El Poder Ejecutivo remitió al parlamento un proyecto de ley que modifica la normativa vigente para el ascenso a General del Ejército Nacional.
La iniciativa tiene indudable trascendencia ya que en los próximos meses pasarán a retiro cinco de los actuales quince generales del arma y por lo tanto se renovará un tercio de la totalidad de las máximas jerarquías de la fuerza de tierra, incluyendo al próximo comandante. Que el gobierno se disponga a modificar las normas vigentes poco tiempo antes de que deba ascender a cantidad tan significativa de mandos, no puede dejar de vincularse entre sí. Se hace, notoriamente, en virtud de ello y no como conclusión de un estudio que comprenda todos los aspectos de la carrera militar donde se debe incluir el sistema de ascensos.
Así planteadas las cosas no se debe ser muy suspicaz para pensar que si no se tienen ya los nombres de quienes se pretende ascender, que no encuadran en los requerimientos que actualmente rigen, no se anda muy lejos de ello. La mera sospecha de que así pueda ser le infiere a estos soldados una ofensa que nadie tiene el derecho de proferir y menos el Poder Ejecutivo, porque los profesionales, cuando son buenos, no necesitan el calor oficial para servir a su patria.
El sistema vigente está incluido en el artículo 11 de la ley de Caducidad, que modificó el sistema de cooptación utilizado en la dictadura.
Actualmente el Poder Ejecutivo debe seleccionar a los Coroneles que propone ascender, para lo cual debe obtener la venia del Senado de la República, de entre todos aquellos que estando en condiciones de ascenso ocupen el tercio superior de la lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos. Este artículo combina, equilibradamente, la discrecionalidad del presidente de turno pero acotada al tercio superior de la lista, lo que asegura mayores niveles de experiencia profesional. La modificación impulsada por el gobierno extiende sus posibilidades de selección a todos los coroneles en condiciones de ascenso, es decir con un mínimo de cinco años de antigüedad en el cargo.
En el sistema vigente la lista la integran más de cuarenta coroneles, los más experientes, lo cual no es poca cosa. Pero seguramente allí no están los que quieren ascender.
La propuesta oficialista trae como consecuencia la eliminación del orden de derecha, que construye la verticalidad y la cadena de mando, columna vertebral de la fuerza que en su cúspide es ejercida por el Presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional. Esta regla fundamental ordena una institución que no está para deliberar, sino para cumplir con las directivas que desde el gobierno se imparten.
Primarán, si prospera la voluntad del Ejecutivo, sólo criterios de exclusiva discrecionalidad y no de profesionalidad.
Como sólo se ascenderá por el sistema de selección, es decir por la única variable de la voluntad del presidente, se corre el peligro de que la carrera sea por estar lo más cerca posible del dedo que decide y ello introduce el peor de los elementos en la vida interna del Ejército, que es su eventual politización. Es una invitación para el lobby político, y todos sabemos cuál es el peligro que esto supone.
Nada indica que los sistemas de ascenso no puedan ser modificados, la pregunta es ¿qué Ejército se quiere construir? ¿Del gobierno o Nacional?
No es buena señal esta donde se establece que luego de una carrera extensa, en el último escalón, aquel que lleva a la culminación de la misma, primarán exclusivamente los aspectos políticos. Si el gobierno quiere extender las posibilidades entre coroneles, que lo proponga y que habilite que entre ellos concursen por el ascenso. ¿Por qué el EP defiende el concurso cuando es oposición pero no le sirve cuando es gobierno?
