Ha llegado la hora de que todos nos pongamos de pie y asumamos que es una responsabilidad generalizada
	por Jorge Ruiz Garateguy		Email

            Una política de Arana al frente de la IMM me recuerda una asombrosa paridad con las políticas centrales del gobierno frentista: poner la carreta delante de los bueyes en el diario accionar...

            ¿Recuerdan cuando quisieron desindexar el transporte tan abrumador en la Ciudad Vieja y el Centro? Pues primero pusieron estacionamiento tarifado... hasta ahora no han construido estacionamientos gratuitos debajo de las plazas como en otras ciudades se hizo antes de tarifar... Síntesis: como no hay donde estacionar o es muy caro mataron el comercio que había en esos barrios... Nuestra propuesta es inversa: primero lo primero, el resto después.

            En varias economías el Estado ha hecho lo suficiente para revertir procesos de fuerte deterioro general, recurriendo a métodos alternativos que después no solo fueron probando que eran mejores sino que además contribuyeron fuertemente a la recuperación del país en sus diferentes áreas.

Modelo de EE.UU.

            El Estado norteamericano se presenta como altamente calificador y persistentemente inspectivo, pero adolece de la tarea de ejecución, lo cual no solo da vida a las empresas que prueban ser calificadas, sino que además genera un fuerte desarrollo en muy diversas áreas empresariales de las que el Estado depende pero con características de excelencia a la ejecución, con un control estricto del cumplimiento de los convenios contraídos.

            A modo de ejemplo de lo antes dicho expondremos una realidad de todas, casi todas, las ciudades de nuestro país que están abandonadas y es motivo para un sinnúmero de accidentes.

            El Estado tiene que pagar una fuerte suma por conceptos múltiples vinculados a costo muerto... Es decir, sin hacerse nada ya hay un costo ineludible que crece sistemáticamente, aunque dicho exceso está generalmente vinculado a salarios y otros. Pero la operativa y ejecutiva del sistema es tan escasa que los tiempos pasan, los dineros se van en salario ocioso y en definitiva nada se logra, más que pagar salarios y tener un número muy amplio de empleados públicos que carecen en la mayoría de los casos, de las cualidades más elementales para cumplir la función encomendada.

            Si esa misma tarea la hubiera hecho un agente privado ocurrirían dos cosas:

• El empresario ejecutante intentaría hacer la obra requerida lo más rápidamente posible y ocupando el personal estrictamente necesario. No pondría a trabajar 35 operarios donde se requieren solamente 24, utilizaría solamente el menester e inclusive vería de qué manera operar con 22 en vez de 24.
• Manejaría los términos. Acaso pagar mejor a esos operarios le da mayor ganancia, ya que aun cuando se pague igual o más ello adelanta los tiempos y esto último es vital para emprender una nueva obra. En otros casos la alternativa sería diferente, puesto que pagar más operarios pero ocupar menos tiempo puede llegar a ser rentable según el plan de negocios y obras, lo cual deberá ser presentado y cumplido estrictamente dado que las inspecciones serán regulares y cualquier falta a su compromiso lo inhabilitaría de por vida.

            En ello encontramos que a la sociedad le saldría muchísimo más barato, pues a diferencia de pagar sueldos permanentes solo se remitiría a comprar un servicio puntual.

            La aceleración podría llevar a la carencia de calidad total o parcial que no garantiza el trabajo hecho a la medida y necesidad del Estado.

            Naturalmente que esto podría ocurrir.

            Para ello nuestro asesor en dicha materia, nos ha brindado profusa documentación de como prevé y controla el Estado para evitar que la calidad del trabajo quede comprometida.

            A tales efectos, el Estado contrata personal altamente calificado para que efectúen el contralor de los compromisos.

Es decir, que se maneja con tres tarjetas de calificaciones, sobre una propuesta presentada por el gobierno. Dicha propuesta será producto de calificados ingenieros y cuerpos profesionales adjuntos.

            La tarea de estos profesionales es decidir lo que se pretende hacer, la cantidad y calidad de los materiales y el tiempo que se otorgará para el cumplimiento, para finalmente hacer el llamado a licitación.

            Ninguna compañía que haya sido mal calificada o con alguna obra aún inconclusa podrá presentarse a dicha licitación, de manera tal que se evite la reiteración de adjudicaciones a empresas calificadas como irresponsables o carentes de compromiso (a las cuales se vetará definitivamente) y a todas aquellas que de una manera u otra involucren a los responsables de dicha firma, impidiendo así que para zanjar "impedimentos" los empresarios adquieran nuevas empresas no vetadas.

            También estarán impedidas todas aquellas empresas vinculadas a los profesionales del área de inspecciones gubernamentales o de su propiedad y/o de ciudadanos miembros activos de la actividad política y/o pública.

            De esa manera se evita a rajatabla el flechazo hacia determinadas empresas por el solo hecho de participación directa o indirecta de actores de alguna manera involucrados en el sistema.

            Las empresas deberán ser específicas al ramo: no se podrán presentar Sociedades Anónimas con otras actividades que no sean estrictamente las inherentes a la actividad requerida.

