Libertad de prensa puesta a prueba por John M. Carey (Perfil)

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         El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha generado una profusión de controversias durante sus primeros dos años en el gobierno, sujetando firmemente el control estatal sobre las reservas de gas natural, llamando a una asamblea constituyente y haciendo eco a la retórica chavista anti-Estados Unidos. En medio de todo esto, no es fácil advertir noticias sobre un episodio que amenaza los derechos civiles de uno de los primeros, en Bolivia, entre los defensores de la vigencia de la ley.
           
         El gobierno de Morales ha acusado al ex-presidente Eduardo Rodríguez Veltzé por traición, por subordinar a  Bolivia a una potencia extrajera hostil. La potencia en cuestión son los Estados Unidos, y el caso es una caricatura de justicia. Rodríguez no ha cometido ningún crimen, y el caso, en vez de ser legal, está motivado políticamente.

         El ex-presidente Rodríguez fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y asumió la presidencia (de Bolivia) en junio de 2005, cuando el entonces presidente Carlos Mesa renunció ante protestas callejeras. El mandato de Rodríguez fue guiar el país hacia nuevas elecciones nacionales en diciembre de 2005.

         Él cumplió este mandato, manteniendo la paz y el orden civil bajo las más adversas condiciones, y presidió las elecciones que universalmente fueron reconocidas como libres e imparciales.

Morales versus los tribunales

         Rodríguez sirvió a su país, y el mayor beneficiario fue Evo Morales. Pero el gobierno de Morales está intentando un torpe rediseño de todas las instituciones políticas de Bolivia, incluyendo los tribunales de justicia. Como un permanente defensor de la neutralidad judicial y la imparcialidad en la aplicación de la ley, Rodríguez inmediatamente se convirtió en un blanco del gobierno de Morales.

         La acusación de traición deriva de la cooperación de los Estados Unidos a los militares bolivianos. Es política del gobierno norteamericano desactivar los misiles portátiles tierra-aire (SAM) en toda América. Esta política está respaldada por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional de la Aviación Civil. Hasta 2005, las defensas antiaéreas de Bolivia consistían  en un arsenal de 31 misiles SAM. Estos misiles eran obsoletos y no eran confiables, aunque podían  ser una amenaza en manos de terroristas.

         En octubre de 2005, mientras Rodríguez estaba en el Brasil en una reunión de presidentes, los militares bolivianos transfirieron esos misiles a los Estados Unidos para ser desactivados. Rodríguez no objetó la política general de desactivar misiles. Pero no autorizó la transferencia de éstos, lo que estaba bajo la autoridad de los jefes militares de Bolivia, en coordinación con la Misión Militar de los Estados Unidos en el país.      

Anulado el acuerdo sobre misiles

         Cuando Rodríguez retornó a su país, anuló un acuerdo firmado por el entonces vice ministro de defensa, que autorizaba el pago de us. $ 400.000.- del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como intercambio por los misiles, y convocó al alto mando militar y al ministro de defensa para que presenten un informe completo sobre esta transferencia. El informe dio a conocer que la transferencia no fue autorizada desde arriba, y que no se sujetó a las reglas del procedimiento.

         Entonces el gobierno de Rodríguez presentó una protesta diplomática por la participación de la Misión  Militar de los Estados Unidos en Bolivia en la transferencia de los misiles;  aceptó la renuncia del ministro de defensa, destituyó al comandante del ejército y autorizó una acción disciplinaria contra los oficiales que participaron en la operación.  

         Al mismo tiempo, el calendario de elecciones fue mantenido, y Rodríguez inclusive informó al presidente electo Evo Morales sobre el caso de la transferencia de los misiles. Unos días antes de ser posesionado como presidente, Morales declaró que había sido completamente informado sobre la transferencia, y que a Rodríguez “le habían mentido”.

         Pero después de su posesión, Morales inmediatamente acusó a Rodríguez de traición y el ministro de la presidencia, Juan Ramón de la Quintana, descartó las protestas de Rodríguez contra la manera en que fue manejada la transferencia, por ser irrelevantes, dada la denigrante manera a la que fue sometida Bolivia por varios años. Pese a su considerable experiencia en las cortes de justicia, Rodríguez no estaba preparado para presentar una defensa legal por la letanía de pecados históricos atribuidos a los Estados Unidos contra el país.

Rodríguez es honorable

         Las acusaciones contra Rodríguez buscan dividendos políticos con el atractivo del “antiimperialismo”, desacreditando a uno de los primeros defensores  de la vigencia de la ley en Bolivia. También abrieron la vía a Morales para llenar con sus adherentes políticos los tribunales de justicia.

         Bolivia está ahora viendo la historia de cómo Morales está esforzándose en varios frentes para romper radicalmente con el pasado. Nosotros debemos esperar que el país, en medio de los tumultos, no sea también testigo de una severa derrota de la justicia en el caso de un honorable ciudadano –lo que seria un acto que minaría la fragilidad de las instituciones democráticas que el presidente Morales dice que quiere fortificar.