La corrupción en el centro de la escena por Pepe Eliaschev

Permanecer y expandir. Afirmar y consolidar. Hostigar como defensa. Negar como procedimiento central. Estos son algunos de los objetivos políticos oficiales que se pusieron ruidosamente en evidencia en los últimos días agrestes de una Argentina que no cesa de exasperarse consigo misma.

            Nada más digno que defender la propia honra. Al exhibir mercurial indignación por verse salpicado de llamativas denuncias de corrupción, el Gobierno se arremangó y salió a boxear enemigos en medio de la calle.

            Atributo virtuoso: proyecta la sensación de que la gente decente no se calla la boca cuando es ofendida por imputaciones deshonrosas. La contraofensiva oficial, mezcla de emotividad explosiva y diagrama táctico de autoprotección, fue personificada por los dos funcionarios políticamente más prominentes, el Presidente y el Jefe de Gabinete.

            La Casa Rosada venía aguantando en ruidoso silencio la lluvia de proyectiles mediáticos que suscitó el caso Skanska, importante multinacional de matriz sueca que pagó coimas en la Argentina y lo asumió de manera cruda y frontal.

            Investigaciones periodísticas primero y actuaciones judiciales después configuraron un mapa de contornos ineludibles: en el marco de negocios muy importantes asociados con la red de transporte de gas natural, se cometieron ilícitos. Contratistas y proveedores trapichearon cifras muy graves: se habla de casi seis millones de dólares pagados en "comisiones" ilegales, provenientes de la cobranza de facturas extendidas por servicios no prestados.

            En otros términos: se generaron recursos ilegítimos no para mayor riqueza de cobradores de coimas, sino para vehiculizarlos hacia quienes siguen todavía en la penumbra.

            "Corrupción entre privados" salió a decir con su habitual énfasis el Presidente. Subtexto: no tenemos nada que ver, acá hubo ilícitos, sí, pero la oposición le quiere endilgar al Gobierno actos de corrupción que se han perpetrado entre empresas. Nadie tocó ni un peso en el Estado: según la versión oficial, las autoridades miraban un torneo de tenis, apasionados por una pequeña pelota que iba de un lado a otro. En la cancha, y sin que nadie pudiera advertir o hacer nada, los jugadores chapoteaban en la mugre ilegal.

            Pero el Gobierno se desaforó de tal forma que su exclamación airada de inocencia se transformó en uno de esos paradigmáticos goles en contra que caracterizan sus 83 meses de gestión al frente de la Argentina.

            Lo que complica seriamente a las autoridades es lo implausible que resulta imaginar que ni un Ministerio gerenciado con estilo casi castrense, como el de Planificación, ni autoridades regulatorias elegidas a dedo y sin concurso, puedan haber sido sorprendidas en su buena fe, más allá de las proverbiales picardías fiscales a las que es tan afecta la burguesía argentina.

            La pregunta es: ¿puede un Gobierno que monitorea el precio de los rabanitos haberse tragado, sin darse cuenta, el carozo del escándalo Skanska?

            Así, contra las cuerdas, los hombres de la Casa Rosada salieron a repartir. En carambola de libro de texto, Alberto Fernández les dijo a sus compañeros, en el marco de una Cámara de Diputados que parecía el Congreso de Hugo Chávez (los opositores no están), que no sólo no son corruptos los hombres de Kirchner, sino que corrupto en serio es el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman.

            Las razones por las cuales la alegada inocencia del Gobierno en este escándalo es inaceptable, son diversas y se asocian por lo menos a una ley, la 26.095 de 2006, mediante la cual se separan fondos fiduciarios de infraestructura energética y se crean los llamados "cargos específicos" que financiarán obras como la que provocó este conventillo.

            Hay que decir, primero, que estos cargos resultan de una ley nacional. Son gravámenes fiscales derivados de esa misma ley. Además, en dicha ley se afirma (artículo 4°) que "facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a fijar el valor de los cargos específicos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender al repago de las inversiones...".

            No hace falta ser perspicaz para advertir que el Ejecutivo, al fijar montos para repagar, procede con sensatez para proteger sus inversiones adecuadamente y que lo que debe pagar sea justo.

            No sólo eso: el artículo 6° dice: "facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a determinar la asignación de los cargos específicos creados por la presente ley entre los distintos fondos fiduciarios constituidos o a constituirse..."

            En resumen: además de fijar el monto, el Ejecutivo determina hacia donde va ese dinero.

