Un fallo justo y oportuno por Pablo Abdala

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         En nuestra última entrega, bajo titulo “Un fallo necesario”, reclamamos un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre las acciones de inconstitucionalidad entabladas ante ella por miles de jubilados y pensionistas. Transcurridos algunos días dicha decisión se produjo, y nos vemos en la necesidad de destacarlo, con todo lo que la misma representa.

         Por cierto, que la resolución del máximo órgano judicial acoja el reclamo de los pasivos nos produce una especial satisfacción, por razones que después reseñaremos, y por la muy sencilla de que, en favor de dicha demanda, trabajamos con ahínco desde el momento en el que la tristemente célebre reforma tributaria se aprobó. Pero ante todo, por encima de todo, lo que todos debemos celebrar, como resultancia de este episodio, es el pleno funcionamiento de los poderes del Estado, la vigencia de la independencia del Poder Judicial, y la reafirmación del estado de derecho. Y debemos celebrarlo al margen de concordancias o discrepancias con el tenor de lo fallado.

         Los magistrados actuantes resolvieron de acuerdo a su conciencia y, como ellos mismos lo reconocieron, jamás se sintieron presionados. Esto, por la institucionalidad, también es una saludable constatación. Las presiones, si existieron o se intentaron, no provinieron de la oposición, sino más bien del gobierno, o de algunos de sus voceros. Se habló de presuntos delitos, en el seno de la Corte, por haber trascendido el tenor de la decisión; se sembraron suspicacias sobre la conducta de los ministros, insinuándose que votaban en determinado sentido porque, estando próximos a la jubilación, se verían favorecidos por su propia determinación. Expresiones graves y difamantes.

         En todo caso, es claro que la jurisprudencia que se ha sentado, representa un paso certero y firme en el siempre difícil camino de la Justicia. Cuando el Partido Nacional denunció la violación a la Constitución que en este aspecto –entre otros– contenía la ley tributaria, no lo hizo por mera gimnasia opositora, sino poniendo de relieve una realidad incuestionable.

         El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, en su aplicación a jubilaciones y pensiones, representa una ficción jurídica (las pasividades no son renta) consagrada al sólo efecto de incrementar la recaudación. Al consumarla, el gobierno desconoció el amparo que el artículo 67 de la Carta otorga a las referidas prestaciones, y además transgredió el principio de igualdad –en el caso, ante las cargas públicas– establecido en el artículo 8. Un poco más, un poco menos, esto es lo que recoge la sentencia de la Corte, y por eso creemos que estamos ante un fallo justo. Y oportuno.

         Al momento de escribir esta columna, el gobierno no ha dado aún señales claras en cuanto a cuál será su definitiva actitud con relación al pronunciamiento judicial. Más allá de que, como se ha explicado hasta el cansancio, la eficacia de cada resolución es para el caso concreto –esto es, para quienes presentaron la acción– el Poder Ejecutivo debería generalizar los efectos, derogar el IRPF a las pasividades e, incluso, reintegrar a los pasivos los dineros que, en aplicación del mismo, se han venido descontando desde julio del año pasado. Es indispensable para apaciguar la situación y descomprimir tensiones.

         Las razones son conocidas y han sido repetidas. Por un elemental fundamento de equidad y de justicia, no es sostenible en el tiempo que un tributo se les reclame a unos y no a otros, más allá de que en el futuro, con una nueva integración de la Corte, haya o no sentencias contradictorias sobre el fondo del asunto, lo cual, de momento, es mera especulación.

         Por más legitimidad formal que pueda tener el criterio del “caso concreto”, es evidente que, ante lo ocurrido, el nuevo sistema tributario resultó severamente cuestionado y, por ende, deslegitimado a los ojos de la población. Si el gobierno pretendiera salvar su ya menguado prestigio, velar por su credibilidad, y por la del sistema político entero, debería actuar en el sentido que hemos señalado. Si no lo hiciese, se pondrá al borde de la necedad, e ingresará por un complicado camino que podría llevarlo a un creciente aislamiento, con la consiguiente condena popular.

         El Poder Ejecutivo, por tanto, tendrá que estar a la altura de las circunstancias. El Partido Nacional permanecerá vigilante, y así se lo habrá de demandar.