Este material me llegó de una fuente muy importante y en forma confidencial. Debido a la importancia del mismo, lo reproduzco en forma textual, reservándome la fuente.
por Esal Kuete
LA "MALA EXPERIENCIA" DE AGUAS DE LA COSTA (O LO QUE NO SE DIJO O LO QUE NO SE QUISO DECIR)
Mediados de la década de los ochenta: la zona balnearia del Departamento de Maldonado recibía importantes inversiones existiendo un crecimiento acelerado en la construcción de edificios y complejos urbanísticos. La inversión pública en infraestructura no acompañaba la inversión privada comenzándose a observar los inconvenientes que aquélla ocasionaba en ésta.
Es así que los "diarios de la época" criticaban fuertemente la situación del precario sistema de agua potable de La Barra - inexistente en la zona de José Ignacio - y la necesidad urgente de habilitar obras de saneamiento.
El Estado no tenía recursos para llevarlas adelante.
¿Qué hacer?
Se lleva a cabo la primer concesión de los servicios de agua y saneamiento por parte de OSE.
¿Cuáles fueron las "reglas de juego" que fijó el Estado?
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El concesionario debía realizar las inversiones al inicio: crear el sistema de abastecimiento de agua y de saneamiento en José Ignacio, crear el sistema de saneamiento en La Barra y mejorar sustancialmente el deficitario sistema de agua en La Barra.
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Hecho esto, recién tomaría la concesión
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Como única contrapartida tendría la tarifa a recibir de los clientes por espacio de 25 años - duración de la concesión.
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El Estado no contempló ninguna consideración para los clientes, o sea, tanto los organismos estatales - escuelas, policía, entes, etc. - debían pagar su tarifa así como los usuarios, sin importar su clase o condición social.
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Se otorgaría la concesión, a aquélla empresa que, acreditando experiencia (o sea idoneidad) ofreciera las tarifas más adecuadas. O sea, lo que se licitó fueron las tarifas.
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Fue una licitación pública internacional.
Fue así, que en los tiempos estipulados, toda la zona al este del arroyo Maldonado tuvo las obras que el Estado consideró necesarias para asegurar un buen desarrollo y acompañar el crecimiento urbanístico de la zona y asegurando la preservación de los recursos hídricos y los aspectos ambientales de la zona.
Entonces, en estos 11 años que lleva la concesión hagamos una serie de preguntas:
La crítica más fuerte (y quizás la única con algún sustento) es el alto precio de las tarifas que cobra Aguas de la Costa. Y el "concepto" que tiene la gente es que las tarifas son arbitrarias y no reflejo de las inversiones realizadas, de los costos operativos y de los beneficios razonables.
Pero reflexionemos un poco: cada lugar del pais tiene sus propios costos en materia de servicios de agua potable y saneamiento, esto es así ya que cada ciudad o localidad tiene sus particularidades y las fuentes de agua que las abastecen también. Pero la tarifa es igual para todas (con la excepción de Montevideo y zonas balnearias). Esto de las tarifas iguales es debido a que se consideran los "costos" de todos los lugares y eso da un "costo empresa" y luego se divide por la cantidad de usuarios. Y ahí resulta un costo "por usuario". Esto significa que las localidades con "menor costo de servicio" contribuyen para las localidades "de mayor costo de servicio" y eso posibilita que "todos paguen lo mismo".
No fue asi la "regla de juego" que fijó el Estado para los usuarios de La Barra y José Ignacio. La regla fue: que ellos paguen todo el costo de su servicio.
Muchos actores quieren que las "tarifas" al este del arroyo Maldonado, sean iguales al resto del pais. Para ello, es preciso que "alguien" pague más para que los de La Barra y José Ignacio, paguen menos.
Esto es una decisión política y no de la empresa concesionaria.
Estamos hablando de un subsidio.
¿Será razonable que se subsidie a los que tienen casa de veraneo y demuestran una condición socioeconómica mejor que los que tendrán que pagar más?
Esa es la discusión que debemos hacernos ya que, sin lugar a dudas, "el costo del servicio" dado por el privado es menor, o al menos igual, al "costo del servicio dado por el organismo público.
