LA LIBERTAD DE CULTO

“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” Mateo cap. 22, 15-21

por el Dr. Ricardo Ayestarán

Un tribunal de Hamedan, en el oeste de Irán, condenó a muerte al profesor universitario Hashem Aghajari, un dirigente del partido político reformista Organización Muyadín de la Revolución Islámica. También condenado a recibir 74 latigazos y a un exilio en tres remotas ciudades iraníes durante ocho años, y se prohibió que enseñe durante 10 años. Se ignora si la pena de muerte será impuesta una vez cumpla las condenas anteriores. Aghajari fue detenido en agosto luego que en junio pronunció un discurso cuestionando la interpretación de la ley islámica por parte de los clérigos gobernantes. (A.Press) (Del diario El País de Uruguay, jueves 7 de noviembre de 2002)

Esta noticia, que parece salida de la calígine medieval, pero que ocurre en pleno tercer milenio, espanta y preocupa. Al mismo tiempo y por idénticas razones, esto es, dogmas religiosos convertidos en normas jurídicas, una mujer en Nigeria fue condenada a ser lapidada por haber cometido adulterio. Cuando leemos estas noticias provenientes de lejanos países musulmanes, parecería que tales atropellos a libertades elementales están tan lejos de nosotros como los sucesos históricos que hace siglos propiciaron la separación de la iglesia y el estado en la mayoría de los países occidentales. Pero lamentablemente las cosas no son tan civilizadas como parecen por estos lares. Apenas uno afina la vista empiezan a evidenciarse signos y síntomas que llenan de preocupación a quienes creemos que el estado debe ser garantía de la más absoluta libertad religiosa y por ello mismo debe ser laico y neutro en ese sentido.
Históricamente las religiones han procurado permanentemente ser parte integrante del poder político temporal y terrenal, por muchas razones, pero fundamentalmente porque el acceso al poder no sólo posibilita una inmejorable oportunidad para hacer proselitismo, sino que también permite desplazar y/o suprimir a otras religiones rivales.
Y ello es así porque la mayoría de las religiones, sobre todo las monoteístas, son excluyentes por definición y por dogma. De esta manera si un ciudadano pertenece a la religión A, obligatoriamente debe considerar a todas las demás religiones como falsas, y a sus seguidores como infieles o equivocados.
La connivencia entre estado y religión fue posible en tanto y en cuanto la humanidad en general y occidente en particular tuvo formas de gobierno basadas en monarquías absolutistas, en las que reyes y emperadores veían a la religión como un elemento más que contribuía a la legitimación de su mandato.
La reforma protestante, la revolución francesa y el advenimiento del sistema republicano de gobierno tornó inviable el longevo matrimonio entre iglesia y estado y lenta, pero inexorablemente, la incompatibilidad entre democracia y religión fue definiendo nuevos roles al estado y a las iglesias dentro de las sociedades occidentales modernas.
Ninguna religión puede ser democrática, sencillamente porque su sustento doctrinario se basa en la fe en un ser omnisciente, en una serie de dogmas sagrados y en una verdad revelada que, por ser de origen divino, no puede admitir discusión a nivel humano.
En cambio todo el ordenamiento normativo institucional y jerárquico del estado de derecho democrático reposa sobre en un principio fundamental y básico, que es la validación directa o indirecta, a todos los niveles del sistema, por parte de la voluntad soberana de la mayoría de los integrantes de la sociedad.
Así como es impensable plebiscitar la existencia del Espíritu Santo o de un versículo del Corán, es imposible que una norma democrática exista sin validación de la mayoría del pueblo o de sus representantes. Asimismo los dogmas religiosos tienden a ser inmutables, en tanto las normas de un estado democrático pueden ser modificadas por la decisión popular en cualquier momento.
Aunque parezca una obviedad argumentar en el mundo occidental de hoy a favor de la separación entre el estado y la iglesia, decíamos antes que hay indicios preocupantes en muchas democracias, de una pérdida de la necesaria y saludable distancia que ambas fueron adquiriendo en el correr de los últimos siglos. La creciente influencia de los sectores religiosos más conservadores en el gobierno de los Estados Unidos; la influencia y el poderío económico de la secta Moon en varios países asiáticos y latinoamericanos, el espectacular crecimiento como fuerza política organizada de los evangelistas en Brasil, en especial la Iglesia Universal del Reino de Dios del millonario predicador Edir Macedo Becerra; la supremacía de los sectores religiosos más intransigentes en el panorama político de Israel; son algunos ejemplos del peligro de contaminación dogmática que acecha hoy a los gobiernos democráticos de varios países occidentales.
La Iglesia Católica, pese a los largos años de interacción con el sistema republicano, no está exenta de estas tentaciones, ni tampoco de caer en ellas. Y apenas como muestra vale recordar que a principios de los años 90, cuando merced a la fortísima influencia espiritual y material del Vaticano, Solidaridad y sus aliados católicos llegaron al gobierno en Polonia, inmediatamente impusieron por ley la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, configurando un atropello a la libertad de culto de todos aquellos creyentes de otras religiones y naturalmente de los ateos.
John Locke decía que una iglesia es una asociación voluntaria de personas, reunidas por su propio acuerdo para la adoración pública de Dios, para la salvación de sus almas. Una institución a la que la persona se une de manera libre, y de la que también se puede ir en cualquier momento sin traba alguna. Todas las iglesias tienen sus reglas propias, reglas que sus sacerdotes o ministros procuran que los fieles cumplan. Sin embargo la única fuerza que tienen para exigir el cumplimiento de esas reglas es el poder de convencimiento para hacerlas respetar. Si alguien las viola, el poder del religioso se limita a la expulsión de la persona del seno de esa iglesia, sin posibilidad de uso de fuerza para privar a esa persona de sus intereses civiles.
En pocas palabras, ningún ministro religioso puede alterar los intereses civiles de las personas.
En cambio los gobiernos deben velar por los intereses terrenales de las personas, aplicando las normas legales vigentes y usando la fuerza pública para obligar a su cumplimiento.
La religión está al cuidado de la salvación de las almas. El gobierno está al cuidado de los asuntos terrenales de los hombres.
Según Locke, la aceptación de esta absoluta especialización es lo que evita problemas insolubles y lo que ayuda a solucionar cualquier duda. Por lo tanto, la gran diferencia entre una iglesia y un gobierno en un estado democrático es la fuerza. La aplicación de la ley terrenal requiere el uso de la fuerza para castigar al culpable y privarle o disminuirle sus intereses civiles. La aplicación de las normas de una iglesia no puede ir más allá de la expulsión del miembro castigado.
No se puede por tanto usar la fuerza del estado para imponer reglas a la totalidad de la población, pero sólo son válidas para una parte de ella.
Spinoza decía que la confusión o la mera vinculación de los poderes teológico y político desemboca en la alteración de ambos.
Alteración que abre la puerta para que el estado castigue a un ciudadano por sus creencias religiosas y no por la legalidad de sus actos.
Como sucedió durante muchos siglos en la mayoría de los países cristianos occidentales y como aún hoy sucede en muchos países musulmanes como Irán o Nigeria, y como puede llegar a suceder nuevamente en occidente si permitimos que la religión salga del ámbito privado invadiendo el del estado.
Esto no significa ignorar las diferencias muy importantes que existen entre el Islam y el Cristianismo en este tema. La construcción social del Islam es teocrática, por tanto, monista y no dualista. El dualismo, que es la condición previa de la libertad, presupone a su vez una lógica que hoy por hoy es parte indisoluble de la formación cristiana. Desde el punto de vista práctico, ello significa que sólo donde se preserva el dualismo de Iglesia y Estado, de instancia sagrada y política, se asientan las condiciones fundamentales para la libertad.
Allí donde la Iglesia se convierte a sí misma en Estado, la libertad se pierde.
La neutralidad confesional del Estado es la única garantía de que todos los ciudadanos sean creyentes o no, puedan ser tratados en forma igualitaria, sin privilegios ni discriminaciones de ningún tipo. La separación del Estado y de toda iglesia no significa lucha contra la religión, sino precisamente lo contrario, la garantía de que cada ciudadano pueda practicar su religión, o ninguna si así le apetece, sin interferencias, condicionantes o amenazas de ningún tipo o especie.
De esta forma se estará en armonía no solamente con el mandato bíblico de nuestro epígrafe, sino también con la instrucción III de las Instrucciones 1813 donde se puede leer textualmente: “Se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión posible” Y con la firma al pie del más grande de los orientales: Don José Gervasio Artigas

