23 años de corrupción en Bolivia Prólogo (*) Luis Zavala Castro  (Sociólogo y analista de la corrupción)

“Tiene el gaucho que aguantar / hasta que lo trague el hoyo /
o hasta que venga algún criollo / en esta tierra a mandar”.
Martín Fierro

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos bolivianos que han resultado ser víctimas inocentes y prisioneros de la corrupción, uno de los problemas más críticos y traumáticos aún no resuelto por el sistema democrático, precisamente es el agravamiento de las formas de delincuencia de cuello blanco que han contaminado vorazmente a  todo el espectro de la administración pública boliviana en los últimos 23 años. Definitivamente en la población existe un sentimiento generalizado de frustración e impotencia por  lo que ha venido sucediendo durante las últimas dos décadas al interior de la  instituciones públicas del Estado boliviano. Las grandes expectativas que los bolivianos habían depositado en la restauración de la democracia, desgraciadamente en la practica se han visto frustradas por la proliferación de una gama inagotable de actos  de corrupción que fueron conocidos por la opinión pública a través de diferentes  medios de comunicación social.

En este sentido la distorsión de las funciones públicas ha sido una de las principales causas por las cuales la corrupción en Bolivia se ha convertido en el componente indisoluble del  último periodo democrático que parte de 1982 y que se prolonga hasta finales del 2005.  Si bien se quiso proyectar una preocupación por el debilitamiento del sistema político a raíz del comportamiento desviado de los principales actores políticos, aún no se ha logrado dimensionar la verdadera profundidad de esta tragedia que afectó  de manera directa e irreparable la existencia de  millones de bolivianos. 

En los últimos 8 años, estudios realizados sobre la percepción de la corrupción por “Transparency International” (TI) clasifican a Bolivia como uno de los países más afectados por este  fenómeno social precisamente porque la gente percibe que la corrupción es visible en las diferentes instituciones públicas del  aparato estatal pero además advierte que por lo general los actos de corrupción  quedan en la absoluta impunidad y encubrimiento.

Irónicamente el sorprendente grado de institucionalización y consolidación democrática que se dió en Bolivia a partir del  año 1982 y que finalizó de manera abrupta el pasado 22 de enero de 2005,  no logró reducir las viejas y típicas prácticas de corrupción que constantemente se pusieron de manifiesto al interior del aparato estatal.  Se puede constatar con facilidad que a ninguno de los anteriores  regimenes democráticos les fue posible  diseñar y poner  en marcha una política gubernamental destinada a luchar  de manera exitosa contra la corrupción. Por el contrario, cualquier medida  burocrática que se pretendió adoptar en este sentido,  fracasó de manera rotunda ante lo absurdo  y contradictorio  de las propuestas.  Sin embargo esta profunda crisis y desviación del sistema democrático a pesar de haber dejado una huella profunda en el imaginario colectivo del pueblo boliviano paradójica y desafortunadamente no tuvo su correlato con la realidad porque nunca existió en la ciudadanía una conciencia crítico-práctica sobre la necesidad de enfrentar el problema de la corrupción de manera radical.

El 10 de octubre de 1982, el General del Ejercito Guido Vildoso Calderón,  luego de una prolongada crisis política  e inestabilidad económica que afectó a Bolivia los 5 años precedentes (1977-1982),  entregaba el mando de la nación al Dr. Hernán Siles Zuazo (en ese entonces un político muy popular) quién luego de haber ganado 3 elecciones consecutivas se convertía en el flamante Primer Mandatario de Bolivia en medio de una algarabía casi generalizada de la mayoría de la población. Luego de un prolongado periodo del ejercicio arbitrario del poder político por parte de gobiernos cívico-militares, los bolivianos daban inicio a un nuevo ciclo político, económico  y social  de su historia republicana con mucha esperanza y un marcado optimismo.

