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Al pie de Wilson
Javier Garcia |
Las expectativas que generó el gobierno no se cumplieron y por lo tanto ahora cambió la estrategia, condicionado por esta nueva realidad política.
El 1º de Marzo, el presidente de la República en su discurso de asunción en la explanada del Palacio Legislativo expuso su posición y la del gobierno que se iniciaba sobre las violaciones de los derechos humanos acaecidas en la dictadura. Definió cuatro pilares: a) cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Caducidad para agotar la investigación de lo sucedido con los desaparecidos buscando sus restos en los establecimientos militares; b) responder la pregunta ¿qué pasó?; c) publicación de lo que se averigüe allí, y agregó textualmente "no con el fin de llevar a nadie frente a la justicia fuera de lo que establece la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; y d) excluyó de la mencionada ley los casos de Gutiérrez Ruiz, Michelini y la nuera de Gelman.
Desde ese entonces el Poder Ejecutivo llevó adelante una estrategia de vinculación y negociación con los mandos militares y de estos a su vez con quienes habían participado en los hechos. El gobierno transitó esta línea de trabajo con absoluta prescindencia de la opinión de la oposición, no informó y menos consultó al Partido Nacional sobre la misma, hasta hace dos meses cuando se reunió con el presidente del Directorio blanco y sus principales líderes sectoriales para trasladarles lo que venía sucediendo.
El pasado 8 de agosto, el país entero presenció la conferencia de prensa del mandatario junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas donde anunció que había un 99% de certezas de encontrar restos en los batallones, con lo cual el Uruguay tomó nota de la inminencia de hallazgos. ¿Cómo no creer si el propio presidente lo decía?
El Directorio nacionalista, no obstante la falta de hallazgos, emitió una declaración importante el 22 de agosto donde calificó como positivos los avances que se pudieran establecer en el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Caducidad, porque ayudarían a "cicatrizar heridas profundas, que sólo con el tiempo cerrarán definitivamente". El mensaje blanco fue en línea con su actitud histórica.
A pesar de que recorrió sin obstáculos el camino, la falta, hasta el momento, de hallazgos marca un fracaso de la política del Ejecutivo. Tanto contribuimos que ignoramos en su momento, incluso, algunas palabras agraviantes hacia la oposición como lo hizo el propio presidente en la ciudad de Pando en ocasión de un Consejo de Ministros.
Las expectativas que generó el gobierno no se cumplieron, y por lo tanto ahora cambió la estrategia condicionado por esta nueva realidad política.
A partir de esta circunstancia el tema en cuestión no son los derechos humanos, sino el problema político en que se introdujo el gobierno por sus propias acciones.
Para resolverlo envía un proyecto de ley interpretativa, que nada tiene que ver con la posición de Vázquez el 1º de Marzo, sino con la necesidad de resolver la desautorización a la que se expuso por haber dado crédito absoluto a las informaciones que recibió de los militares que participaron en violaciones de los derechos humanos por intermedio de los mandos. Esta es la realidad.
El FA negoció con las Fuerzas Armadas en el Club Naval, y lo hizo nuevamente ahora. La historia no miente, aquella relación levantó polvos que ahora son lodos.
Por ello este no es un tema de derechos humanos, sino político del gobierno por una estrategia equivocada. Para ello envía este proyecto que reivindica la Ley de Caducidad y la modifica al mismo tiempo. Esto es jurídica y políticamente insostenible.
Los blancos no acompañaremos este engendro, entre otras cosas por coherencia y convicción. Además, la ley no incluye lo que ella expresamente excluyó.
Algunos quisieron bastardear, durante años, el sacrificio de Wilson. Pero como la historia no miente, ella nuevamente le da la razón. El caudillo tuvo la visión que sólo los grandes tienen.
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