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La batalla del impuesto
por Raúl Seoane |
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Una gran polémica se ha desatado en nuestro país a raíz de la decisión del Ministerio de Economía de crear un impuesto a las rentas personales. Unos que sí, otros que no, y los partidos tradicionales con bastantes discrepancias a muchos aspectos de la ley.
No soy un especialista en impuestos, y es muy probable que la Ctdra. Arce me tire con todo lo que encuentre a mano cuando lea este artículo, pero quisiera expresar mi punto de vista dentro de todas las divergencias que se escuchan actualmente.
Existen varias definiciones de renta, depende a qué tipo se refiera, pero para nuestro ejemplo vamos a utilizar las siguientes tres.
- Precio que el arrendatario paga por el uso del bien arrendado.
- Percepción que recibe un factor de producción por su colaboración en el proceso productivo.
- Es el beneficio que produce anualmente un bien
Un obrero arrenda su esfuerzo, sus horas de trabajo, con el objeto de percibir un emolumento o renta. A su vez, es un factor de producción y por esa colaboración en el proceso productivo recibe una renta o sueldo. Y por último el sueldo es un beneficio que produce anual o mensualmente el trabajo de un empleado u obrero.
Partiendo de la base de que un sueldo o un jornal es una renta por pago de servicios prestados, es lógico que sea gravado con un impuesto. Lo mismo sucede con los jubilados, que si bien no alquilan su esfuerzo, no lo rentan, sí lo han realizado anteriormente y hoy perciben “los intereses” de ese esfuerzo, lo que en definitiva es una renta.
Un impuesto a la renta bien instrumentado, es el más equitativo conocido hasta la fecha en este mundo al que llamamos civilizado. Que la escala impositiva no esté acorde a los menores o mayores ingresos, es algo que se debe reconsiderar, y que debemos exigir, pero si formamos un Estado, si formamos una Nación, todos, absolutamente todos debemos proporcionar nuestra cuota parte para su funcionamiento.
Lo lógico sería que este nuevo impuesto tuviera como contrapartida le eliminación escalonada del Impuesto al Valor Agregado, ya que es uno de los impuestos sociales más distorsivos que existen en la actualidad, porque un valor X, a raíz de sus sucesivas ventas, puede alcanzar valores totalmente distorsionados, beneficiando únicamente al fisco y no al consumidor. Sin embargo es el de más fácil control y verificación y por esta razón la mayoría de los países latinoamericanos lo impusieron. Lo mismo sucede con todos los impuestos que gravan a la venta que, por comodidad fiscal, los gobiernos siguen manteniéndolos y aumentándolos.
Podemos aducir la macrocefalia administrativa de las empresas públicas, de la Legislatura, de los Ministerios, del propio Gobierno, lo que alimenta la voracidad fiscal para pagar sueldos inoperantes, pero de alguna manera debemos mantenerla y exigir al gobierno un minimalismo que hoy no tiene, porque ella es la que maneja y mantiene las instituciones con las que formamos la República. Esto no quita que no debamos luchar para que nuestro gobierno sea eficiente en el manejo de la cosa pública, y el ingreso irrestricto de empleados públicos en las oficinas y empresas del Estado, atenta contra esa eficiencia.
El nuevo impuesto, vuelvo a repetirlo, bien instrumentado y con controles eficientes, crea un panorama impositivo más limpio a los posibles inversores ya que es un impuesto generalizado mundialmente, y al que las empresas están habituadas.
En razón de las dificultades que nuestro país encuentra en el Mercobluff, y sobre todo con los países ¿hermanos?, es imperativo ir corrigiendo todos los impuestos distorsivos para generar un ambiente transparente a las inversiones, y esto es algo que debemos exigir a nuestros gobernantes.
También debemos exigir al gobierno un “detente” en la voracidad fiscal que atenta contra toda nueva inversión, chica o grande, que quiera realizarse en el país. Impuestos más justos y “pagables” debe ser la meta a corto plazo.
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