|
La adbitrariedad antidemocrática en Venezuela
|
por el Dr. Alberto Scavarelli (*) |
|
Email
|
|
|
La salvaguarda de los medios de comunicación social es un deber esencial en las democracias de cualquier tiempo y lugar. Forman parte indivisible con el derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento. Son su instrumento, y soporte expansivo de la opinión, siempre sometida a la responsabilidad de los dichos.
El mas peligroso y frágil de los medios es sin duda el que emplea frecuencias de radio o televisión, porque para funcionar deben contar con la habilitación sostenida y respetada del uso de una frecuencia concedida por el gobierno en cualquier país que fuere, porque estas frecuencias están distribuidas por el mundo desde ONU y son los gobiernos los que las administran y adjudican en uso.
Es verdad que la revolución tecnológica y la digitalización, están abriendo el número de frecuencias a límites poco imaginables hace poco tiempo atrás, pero aun así su concesión en uso es una prerrogativa de los gobiernos nacionales. Una vez concedidas, debe regir un sistema de protección del derecho del medio de comunicación a desarrollar su actividad bajo su responsabilidad cumpliendo la normativa que le rija, pero con las debidas garantías de continuidad y protección de su accionar mas allá de su coincidencia o no con el gobierno de turno.
Cualquier afectación de ese funcionamiento sin que medie el incumplimiento legal o contractual comprobado con todas las garantías, es un acto contrario a derecho y vulnera las garantías democráticas de libertad de expresión.
Hoy Venezuela toda conoce el claro mensaje, sino se es un medio opositor al gobierno, a más tardar al vencer los plazos de la adjudicación se perderá la frecuencia. También ya lo sabe el mundo entero.
Cuando la frecuencia adjudicada cumple los términos, la normativa y los plazos por la que se concedió, lo lógico es que se continúe la actividad de difusión con la renovación de su uso, salvo que se caiga en el peligroso criterio de la arbitrariedad, palabra que en los últimos días se ha burdamente pretendido confundir con discrecionalidad y legitimidad del accionar del gobierno venezolano.
El tener la facultad de hacer algo, no significa que lo que se haga este jurídicamente bien, y mucho menos que sea políticamente correcto en un estado democrático de derecho.
Lo sucedido en Venezuela por estos días, es muy grave. El mensaje es grave y demoledoramente simple. Si al gobierno de Chávez no le gusta lo que alguien diga, habrá de dejar al opositor fuera del uso de la frecuencia un día concedida. Se cierra el medio de comunicación y punto. Así, porque si. Sin procedimientos judiciales que garanticen la defensa de quien se crea por la autoridad que violó las condiciones de la concesión de la frecuencia. Manu militari y otra cosa.
En el caso de la emisora venezolana clausurada por el gobierno de Chávez, la reacción en el mundo no se ha hecho esperar. En este caso además amplificada porque la tropelía era contra el medio mas antiguo y prestigioso de ese país. Aunque esos antecedentes son elementos importantes, desde la perspectiva de los principios de libertad y de protección de las garantías individuales ante la arbitraria clausura parecen accesorios. Lo esencial es que se cierra un medio de comunicación social por abusivo mandato gubernamental y se hace porque no le gusta al gobierno lo que se dice sobre el.
La defensa de la permanencia en la comunicación por quien estaba en uso de la frecuencia adjudicada sin que se le probara violación de leyes o normativas en el ámbito garantista que corresponda, debe ser una posición de rechazo sustentada por el país entero y expresado además oficialmente. Hay temas esenciales, garantías que custodiar celosamente cuya defensa se debe enunciar clara y oportunamente y no pueden quedar sometidas a silencios estratégicos.
Lo que esta mal, mal está, lo que no se debe hacer en una democracia, no debe hacerse y quien lo hace debe saber que los estados de derecho repudian estos inadmisibles procederes.
Con todas las letras, estamos ante un acto de pleno y máximo abuso de poder. Se clausura una emisora al vencer el plazo, porque años atrás su propietario estuvo con quién dio un golpe de estado. Si así se entendió por Chávez. Si se pensó que esa situación de ayer no puede habilitar la permanencia del canal, esa situación debió ventilarse entonces en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes, sin esperar agazapados el vencimiento de un plazo para muchos años después de los hechos, resolver la no renovación de la frecuencia concedida, cuando el mundo sabe que se trata de un medio claramente opositor al poderoso petro-gobierno de Chávez.
No se hizo así, hoy se abusó del poder y las calles expresan impotentes su protesta, mientras el resto del mundo mira la consolidación de la arbitrariedad antidemocrática. Bueno seria que nuestros países tuvieran una sólida y unánime postura intransigente ante estas groseras violaciones de garantías esenciales. Aún es tiempo de hacerlo y sin duda que si así se hiciera nos dignificaría a todos como nación.
(*) Representante Nacional - Partido Colorado.- Uruguay - www.scavarelli.com
|