba de servir de escenario –una vez más– de la imprudencia gubernativa. En tiempo record, y provocando perjuicios de manera indiscriminada, se han sancionado proyectos de ley referidos a asuntos de relevancia, sin el debido estudio y sin que haya mediado, en todos los casos, un análisis ponderado. Mencionaremos algunos ejemplos.

         La semana pasada fue el turno de la reforma de la Caja Bancaria y, al momento de escribir esta columna, los diputados estamos convocados para resolver los cambios propuestos por el gobierno al Servicio de Retiros Policiales. Ambas iniciativas son polémicas, y en nada solucionan los problemas de dichos sistemas de seguridad social, razón por la cual la bancada nacionalista votó negativamente la primera, y recorrerá idéntico camino con relación a la segunda.

         Como expresamos en la discusión en el plenario, la discrepancia sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no estuvo en definir el objetivo de salvarla, sino en el tenor de la solución que el gobierno prohijó. Catalogamos a la misma de mala, perjudicial e inútil, porque –notoriamente– no logrará superar el déficit estructural existente (de más de 60 millones de dólares), con lo cual no resuelve el problema, salvo en el corto plazo. Sin embargo, con el declarado propósito de logar ello, el proyecto sancionado inflige daños evidentes a miles de trabajadores y –cuándo no– de jubilados y pensionistas.

         En efecto, uno de los ejes sobre los que reposa la fórmula consiste en la filiación compulsiva, a la Caja, de los empleados de distintas empresas que hoy aportan al Banco de Previsión Social, entre ellas, las cooperativas de ahorro y crédito y las prestadoras de servicios diversos (además del préstamo de dinero), a las que incluso se les impone un impuesto.

         Esto provocó la comprensible reacción de los involucrados. Las “empresas”, si así se las debe llamar –en muchos casos ni siquiera tienen ánimo de lucro– anunciaron que se verán enfrentadas a una seria dificultad que, en el mejor de los casos, conducirá a un recorte de beneficios y a un encarecimiento de los créditos que proporcionan a sus asociados y, en muchas situaciones, representará quedar al borde de la mismísima desaparición. Los trabajadores afectados reclamaron permanecer en el régimen de capitalización individual, pues todos los estudios indican que de él egresarán con una jubilación mucho mayor, lo que nos llevó a razonar que, las tan denostadas AFAPs, habían ganado la batalla cultural.

         Los pasivos –otra vez– sufrieron el embate del gobierno del Frente Amplio. Al denominado IASS se agrega un nuevo impuesto, que no es más que aquel que transitoriamente se había establecido en 2004, y ahora se convirtió en definitivo, aumentándose el valor de sus alícuotas. Por si fuera poco, jubilados y pensionistas dejarán de percibir el beneficio de la prima por edad, lo que significa una violación de derechos adquiridos de la que no se tiene memoria en la historia de la legislación social del Uruguay.

         Por lo tanto, además de todo lo reseñado, la nueva ley nace renga o, por lo menos, frágil. Son diversas sus vulnerabilidades constitucionales, como –entre ellas– la recién indicada con relación a los pasivos, o también, una exoneración genérica de tributos municipales, que no es materia de la ley sino competencia de los gobiernos municipales.

         Y es solo un ejemplo.

         La proyectada reforma de la Caja Policial es más de lo mismo. Todos los sectores políticos coincidimos, antes y ahora, en la necesidad de promover a los funcionarios encargados del delicado cometido de la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, con la iniciativa que estamos comentando, el Poder Ejecutivo da pasos en la dirección inversa.

         La reforma previsional que contiene es una desalentadora señal para los policías, que avizoran, a partir de ella, mucho peores condiciones para el momento en que llegue su retiro.

         No puede ser de otra forma, porque se eliminan beneficios hoy vigentes. Además, se establecen requisitos jubilatorios severísimos, entre ellos, el aumento de los años de servicio y la introducción de topes y de una tasa de reemplazo del 50%, hoy inexistentes.

         Es, en verdad, un proyecto dos veces negativo. Primero, por el deterioro que significa para la calidad de vida de los trabajadores policiales, pero, además, porque ellos son los que quedan en peores circunstancias, frente al universo de los uruguayos, tras las últimas modificaciones legales de los distintos sistemas de seguridad social. No parece ser, sobre todo desde el punto de vista psicológico, la mejor manera de fomentar el progreso de los policías, y de que ellos se sepan auténticamente respaldados.

         ¿Era este el tan pregonado Uruguay social?

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