Este nuevo periodo constitucional pletórico en promesas e ilusiones se reiniciaba después de casi 20 años de  cruentas dictaduras militares que comenzaron allá por el año 1964 con el golpe militar del General de Aviación René Barrientos Ortuño.  La flamante restauración de la democracia contó con el pleno respaldo de las masas representadas en ese momento ciertamente por las organizaciones sociales y sindicales del conjunto de  la sociedad.  En nombre de la democracia se vivió en todo el país momentos muy emocionantes y de  mucha euforia.

De igual manera el año 1982 el pueblo boliviano  depositaba toda su confianza y aplaudía frenéticamente a los principales líderes políticos con la expectativa de lograr prosperidad pero sobretodo con la expectativa de poder mejorar sus precarias condiciones de vida. Se confió en la implementación de una política social destinada a reducir la pobreza. Había mucha confianza en mejorar la calidad de vida de los sectores sociales que fueron históricamente discriminados, marginados  y excluidos de las políticas estatales durante los respectivos gobiernos de turno.  Se creía que se combatiría la desocupación  con la reactivación de la económica y que reactivando el aparato productivo vendrían mayores empleos. En síntesis, con el advenimiento de la  democracia para los pobres se vislumbraba una  luz de esperanza al final del túnel porque ingenuamente se pensó que  “la clase política emergente”  socializaría la escasa riqueza que generaba el país en favor de los más  desprotegidos del sistema. Pero desgraciadamente absolutamente nada de eso sucedió y por el contrario al igual que hace 30 años Bolivia como Haití sigue siendo el país más pobre de América Latina donde el 65 % de su población sobrevive con menos de $us 2  al día.

El pasado 18 de diciembre de 2005 el carismático líder aymara y dirigente cocalero, Evo Morales Ayma, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS) logra con el 54% de los votos una contundente victoria en las urnas y así la democracia del “cuoteo”  llegaba patéticamente a su fin,  precisamente después de 23 años del ejercicio corrupto y delincuencial del poder por parte de una reducida casta oligárquica, clientelista, patrimonialista y de mentalidad fascista que impuso a rajatabla y sin misericordia un modelo económico neoliberal que con el transcurso de los años  sólo trajo miseria, hambre, desocupación, recesión y cero prosperidad para la gran mayoría de los bolivianos

La presencia constante y obscena del fenómeno de la  corrupción en el sistema político, jurídico y económico del Estado boliviano es uno de los  principales factores sociales que ha venido a perturbar y a degradar hasta límites insospechados la cultura democrática en Bolivia. A causa de la galopante corrupción  que se extendió en forma de pulpo por todo el cuerpo de la administración pública,  los jerarcas de la democracia casi sin ninguna  excepción se convirtieron  en el transcurso de sus gestiones  en un símbolo de la egolatría, el abuso, la angurria y  la corrupción. Gracias a la constitución de espurias “alianzas políticas” para lograr la ansiada gobernabilidad,  tanto en el poder ejecutivo como el poder legislativo y el poder judicial se cuotearon los espacios de poder y se distribuyeron de manera despótica las instituciones del Estado con el único propósito de repartirse a manos llenas los escasos recursos económicos de los que disponía el Estado.

Desde la asunción a la Presidencia de la República del Dr. Hernán Siles Zuazo, el 10 de octubre de 1982 hasta la salida de Eduardo Roriguez Veltzé de la Presidencia  el  22 de enero de 2006, a lo largo de este periodo negro de oscurantismo democrático se sucedieron  de manera ininterrumpida nueve gobiernos constitucionales de corrientes políticas demasiado sui generis. Se concibieron pactos políticos entre agrupaciones políticas de las más diversas y contrapuestas ideologías.  El sistema democrático de   “pactos y repartos”  se redujo simplemente a la consolidación de una estrecha casta política que como aves de rapiña y en nombre de las multitudes dispusieron a su libre albedrío del excedente apropiándose cínicamente de los bienes y recursos naturales y monetarios del Estado en base al fraude, el tráfico de influencias, las trampas, las artimañas y las recurrentes violaciones a la ley.

