Año III - Nº 124 - Uruguay, 01 de abril del 2005

 

 

 

 

INMIGRANTES AL 31 DE MARZO

DE LO QUE SE HABLA, SE LEE O SE INTUYE&
POCA COSA NUEVA HAY PARA DECIR.

por Graciela Vera
Periodista Independiente

Quizás no sean tan negativos los últimos quince días para el colectivo inmigrante, como se intuye a través de las noticias y los comentarios boca a boca.

Muchas veces no encajamos las primeras dentro de la realidad de los segundos.

¿En que parte del camino se diversifica la realidad en distintos trazos que se adaptan a la logística interesada de diferentes sectores político-sociales o al deseo tornado desesperación de unos y otros, protagonistas y curiosos.

Sin embargo hay algunas realidades que no pueden enmascararse en necesidades ni escatimeos de la verdad.

¿YA SE ACEPTA EL FRACASO?

Un enorme fraude. Como tal se está revelando el llamado 'Proceso de Regularización de Trabajadores Extranjeros'; este corolario no toma de sorpresa a quienes, sin dejarse vendar los ojos por falsos cantos de sirena, dedujeron consecuencias e intereses de partes.

Pero un fraude no es solamente jugar con intereses palpables, es también desencadenar el sentimiento de frustración que embarga a quienes pusieron todas sus esperanzas en cruzar una puerta que se les cerró en las narices.

Ni siquiera quienes se rasgan ahora las vestiduras ignoraban que el método empleado llevaría a que apenas la quinta parte de los llamados ilegales pudieran cumplir todos los requisitos exigidos para su regularización.

Y son apenas dos, los requisitos que hacen infranqueable esa puerta: el certificado de empadronamiento anterior al mes de agosto y el contrato y presentación dependiendo exclusivamente del sector empresarial.

Sólo quienes no quieren verlo ignoran las condiciones impuestas a los que trabajan sin papeles. Con necesidades que cubrir y sin opciones de dignificarse aceptan trabajos descartados por los más favorecidos cobrando por ellos salarios irrisorios, sin cobertura social y con horarios que no respetan las reglamentaciones establecidas.

No tienen derecho a la protesta. El atisbo de una denuncia puede significar no volver a ser contratado porque, en estas condiciones, los empresarios son los que tienen el sartén por el mango.

No diremos que todos los contextos son análogos pero sí que hay un porcentaje muy importante de sin papeles que las conoce muy bien.

Del millón de inmigrantes que se calcula (en cálculos muy moderados) que viven ilegalmente en España, un alto porcentaje padece o ha padecido estas situaciones.

Sin embargo las declaraciones que ya, vistas desde la óptica del momento, se parecen más a un slogan publicitario que a respuestas coherentes a las necesidades de un colectivo, pueden convertirse en el estandarte de un enorme fracaso.

Secretaria para la Inmigración-Emigración Consuelo Rumí saluda a voluntarios de la Cruz Roja en Campo de Gibraltar.

Exigencias impuestas y la falta de colaboración del empresariado hacen que aquello de acabar con la inmigración ilegal y hacer aflorar la economía sumergida que proclamaba como una realidad casi palpable, la Secretaria de Inmigración-Emigración Consuelo Rumí al anunciar la puesta en marcha del periodo de regularización, no fueran más que el sueño de una noche de verano.

Las 250.000 solicitudes de regularización presentados al 31 de marzo, según datos señalados por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, se sitúan a 37 días del cierre de la campaña, muy por debajo de las primeras previsiones.

Se calcula que el número de extranjeros que pasan a vivir en forma irregular en España por año se sitúa en aproximadamente unos 300.000. Tenemos entonces que la regularización de los permisos de residencia y trabajo apenas si beneficiará a un número de inmigrantes apenas superior al incremento generado en un solo año.

No sería justo culpar del fracaso solamente al gobierno. Quizás el mayor defecto de esta reglamentación esté en haber dejado la iniciativa de la normalización de los trabajadores en poder de los empresarios. Pero no olvidamos que para elaborar la reglamentación que se exigiría y las condiciones en la que los inmigrantes debían regularizarse hubo un consenso social del que participaron los sindicatos (CC.OO y UGT).

LA NO ALTERNATIVA AL CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO DEJARÁ MUCHOS
INMIGRANTES EN LA CLANDESTINIDAD

No ha quedado forma en la que no se pidiera a las autoridades la flexibilización de los requisitos que deben presentar los inmigrantes para poder regularizar su situación en España.

Como quién dice: 'ni por las buenas, ni por las malas', y en esta última expresión incluimos movilizaciones, manifestaciones, encierros y hasta alguna palabrota.

En la primera acepción de la misma se incluyen los pedidos, casi súplicas que desde distintos organismos sociales (ONGs, Asociaciones de Inmigrantes, Organizaciones Obreras) y diplomáticos (gobiernos extranjeros que han solicitado la revisión de la exigencia a su par de España) se han realizado, desde antes de la entrada en vigencia del periodo de aportación de la documentación para acceder al proceso de regularización.

