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Año V Nro. 367 - Uruguay, 04 de diciembre del 2009
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Luego de haberse logrado que el oficialismo admita la necesidad de sustituir el contaminado padrón de electores que fue la base de los recientes actos electorales convocados por el gobierno, la ciudadanía comenzó a creer que el nuevo padrón biométrico sería invulnerable al fraude. Sin embargo, rápidamente cundió la desconfianza. No todos compartieron la creencia de que, con este nuevo sistema, se había eliminado uno de los principales instrumentos del escamoteo electoral. “La analista política Jimena Costa aseguró que un nuevo padrón biométrico es un gran avance para brindar mayores garantías a futuros comicios. Sin embargo, no garantiza una absoluta confiabilidad, puesto que existen otras irregularidades que afectan a los procesos electorales”. Añadió: “los mecanismo de empadronamiento no son idóneos”, y afirma, anticipándose a lo que acabamos de saber, que se deben “absolver dudas sobre irregularidades con las cédulas de identidad y certificados de nacimiento” que los electores presentaron a tiempo de inscribirse” (ANF 13.04.2009). Si se confirma la manipulación del padrón biométrico –siempre se descubre la artimaña electoral– habrá mayor desaliento y hasta los propios elegidos sabrán que su “triunfo” tendrá el estigma del fraude. Entonces, se habrá alejado todo intento de cimentar la deseada armonía social y, por supuesto, la esperanza de que las elecciones reflejen la auténtica voluntad ciudadana. Sobre los objetivos de la denunciada deformación del padrón biométrico, surgen varias hipótesis: La primera: que el candidato-presidente necesita del fraude para ganar las elecciones de diciembre, lo que no parece previsible ante la realidad de una oposición dispersa y dividida, sin capacidad de obtener el triunfo. La segunda: que el fraude haya sido montado por el gobierno para eludir una posible segunda vuelta electoral, lo que es posible, aunque muy difícil que suceda. Finalmente, la más creíble: el fraude tiene el propósito de lograr los dos tercios de los votos, para controlar los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y, luego, el Judicial, ya muy aporreado. La susceptibilidad y la desconfianza en la imparcialidad, limpieza y corrección de los próximos comicios de diciembre, surge de una muy simple comprobación: el número de electores inscriptos, en pocos meses ha aumentado en tal magnitud que denota la intención falaz de incrementar votos en favor del oficialismo –se menciona 400.000 inscriptos irregularmente de los poco más de 5.100.000 ciudadanos habilitados–, ya que la vía del fraude –esa es la denuncia– fue la extensión de irregulares certificados de nacimiento y de cédulas de identidad, lo que está en manos del oficialismo. Las elecciones del 3 de diciembre próximo tienen singular trascendencia. No se trata solamente de elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Se iniciará la transición del régimen constitucional vigente hasta el 2008, al régimen que fue aprobado en el referendo de enero de 2009 que se basó en un padrón deformado. La tarea será delicada y laboriosa si se desea trabajar efectivamente para diseñar un porvenir que se oriente al bienestar, la justicia y la libertad. De esto depende la vigencia efectiva de la democracia que requiere de contrapesos para que se concilien –como no sucedió en la malhadada asamblea constituyente– intereses, expectativas y esperanzas de todos los bolivianos. Se requiere, asimismo, claridad en la orientación que se da a una elección, porque "un país plenamente democrático requiere información confiable” (Sergio Aguayo Quezada). La imposición o fabricación de votos, revela siempre el subyacente propósito de imponer una autocracia.© Marcelo Ostria Trigo para Informe Uruguay
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