¿Cómo se controla por parte del Estado que el trabajo quede bien hecho?

            Pues controlar si el trabajo se hizo bien o mal una vez acabado es incurrir en el riesgo que se haya hecho mal.

            La clave pues es controlar etapa por etapa. Antes de continuar con la siguiente etapa del proceso, deberá ser inspeccionado en función de lo preestablecido y acordado.

            El inspector que efectúe la tarea determinará si se está en condiciones de continuar el proceso o requiere de un re-acondicionamiento, o si sencillamente la empresa no está calificada para hacer el trabajo.

            En tales casos de trabaja con tarjeta de tres colores: verde, amarillo y rojo.

            En caso que todo esté en orden se expende la tarjeta verde al proceso siguiente; en caso que exista necesidad de reforzar lo hecho y se requiera de ajustes se expende la amarilla, la que determina además un tiempo limite para efectuar dichas correcciones y cuáles han de ser; quedando expuesto a una nueva inspección que determinará si se continúa con la siguiente fase o si se establece la necesidad de cambiar de empresa.

            En caso de que lo realizado no cumpla con las condiciones pactadas se presentará tarjeta roja, lo cual implica la exigencia de desmontar lo realizado en la etapa a controlar y rehacerla nuevamente teniendo además inspecciones frecuentes hasta su presentación, ante la cual en caso de no presentar la calidad y corrección general de la tarea será definitivamente retirada la empresa en cuestión teniendo que abonar el desmontaje y multas por lo realizado.

            La nueva empresa deberá reacondicionar lo hecho desde cero y crear la etapa para calificar. Una vez inspeccionado se mantiene la actividad en función de las tarjetas de color calificadoras...

            Pero inmediatamente me van a decir: pero si una empresa se encuentra en situación de riesgo semejante va a coimear al inspector para garantizarse el sitio que había adquirido.

            Pues en Uruguay sería lo más corriente, es más… ES lo más corriente. Pero en este otro sistema en que tanto ingenieros y profesionales del proyecto a realizar son absolutamente responsables de él, también lo son sobre las acciones inspectivas y punitivas: quienes den una tarjeta no correspondiente serán responsables de los resultados de las acciones de la empresa bajo su control, lo que deberá traer aparejado no solo responsabilidad profesional, como la pérdida del Título Universitario, sino responsabilidad penal ante los cargos que la Justicia Ordinaria podría imputarle (en primera instancia, acto de corrupción menor) con fuertes penas no excarcelables además de tener que cubrir con su patrimonio las pérdidas económicas causadas al Estado.

            Pero… ¿queremos un sistema axial que en Uruguay no permita coimear, cobrar para hacer sombra y que permita a cada uno de nosotros actores políticos tener la seguridad de prometer carguitos en el Estado y robar a cara descubierta sin más riesgo que quedar pegado?

            ¿Quiénes no quieren cambiar esta realidad? Pues los que acumulan votos y fortunas gracias a la estafa sistemática contra el Estado.

            Quienes sí queremos que las cosas se hagan más rápido, bien y más baratas, por supuesto que también queremos cambiar ese sistema, que si bien estuvo sanamente inspirado otrora, nunca dejó de ser lo que ha sido hasta ahora: clientelismo político,  estafa sistemática, falta de realización en tiempo y forma de los compromisos, y un oneroso e innecesario gasto de la Administración Pública lo que siempre significa cargar a quien trabaja, con más incrementos en el sistema de retención impositivo.

            Nuevos y más costosos impuestos para financiar, permítaseme la expresión, la misma jodita de siempre.

¿Qué hacemos con los empleados públicos?

            Mientras se va creando un cuerpo calificado de técnicos requeridos para hacer funcionar el nuevo sistema, se van sustituyendo las vacantes por dichos técnicos.

            Se puede también aceptar que entre los empleados se conformen cooperativas que se podrán presentar a licitaciones y en caso de obtener la adjudicación de alguna obra, sus integrantes deberán darse de baja en la Administración Pública.

¿Se va a eliminar la inamovilidad de los empleos públicos?

            Pues no es la idea, solo que los nuevos empleados públicos tendrán un perfil diferente, el necesario para optimizar el nuevo sistema estatal.

            También consideramos que es mejor adoptar una reducción en el esquema de trabajo reduciendo la jornada laboral a 30 horas semanales, sin reducir los salarios. Esto es necesario para lograr que la gente trabaje en otras condiciones y que en virtud de ello la atención a la tarea sea de maximización del tiempo sobre los recursos.

            Esto trasladado también al orden privado, que hasta ahora ha trabajado con régimen de 3, y en ocasiones hasta con 2, turnos diarios, lo cual conlleva un fuerte deterioro del trabajador.

            Lo que también redundará naturalmente en una fuerte ocupación de mano de obra. Si bien esto puede incrementar los precios al consumo de muchos de los productos, también es cierto que esa misma ocupación generará un fuerte índice de consumo en la cadena, lo cual estará compensando las presuntas pérdidas con mayores ganancias globales.