En nombre de la democracia llegaron a pactar comunistas y fascistas,  en nombre de la democracia “se cruzaron ríos de sangre”  y bajo esta lógica los extremos se unieron únicamente con el propósito de llevar al Estado a su  absoluta ruina.  Fueron ocho los gobernantes (Hernán Siles Zuazo abogado, Víctor Paz Estenssoro abogado y economista, Jaime Paz Zamora sacerdote y sociólogo, Gonzalo Sanchez de Lozada filósofo y empresario, Hugo Bánzer Suárez militar,  Jorge “Tuto” Quiroga ingeniero, Carlos Mesa Gisbert periodista, historiador, escritor, cineasta y Eduardo Rodríguez Veltzé abogado)  quienes traicionaron la voluntad del pueblo y se encargaron de quebrar al país más pobre de América del Sur  y  donde no pasó  ni un sólo día sin que no se haya registrado algún hecho de corrupción. Es decir,  durante los últimos 23 años de la historia boliviana día tras día la ciudadanía se anoticiaba impávida de algún acto de corrupción ligado a uno de los tres poderes del Estado. Y principalmente a esto se redujo el ejercicio pragmático de la democracia en Bolivia a partir del año 1982.

A causa de este enfermo comportamiento,  la corrupción se ha convertido en una realidad cultural  porque el ciudadano ahora suele concebir  este fenómeno como un rasgo típico del mundo que lo rodea. Es estructural y sistémica porque en la sociedad boliviana  existe la creencia generalizada  que la corrupción es la norma de conducta  y el denominador común que reproducen todas las instituciones del Estado y resulta una realidad endémica porque a cualquier nivel de la estructura del aparato estatal se puede constatar que las instancias llamadas por ley para controlar de manera eficaz y transparente los bienes públicos concebidas de la manera perversa como lo estaban  ideadas, no funcionaron jamás.

La mayoría de las instituciones públicas en Bolivia  se manejaron durante este extenso periodo democrático como corporaciones de tipo neocolonial,  instituciones rígidas, monolíticas y verticales de tipo cuasi feudal-familiar donde se consolidó un esquema  institucional muy parecido al de las  dictaduras cívico-militares. Es decir, el amo y señor  todopoderoso que tomaba casi por asalto una institución pública, resultaba ser ó militante del partido ó un allegado ó pariente directo de algun político déspota que se movía en las altas esferas  del gobierno de turno. 

Durante este largo tiempo se consolidó una neooligarquía política-empresarial privilegiada especialmente de banqueros, latifundistas y logieros decadentes pseudo-patriotas que se organizaron  y se camuflaron en diferentes agrupaciones políticas bajo el liderazgo de sus principales dirigentes quienes desde sus organizaciones partidarias armaron un doble discurso para hacerse pasar como portadores y defensores de los valores inherentes a la democracia pero en realidad sólo cuidaban sus intereses de clase y  arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Lotearon al país de mil maneras y lo convirtieron en su propio feudo y parque de diversiones. Ahora aparecen como los únicos dueños del 75 % del territorio nacional.  

El festín fue infinito,  por ejemplo el ex Presidente Carlos D. Mesa Gisbert ordenó que se le pague mensualmente Bs. 40.000 cuando el salario mínimo nacional de un obrero apenas llegaba a Bs 400.  En nombre de la democracia parlamentaria, los partidos políticos tradicionales  se atrincheraron respectivamente en la cámara de senadores  y  diputados para desde allí promulgar leyes de manera criminal  porque  gracias a un sofisticado  mecanismos de contubernios políticos  no sólo que tomaron por  asalto las arcas del Estado  sino que además se subordinaron sumisamente a poderosos intereses económicos  internacionales.

