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Año V Nro. 297 - Uruguay,  01 de agosto del 2008   
 

 
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I.R.P.F.: ¿Racionalidad o testarudez?
por Dr. Jorge T. Bartesaghi

 
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         Sabido es que los impuestos, intrínsecamente, no son ni buenos ni malos, ni justos o injustos. Son simplemente impuestos, meros instrumentos de financiación de la actividad del estado. Como tales, el juicio de valor que en definitiva pudiere caberles quedará unido al destino específico que se otorgue a su producido. Podrá aplicarse éste a inversiones reproductivas generadoras directa o indirectamente de riqueza, o simplemente a gastos, útiles, necesarios e imprescindibles en algún caso, o inútiles y superfluos en otros.

         Por allí seguramente encontraremos una primera aproximación para la evaluación “ética” de estos impuestos. Claro está que no será fácil ubicarnos en un plano se sensatez objetiva por cuanto los impuestos que se vierten a rentas generales, por la propia carencia de destino específico, impiden una juicio de valor sobre su utilidad.

         Consecuentemente, por este camino, en un plano estrictamente técnico, no hallaremos la luz necesaria para evaluar el manido Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Pero existe otra valoración, menos técnica, más sanguínea. La que hace cada uno de los “sujetos pasivos” del tributo, denominación jurídica que identifica a las víctimas de la imposición.

         Uruguayos medios todos, sin demasiado conocimiento sobre tecnicismos fiscales, ni definiciones ideológicas sobre equidad distributiva. Uruguayos que tampoco conocen sobre “constitucionalidades” de normas impositivas, ni saben si el salario puede o no considerarse renta, y que ni siquiera les queda claro que deba contribuir más quien más se esfuerza.

         Pero uruguayos que sienten, que palpan, que sufren la disminución de su ingreso y advierten que esa “pérdida personal” no esta en sintonía con los festejos prometidos.

         El cobro del medio aguinaldo del mes de junio pasado puso en evidencia consecuencias hasta ahora no advertidas por un importante número de trabajadores. Este beneficio salarial determinó para algunos, que por vía del salario regular no estaban afectados por el impuesto, ingresar a la franja imponible, y para otros, cambiar la categoría y reliquidar el impuesto entregando al estado buena parte de su esperado aguinaldo.

         Imaginemos cual ha sido el juicio de valor emitido por el uruguayo medio, sobre las bondades del IRPF y sus pretensiones de equidad.

         Todos estos efectos fueron previstos y denunciados, en tiempo y forma, por el Partido Nacional. Durante la discusión parlamentaria sus legisladores intentaron se aceptaran conceptos que racionalizaran su aplicación, entre otros, reconocimiento de deducciones imprescindibles, su admisión diferencial según las distintas obligaciones familiares, mayores mínimos no imponibles en protección de ingresos sumergidos, y tantas otras sobre las que se hicieron oídos sordos.

         Todo en vano. La fuerza de las mayorías absolutas, que tanto daño le han hecho al Frente Amplio, y por ende al país, operaron con soberbia frialdad bajo la batuta del “sabelotodo” ministro de Economía, quien, con su natural suficiencia académica, convenció a pares y discípulos de las bondades de su reforma.

         Con sereno y pausado tono académico, al que les tiene acostumbrado, aplicó su especial racionalidad deductiva para impedir la más mínima alteración a su proyecto.
Todos confiaron en el ministro, especialmente los más jóvenes, aquellos que no le vieron en el año 84, con aire menos doctoral pero con el mismo racionalismo suficiente, preconizar a voz de cuello que debiera romperse con el FMI, no pagar la deuda externa, establecer riguroso contralor de cambios y nacionalizar la banca, toda, no sólo la extranjera sino también la nacional que sería estatizada.

         Pero quienes no le conocieron entonces no tenían razón para dudar de la sólida racionalidad del ministro.

         Y pasó el tiempo y el impuesto empezó a aplicarse. Mas allá de la preocupación social sufrida por los pasivos, de las idas y vueltas provocadas por la impugnación de inconstitucionalidad, y de los subterfugios utilizados para mantener el tributo a los jubilados amparados por la declaración de la Corte, lo cierto es que los pares y acólitos del ministro empezaron a advertir la inconveniencia electoral del tributo.

         Las aspiraciones, pedidos y exigencias, de variado tono, surgieron como hongos dentro de la fuerza política de gobierno, acorralando al ministro de tal forma que motivaron la intervención directa del presidente para exigirles a los dirigentes se llamaran a silencio hasta determinada fecha.

         El humor del ministro ya no es el mismo. Su habitual racionalidad deja paso a un obcecamiento no menos habitual. Intenta por cualquier vía dilatar decisiones cantadas, postergando soluciones exigidas por la oposición y su propio partido, escudado en su soberbia que no le permite reconocer sus errores.

         Nos preocupa mucho que el ministro Astori, en este tema, sea más obcecado que racional. Tanto como lo fue en el caso Bengoa. Y nos preocupa más aún su permanencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se evidencia la incompatibilidad del cargo con su aspiración de candidato del Frente Amplio.

         Reconocemos su indudable capacidad técnica pero no entendemos como ésta no ha impedido su testarudez. Y menos entendemos aún su pretensión de presidenciable de una fuerza política, absoluta y mayoritariamente hostil a sus concepciones políticas y económicas básicas.

         Sin duda su falta de cintura en el manejo de este tema del IRPF dejará heridas de difícil cicatrización.

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