            Esta ley 26.095 fue reglamentada por el decreto 1.216 firmado por Kirchner en 2006, que explicita en su artículo 3°, que "El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios definirá los términos condiciones bajo los cuales calificarán las obras que se ejecuten al amparo de los fideicomisos constituidos por el presente régimen, así como las condiciones de aprobación, supervisión y contratación de las mismas".

            Como si esto fuera poco (y no lo es), el artículo 62 de dicho decreto reglamentario le permite al ministro Julio de Vido elegir "a qué fondo fiduciario se destinará el monto recaudado por los cargos específicos, así como su imputación a la obra de infraestructura correspondiente...".

            Una resolución, la n° 658 de 2004, "delega en el Enargás, con la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas, el control técnico contable del desarrollo de las obras bajo el sistema de financiación de fideicomisos", según admite el sitio web del propio Enargás.

vOtra resolución, la 663 de 2004 de la Secretaría de Energía, reglamenta la contratación de las obras bajo este régimen. Aquí se apoya Alberto Fernández para proclamar que lo que acontece es "un conflicto de privados". Pero en esta resolución, su artículo 5° dice que "La Secretaría de Energía determinará las obras que se efectuarán bajo el fideicomiso de Administración establecido en el Título II de la Resolución n° 185 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 19 de abril de 2004, de acuerdo al presupuesto estimado de recaudación del fideicomiso".

            Pero si los meticulosos quisieran más, aquí va: el artículo 7° sostiene que "en todos los casos se utilizará el procedimiento más apropiado y conveniente, los que deberán ser sometidos por el contratante a la consideración previa de la Secretaría de Energía o quien ella designe, con los fundamentos concretos de la selección adoptada, la cual tendrá un plazo de diez (10) días para expedirse. El silencio será considerado como una respuesta positiva. En caso de que sea negativa, el interesado podrá recurrir la decisión o someter a la Secretaria a un procedimiento alternativo".

            Traducción: la Secretaría de Energía retiene la autoridad sobre la obra y sobre un procedimiento de adjudicación que, la misma resolución 663 de 2004 estipula, debe ser de licitación en cualquier contratación por más del cinco por ciento de la obra.

            La conclusión es inexorable: de acuerdo a la misma reglamentación que hizo el Gobierno, quienes manejan hoy a la Argentina no pueden alegar que las cosas son como son por culpa de las herencias malditas provenientes del pasado"neoliberal".

            La Secretaría de Energía, como se ve, es responsable de las obras de ampliación de los gasoductos, conjuntamente con Enargás.

            El papel del Estado en estos emprendimientos incluye, además, que los fondos que se usan para las obras sean públicos. Asunto decisivo: esos fondos provienen de un fideicomiso. Aunque manejados por privados, eso no cancela el hecho de que se trata de fondos públicos creados por leyes nacionales y manejados y controlados por el Estado, según lo establece la citada ley 26.095. ¿Un conflicto "entre privados?"

            Para que ésta pudiera definirse como una operación privada, habría que superar escollos gravitantes, incluso definiciones básicas de honradez mortal y destreza intelectual. Para el diputado macrista Esteban Bullrich, éste "no es un conflicto entre privados: Skanska es una prueba clara de que existe un sistema de corrupción en la ejecución de las obras públicas nacionales".

            Puede decirse ya que, sea o no ésta la punta del iceberg, el caso Skanska revela obviamente que jerarcas estatales y empresarios privados usufructuaron de la reglamentación y la falta de transparencia para apoderarse de fondos públicos.

            ¿Tendrá Kirchner la voluntad de darles la luz verde a los cirujanos y permitirles que hundan hasta el hueso? En esta nueva puesta en escena de las dimensiones cancerígenas de la corrupción en países como la Argentina (no ser los únicos no es consuelo), se trata de definir si se dejará de permitir que se paguen sobreprecios en la obra pública y si cesarán los permisos políticos para que funcionarios puedan robar impunemente el dinero de los ciudadanos contribuyentes, y en lugar de seguir prosperando cínicamente se los meta en la cárcel.

            Kirchner tiene razón en algo: estos esquemas fiesteros de impunidad fiscal y contable no los inventó este gobierno. Se trata de vetustos y atornillados esquemas de estafa al Estado con "alegría" para privados que lo humillan robando dineros del pueblo. Pero este gobierno proclama su novedad ideológica y su virtud moral. Tiene por eso más deberes que nadie. Sin embargo, enojado y visceral, negándose a informar civilizadamente a la oposición en el Congreso, el oficialismo deja la más sombría de las impresiones. Tapa con vociferaciones lo que no puede explicar. Es igual a lo que hizo con los famosos ¿500? millones de dólares que surgieron de la privatización y cuyo regreso intacto al país nunca se verificó.