"OCUPACIONES,
ARMA MORTAL"
por Marcos A. Temesio
El artículo Nº 57 de la Constitución de la República establece que:" La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad".
Nuestra carta magna es muy clara en lo que refiere al amparo de los trabajadores, permitiéndoles por intermedio de los mecanismos legales correspondientes, defender sus fuentes de trabajo y exigir un salario acorde a sus tareas. Pero cuidado, los empleadores también tienen sus derechos, que igualmente deben ser respetados, y a juzgar por la reciente ola de ocupaciones, queda claro que esto no se está llevando a cabo.
Evidentemente, a alguien le cabe la responsabilidad de lo que está sucediendo, y ese alguien no es otro que el propio Presidente de la República, quien el pasado día dos de mayo firmó un decreto que derogó a los decretos 512/966 del 19 de octubre de 1966 y 286/000 del 4 de octubre de 2000. Estas normas facultaban al Ministerio del Interior para autorizar el ingreso de la fuerza pública en locales comerciales, industriales y similares, centros de enseñanza públicos o privados, centros de asistencia médica públicos o privados y organismos públicos ocupados por empleados, obreros, estudiantes o cualquier otra persona, cuando mediara solicitud expresa por parte del titular de la empresa respectiva o de las autoridades competentes de las instituciones en cuestión.
El nuevo decreto establece, en el CONSIDERANDO inciso II, que las contiendas entre particulares o entre éstos y la Administración, deben resolverse ante el Poder Judicial, lo que inevitablemente producirá serias demoras en la solución de los conflictos. Un claro ejemplo es la ocupación que viene sufriendo hace ya mas de una semana el frigorífico Lorinsal S.A., donde decenas de toneladas de carne se echarán a perder si no se encuentra una solución rápida a la contienda, lo que redundaría en una pérdida económica de aproximadamente 100.000 dólares(El País 01/06/2005), según fuentes de la empresa. Imaginemos que esta situación pasara a la órbita judicial, ¿cuánto tiempo demoraría en solucionarse? ¿a cuanto ascenderían las pérdidas de esa empresa para cuando los trabajadores le permitieran funcionar nuevamente?¿qué probabilidades existen de cierre del frigorífico por las pérdidas ocasionadas?¿cuántos obreros quedarían desocupados si esto sucediera?. No puedo creer que ni el señor Presidente de la República ni los trabajadores se planteen estas y otras muchas interrogantes referidas a esta problemática, que indudablemente acarreará muchas pérdidas para las empresas afectadas y en consecuencia para el país.
Por otra parte, el nuevo decreto se basa en lo dispuesto por los artículos 7,32,53,57 y 181 numeral 2º de la Constitución de la República. El artículo 32 dice:"La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieron por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de la variación de la moneda".
De acuerdo a este texto, las ocupaciones son consideradas como expropiaciones, por lo tanto, los propietarios de las empresas que sean afectadas por esta medida, están en todo su derecho de reclamar al estado las indemnizaciones correspondientes, lo que obviamente generará mas gastos para la administración central.
"DESPIERTEN URUGUAYOS, DESPIERTEN", abran bien grandes sus ojos a todas estas medidas que está tomando el gobierno, y a las muchas otras que adoptará durante los próximos cinco años. Cada uno de nosotros es responsable de mantener la democracia en el Uruguay, y para ello es imprescindible que analicemos día a día las actitudes de cada gobierno, para cuando llegue el momento de elegir nuevas autoridades, no nos dejemos engañar por discursos populistas y falsas promesas, que lejos de poder cumplirse son eternas utopías de las cuales el mundo civilizado ya ha logrado liberarse.