Por lo tanto, una poderosa constelación de intereses políticos, económicos y  jurídicos tanto de orden nacional como internacional,  hicieron  posible que los recursos económicos de los bolivianos en los hechos se concentrará  en manos de una élite política, altamente discriminadora, incestuosa y  corrupta que se encargaba de controlar el circuito económico redondo de las finanzas públicas para posteriormente adueñarse de los mismos sin el menor escrúpulo y la menor vergüenza. Organizaron el sistema financiero con el exclusivo propósito de vaciar las arcas del Estado a través de  préstamos bancarios fantasmas que posteriormente fueron devueltos con dinero de alasitas. Y fue el Banco Central de Bolivia (BCB) la cuna  misma desde donde se engendró y se incubó la gran corrupción.

La desmantelación y destrucción del aparato productivo estatal más el saqueo sistemático de sus recursos naturales fue posible sólo a partir  de la implementación de complejos y a la vez sorprendentes mecanismos de interacción social que finalmente condujeron al despojo del patrimonio del Estado boliviano en favor de empresas transnacionales relacionadas a diferentes rubros de la economía boliviana.

Bajo la organización delincuencial del Estado un reducido grupo social angurriento, egoísta, incapaz  y racista logró adueñarse y disponer arbitrariamente de los gigantescos recursos financieros que eran propiedad de 8.5 millones de bolivianos, pero también destruyó para siempre las ilusiones de un pueblo pobre y subdesarrollado.  Los “demócratas de los años  80” con brutal apetencia  se volvieron especialistas en el arte de mendigar y luego despilfarrar y derrochar a manos llenas  los recursos económicos que disponían las instituciones del Estado.

Poner en funcionamiento toda esta monstruosa maquinaria de la corrupción sólo fue posible gracias al consentimiento, complicidad y constitución de varios grupos mafiosos supranacionales ligados especialmente al poder judicial, a la cooperación internacional, a los círculos empresariales locales y a la cooptación sistemática de los intelectuales bolivianos que curiosamente nacieron en corrientes políticas de  “izquierda”. Fueron estos traidores del movimiento popular disfrazados de demócratas quienes se ocuparon  de estructurar y armar el discurso ideológico y político de esa minoría blanca que gobernó delincuencialmente Bolivia durante los últimos 23 años.  Gracias a la cultura extendida de la “coima” , el soborno y la prebenda también se consiguió el apoyo y respaldo a la democracia de los mandos militares de turno y lógicamente ahí también estuvo el consentimiento piadoso, encubierto e hipócrita de la Iglesia Católica.  Sin temor a equivocarme creo que la palabra  “chantaje” es la que mejor define la idiosincrasia de la corrupción en Bolivia porque  bajo esta simple estrategia se compró  la lealtad y la consciencia de aquellos espíritus críticos incluidos el de los dirigentes sindicales. Por otra parte de manera descarada sistemáticamente se manipuló groseramente la línea editorial de importantes medios de comunicación social comprando la conciencia de periodistas mercenarios que no dudaron un instante en vender su pluma e ideología ante la mirada satisfecha pero también abyecta de sus circunstanciales benefactores. Y así se consolido el circuito  perfecto de la sagrada democracia  y de su hija putativa, la corrupción.

Bajo el eufemismo del “achicamiento del aparato estatal ” y la aplicación del modelo neoliberal, cuyo pilar fueron las privatizaciones o capitalizaciones salvajes de las empresas públicas, producto del trabajo y esfuerzo de millones de bolivianos,  se originó una masiva fuga de capitales, la deuda externa creció a niveles astronómicos,  se  tomaron por asalto las rentas de los jubilados y  los dueños  del poder político y del poder económico en Bolivia lucraron con la miseria de los pobres hasta la saciedad. Por efectos de la corrupción se debilitó al Estado haciendo uso y abuso pérfido y con fines privados del 99% de las instituciones públicas. Robar, robar y robar  fue en los hechos la única consigna que traía la clase política tradicional desde 1982 para hacerse del poder.