Montevideo, noviembre de 2002

Liberalización de la droga

Escribe: Ernesto Martínez Battaglino

SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN EL URUGUAY

Continuación de la Nota del Dr. Miguel Ríos publicada en el Boletín Nro. 1

El subsector privado está formado por un conglomerado de instituciones, en donde se encuentran Cooperativas de atención médica y Mutualistas de Profesionales, que prestan atención médica mediante un prepago de una cuota mensual.
Existen Sanatorios y Clínicas privadas que prestan servicios especializados que se contratan libremente.
Existe una cadena de medicina de emergencia formalizando una serie de Servicios Móviles de Urgencias, mediante un prepago mensual.
La atención médica altamente especializada está cubierta parcialmente para toda la población, mediante un Fondo Nacional de Recursos, administrado por una persona pública no estatal (I.M.A.E.).
Surge de todo esto, que la organización sanitaria nacional, ofrece un servicio complejo y poco ordenado de instituciones donde resalta la multiplicidad de servicios, heterogeneidad e incoordinación de servicios.
Se ha dicho, y con razón, que esto ha llevado, a un derroche de recursos,duplicación de servicios y a una baja productividad de los mismos.
Cabe acotar que cuando hablamos de estado sanitario del país nos apoyamos en tres índices:
1) Indice de Natalidad.
2) Indice de Mortalidad Infantil.
3) Expectativa de vida al Nacer.
El índice de natalidad, tal véz, uno de los más bajos de América Latina.
Si bien ha mejorado el índice de mortalidad infantil comparando el año 1985, con el año 2000 disminuyendo de un 29%o a un 15%o, igualmente no estamos a nivel de otros países americanos.
La expectativa de vida al nacer, llega a los 75 años para la mujer y 72 años para el hombre.
A estos índices debemos agregar otros indicadores de mortalidad tan importantes y graves, como:
1) Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que llegan a un 43% del índice de mortalidad gral.
2) El indicador por mortalidad de enfermedades malignas oscila alrededor del 23 al 25% de mortalidad gral.
3) El índice por mortalidad por accidentes de tránsito que llega entre un 8 a 9 %.
En el momento actual se está discutiendo si es necesario o no tener un Sistema Nacional de Salud, para encontrar los mejores caminos de soluciones para este gran sector social.
No estamos en condiciones de funcionar como un sistema adecuado, satisfactorio y global, ya que no satisface las necesidades de la población, ni del gobierno, ni de los médicos, ni de los trabajadores de la salud.
Debemos de insistir en cambios inmediatos en lo que se refiere a un Sistema Nacional de Salud, que cubra a toda la población con prestaciones médicas integrales, igualitarias, de buena calidad, accesibles y humanas.
Teniendo en cuenta que hoy existe un sector poblacional que carece de una cobertura real de salud.