Tan sólo en Valencia los sindicatos calculan que quedarán entre 30 y 40 mil inmigrantes que viven en esa Comunidad, sin poder obtener la regularización.

LAS PROTESTAS SINDICALES SON
CONSIDERADAS FUERA DE LUGAR

La discrepancia con las exigencias para obtener los permisos de residencia y trabajo que muestran los sindicatos son considerados fuera de lugar por la Administración ya que el Reglamento de la Ley de Extranjería en el que se incluye este proceso extraordinario de regularización que finaliza el 7 de mayo, fue consensuado con los sindicatos, según han reiterado jerarcas ministeriales desde la misma aprobación del mismo.

PAGAR POR UN CONTRATO QUE SERÁ RECHAZADO

El otro drama que viven los inmigrantes es la falta de apoyo empresarial que en muchos casos, lleva a la desesperación de pagar por un contrato.

Algunos de los inmigrantes que aceptan la oferta de un contrato a cambio de importantes sumas de dinero son desocupados pero hay muchos otros que han estado trabajando en la economía sumergida y al tener la oportunidad de legalizar su situación se encuentran con que sus empleadores se niegan a firmarles un contrato e inscribirlos en la Seguridad Social.

Los casos de fraude descubiertos por las autoridades se multiplican en distintas comunidades autónomas pero quizás, una de las tramas delictivas mas completas fue recientemente desbaratada en Madrid cuando la Brigada Central de Falsedades Documentales alertó de 96 resoluciones falsas de autorización para trabajar en España otorgadas a ciudadanos rumanos.

No se encontraron los titulares de las empresas que habían dado de alta en la Seguridad Social a los inmigrantes con contratos en el sector de la construcción.

Para complementar sus 'servicios' la red delictiva había habilitado pisos de emergencia para facilitar direcciones de vivienda. Todo pensado, o, al menos se pensaba que la indagación no se haría nunca o que los inspectores 'no verían' nada.

Pero Madrid es solamente una, de las muchas piedras con fachada de ayuda, que los inmigrantes se encuentran. Pagan por algo que no siempre les va a servir, y pagan sumas que obligan a sus familias, en sus países de origen, a contraer importantes deudas en la espera de 'las remesas' que no siempre van a llegar.

DE SIETE A 104.000

Ministro de Trabajo y Seguridad Social Jesús Caldera

En el año 2000 se concedieron apenas siete autorizaciones de residencia a inmigrantes por la vía de la reagrupación familiar. El año pasado las regularizaciones por parentesco llegaron a 103.998.

Datos suministrados por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social señalan que el marroquí es el colectivo de inmigrantes que más se han visto favorecidos con esta sección de la Ley de Extranjería. Es también el que tiene mayor número de individuos viviendo en España.

La ley establece que los inmigrantes que residan legalmente en España por espacio de un año y que hayan obtenido permiso para residir al menos durante otro más, podrán obtener la residencia para los familiares directos: cónyuge, hijos y padres.

En total en España hay 158.060 extranjeros que han conseguido su residencia por este proceso.

FACILIDADES PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

Los inmigrantes que trabajen en el campo podrán ser regularizados con el compromiso de los empresarios del sector de contratarlos en el plazo de un año, durante tres meses, seguidos o interrumpidos.

Las exigencias iniciales establecían que los trabajadores del campo debían presentar un contrato por tres meses 'seguidos' de duración a partir del 7 de mayo.

Consuelo Rumí se reunió en Valladolid con organizaciones agrarias que expusieron sus puntos de vista sobre la imposibilidad del sector de otorgar ese tipo de contratos.

La exigencia de los tres meses seguidos resulta materialmente imposible, como se lo explicaron a la secretaria de Inmigración-Emigración, por la sencilla razón de que los inmigrantes son contratados en el campo para campañas que muchas veces tienen una duración inferior a los 90 días estipulados en la normativa.

Generalmente, en el campo la mano de obra inmigrante se contrata para trabajos a término muy específicos como la vendimia, la recogida de la aceituna, de las patatas, de la fresa, entro otros.

No dejan de llegar. No hay día en el que no lleguen a las costas andaluzas. Son de los que se habla, los otros pasan por la frontera con Francia o bajan en los aeropuertos perdiéndose entre la multitud.

¿Cuántos por día?, hoy, solamente en el día de hoy fueron interceptados 63 a bordo de una patera cerca de Tarifas? ¿Cuántos más lograron burlar la vigilancia y llegar a tierra? ¿Quedó esta vez alguno sin arribar a ningún lado? ¿Cuántos están esperando para llegar y camuflarse y camuflarse entre los habitantes de una ciudad, o perderse en los caminos del campo en la desesperación de no encontrar trabajo?

Almería, el sur del norte, marzo 31 de 2005