Robar fue el sinónimo para definir una democracia de corte marcadamente excluyente y pérfida donde un  pequeña tropa de inescrupulosos delincuentes de cuello blanco y camarillas cupulares agazapados en discursos políticos se apoderaron de  principios nobles y honestos que encarna en si mismo la democracia.  Este tipo de democracia de corte profundamente corrupta, autoritaria y en muchos casos mercenaria,  muy pocas veces tomó en cuenta la opinión del pueblo. Jamás se defendieron los  intereses de la pluralidad y diversidad de los grupos sociales y mucho menos fue posible proyectar principios y valores morales y éticos al conjunto de los ciudadanos. El “pueblo” simple y llanamente fue un desecho, una entelequia, un simple dato estadístico al que había que esquilmarlo las 24 horas del día y  hasta  más allá de los límites de su resistencia. 

Estudio preliminares dan cuenta que por efectos de la corrupción en los pasados 23 años se  habrían desviado de manera ilegal a cuentas personales de los gobernantes de turno y de sus directos familiares y allegados la suma de $us. 20.000.00 millones de dólares.  Se trata de un monto cuya malversación, en un país tan pobre como lo es  Bolivia, cuyo PIB alcanza los $us 8.000.00 millones y tiene un ingreso per cápita de $us 900.00, se constituye ipso facto en un delito de lesa humanidad. Según un estudio de la ONU  cada año mueren en Bolivia 7.000 niños antes de cumplir el primer mes de vida. 20.000 mueren antes de cumplir los cinco años y 70.000 niños sufren de desnutrición crónica.

Definitivamente la traumática transición de las dictaduras militares a la legalidad de la democracia “pactada” en lo concreto no ha  significado una mejora en el uso y destino que debió darse a los recursos públicos y tampoco ha servido para  poner en evidencia aquellas zonas oscuras de aprovechamiento ilícito por parte de los servidores públicos. En los hechos la restauración de la democracia en el año 1982 únicamente ha permitido la efectiva consolidación de una serie de libertades de tipo individual, pero de ningún modo se ha logrado tener la capacidad para ejercer un control  riguroso de las finanzas públicas, a pesar de las múltiples disposiciones legales que actualmente  rigen para el efecto. Mucho menos se ha logrado recuperar los montos malversados como tampoco ha sido posible meterlos a la cárcel a los principales culpables de los actos de corrupción. Ahí siguen campeantes, altaneros y orgullosos paseando sus delitos por las calles  sin la menor vergüenza.

En el contexto de este desangramiento y el despilfarro de los últimos 23 años, inevitablemente se ha  agudizado la distribución desigual entre los pobres y los ricos. Por ello y de cara al futuro, en primer lugar es importante no perder la memoria de nuestra historia reciente y resulta vital recuperar  los recursos malversados y llevar a tribunales comunitarios a los culpables de este holocausto invisible. También es fundamental crear espacios de reflexión sobre la necesidad por mantener los valores comunes que hacen al ejercicio de una verdadera democracia, es decir, mantener la convivencia pacífica con libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y a la hora de distribuir la riqueza  todos los boliviano tengan los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades.

Para concluir me voy con las palabras del reconocido médico, abogado e ingeniero agrónomo catalán, Juan Bialet Massé (1846-1907) que escribió en su Iapidario - Informe sobre las clases obreras en el Interior de la Argentina - :  “ Se qué por este informe voy a recibir críticas, porque la verdad, la imparcialidad, la justicia siempre las provocan, pero no se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano.  Por el contrario, es preciso presentarlas en toda su desnudez, manifestando sus antecedentes con toda sinceridad para aplicar el remedio conveniente. Mucha sería mi satisfacción si de este informe pudieran resultar un nuevo grano de arena en el edificio del progreso nacional”.

            Berlin, 24 de julio de 2006

* El presente artículo constituye el Prólogo del libro de próxima circulación:
 “23 años  de  Corrupción en Boliva 1982-2005” del mismo autor.