Coyotes de la Misma Loma por José Raúl González Merlo

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         El ensañamiento de la comunidad internacional en contra del pueblo hondureño es explicable a la luz de lo peligroso que resulta para los políticos, de todas las naciones, que las instituciones democráticas locales le pongan un límite a los abusos presidenciales.

         Jimmy Carter está “decepcionado” de Chávez luego de haber legitimado su elección como dictador vitalicio para continuar asfixiando los derechos humanos de los venezolanos. Hamid Karzai, presidente de Afganistán, gana los recientes comicios en medio de un masivo fraude electoral. Daniel Ortega hace lo mismo al robarse las elecciones municipales y anuncia sus intenciones de eternizarse en el poder. Cristina Kirchner, siguiendo el ejemplo de Chávez, ataca la libertad de expresión en Argentina al publicar una ley contra sus opositores. ¿Alguien dijo pío?

         Pero cuando las legítimas instituciones democráticas hondureñas (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia) destituyen legalmente al ex presidente Zelaya, todo el mundo político pone el grito en el cielo. Quiere decir que la “democracia” solo se defiende si es para preservar a los políticos en el poder, pero no para pedirles cuentas. De no ser la oportuna actuación de las instituciones encargadas de proteger la democracia hondureña, Zelaya podría estar en su propia senda para destruirlas. Lejos de la condena mundial, el pueblo hondureño merece un reconocimiento por su valor y decisión. Fue la verdadera democracia, no el regreso a los golpes de Estado del pasado, lo que prevaleció en el caso hondureño.

         No nos engañemos, los políticos son “coyotes de la misma loma” y en su ADN no está la defensa de la democracia, sino la preservación del poder. Por ello, la instintiva reacción de la “comunidad internacional” ha sido condenar, aislar y penalizar a todo un pueblo por el pecado de aplicarle la ley a su presidente. En medio de esa carrera por condenar a Honduras, ningún gobierno se detuvo a hacerse la pregunta básica: ¿actuaron las instituciones democráticas hondureñas al amparo de la ley? La respuesta fue dada por analistas legales de la Biblioteca del Congreso de EE. UU. Ellos concluyeron en que la destitución fue legal y que la posterior expulsión de Zelaya fue ilegal, lo cual quiere decir que la sucesión presidencial fue hecha dentro del derecho hondureño, pero Zelaya, luego de destituido, debió haber sido conducido a la cárcel, no a Costa Rica.

         Ahora que Zelaya regresó, la comunidad internacional debe dar el ejemplo y exigir el cumplimiento de la ley hondureña. Esto no implica que Zelaya regrese a la Presidencia, sino que sea consignado a los tribunales para que lo juzguen. Es claro que esa opción no es del agrado de los otros “coyotes”, que ven las acciones en esta pequeña nación centroamericana como un mal precedente.

Fuente: Relial

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