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Año V Nro. 376 - Uruguay, 05 de febrero del 2010  
 
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La libertad de expresión en las democracias latinoamericanas
por Enrique Santos Calderón

 
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          Tras una década de progreso, hoy se observa un peligroso retroceso en materia de libertad de prensa.

          En América Latina surgieron movimientos izquierdistas después de la revolución cubana de 1959. Durante la década de los sesenta, operaron guerrillas inspiradas en la experiencia cubana en numerosos países. En 1971, el socialista Salvador Allende ganó las elecciones en Chile. En Perú, los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez protagonizaron golpes de Estado e impulsaron medidas de corte izquierdista entre 1969 y 1980. En Panamá, el general Ómar Torrijos dio un golpe de Estado en 1968 para instaurar igualmente un gobierno populista. La guerrilla del FSLN se tomó el poder en Nicaragua en 1979. La respuesta a estos movimientos fue una ofensiva de derecha que entronizó por muchos años dictaduras militares, sobre todo en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. A fines de los años ochenta y ya plenamente en la década de los noventa, se había operado una transición a la democracia representativa en la mayoría de los países.

          El curso de la libertad de expresión refleja esas oscilaciones políticas: los regímenes izquierdistas impusieron fuertes restricciones, a veces brutales, a la oposición como fuerza y como voz. Por su parte, los gobiernos autoritarios enfrentaron a sus opositores con decretos totalitarios que contemplaban encarcelamientos, escuadrones de la muerte y censura previa in situ. Sólo cuando se redactaron las constituciones de las jóvenes democracias, se puso en blanco y negro la inviolabilidad de los derechos humanos básicos, lo cual significó para la prensa el comienzo de un período de actividad de relativa libertad.

          Lamentablemente, en la mayor parte de los casos las instituciones no han enfrentado los desafíos fijados por las constituciones y las normas democráticas y, en muchos de ellos, las democracias en ciernes han dado lugar a regímenes populistas marcados por tácticas de control para acallar las opiniones y visiones de la oposición. Esto se observa hoy claramente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Después de una década de progreso, lo que hoy está en juego es un peligroso viraje en retroceso de la libertad de prensa.

          La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha defendido los derechos humanos en el hemisferio occidental durante 67 años. Su misión se centra en la libertad de expresión y de prensa con base en la premisa de que, después del derecho a la vida, estos pilares claves de la democracia son partes fundamentales del proceso por el cual se identifican y enfocan las violaciones de otros derechos humanos. La labor de la SIP parte de tres preceptos esenciales.

          Primero, la democracia asume que la libertad de expresión y de prensa es una sola; que las normas rectoras no son exclusivas sino relevantes para todos: políticos, activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales o ciudadanos en general. Se hace hincapié en el derecho individual y social a expresar ideas y opiniones y a buscar y recibir información.

          Segundo, estos derechos son derechos humanos inalienables que forman los pilares de una sociedad democrática. En el caso de América Latina, las normas se establecen en tratados internacionales obligatorios para los signatarios de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

          Tercero, en las democracias el gobierno debe responder por sus acciones. Los ciudadanos, por tanto, esperan que los informen sobre las decisiones que los gobiernos toman en su nombre. La prensa facilita este “derecho a saber” actuando como perro guardián en relación con el gobierno, ayudando a que los ciudadanos obliguen al gobierno a rendir cuentas y cuestionando sus políticas. Una prensa libre informa al público, hace que los líderes rindan cuentas y proporciona un foro para el debate de los temas locales y nacionales.

          En América Latina, la consolidación de los derechos establecidos en tratados internacionales está evolucionando pero se halla aún lejos del canon universal. Las restricciones a la transparencia, las represalias frente a las críticas y la impunidad para quienes cometen crímenes contra periodistas constituyen actualmente las tres amenazas más serias.

Restricciones a la transparencia

          Si el papel de la prensa es posibilitar el “derecho a saber” de los ciudadanos, los gobiernos deben conceder a los periodistas el acceso a las reuniones públicas y a los documentos públicos mediante una legislación que los proteja. Desde 1994, 16 países de América Latina y el Caribe han aprobado leyes de acceso a la información, las cuales han reducido, hasta cierto grado, la tradicional “cultura del silencio”. No obstante, las leyes de acceso latinoamericanas distan de ser perfectas. Por ejemplo, en Perú la ley es muy buena; sirvió para obligar al Estado a que revelara las operaciones antiterroristas contra Sendero Luminoso en la década de los ochenta; sin embargo, no puede conseguir que los propios legisladores que la dictaron rindan cuentas sobre sus salarios y gastos operativos. La de República Dominicana exige presentar las solicitudes por escrito, mientras que en otras naciones los trámites de petición son muy onerosos o no existe un tribunal que solucione el conflicto entre el peticionario y el funcionario, o penalice a este último en caso de que se niegue a informar oportuna y adecuadamente.

          Los proyectos de leyes de comunicaciones actualmente en manos de las legislaturas de Argentina y Ecuador son motivo de preocupación; en caso de que se aprueben, tienen el potencial para arreciar el control gubernamental sobre el contenido de la prensa y crear medios estatales. En una democracia, la prensa debe funcionar libre del control gubernamental. Los gobiernos democráticos no tienen ministerios de información para regular el contenido de los periódicos o las actividades de los periodistas, ni tampoco los requisitos de que el Estado apruebe a los periodistas o los obligue a afiliarse a sindicatos controlados por el gobierno. Es cierto que se requieren reformas –muchas leyes existentes reflejan la realidad del pasado, rigen viejas tecnologías y fueron sancionadas por regímenes autoritarios, por lo que deben ser derogadas– y que la nueva legislación debe ocuparse de mantener estándares que no violen la libertad de expresión.

Represalia frente a las críticas

          Un número de líderes debidamente elegidos ha intentado amortiguar las críticas a sus gobiernos fijando limitaciones a la libertad de expresión. Los gobiernos actuales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Cuba y Venezuela, entre otros, han empleado defensas que van desde el método tradicional de acusar a los críticos de desacato, hasta decretar la creación de una agencia de noticias nacional y demandar un consejo federal de prensa. Los regímenes populistas son vulnerables al autoritarismo que, a su vez, alimenta la censura, sea impuesta directamente o autoimpuesta por miedo a represalias.

          La autoridad legislativa rige los códigos penales, que incluyen leyes penales de difamación, leyes de desacato, leyes penales de privacidad y una plétora de leyes que penalizan la diseminación de información cuando incurre en inexactitudes de cualquier naturaleza. La penalización de la difamación sirve solamente para blindar a los funcionarios de las críticas de la oposición y limita la libertad de prensa al imponer la autocensura por temor a represalias o demandas legales. Para su crédito, El Salvador (de manera parcial) y Uruguay despenalizaron la difamación a escala nacional y en México es delito civil en los estados que adoptaron la ley federal del año pasado. En Argentina y Perú se discuten proyectos de ley para este efecto.

          Queda evidente que las decisiones judiciales se basan a menudo en leyes inconsistentes con las normas internacionales y la mayoría no trasciende las leyes y la jurisprudencia locales, por lo que no resultan en veredictos fundados en los términos de las supranacionales Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una excepción significativa es la decisión del Tribunal Supremo de Argentina, adoptada en el año 2007, que prohíbe al gobierno emplear publicidad oficial para penalizar o premiar una publicación por su postura editorial; esto les valió al tribunal y a su presidente, Ricardo Lorenzetti, el Gran Premio Chapultepec 2008.

          Más naciones deben seguir el ejemplo de Argentina. El sistema interamericano brinda jurisprudencia y fallos que establecen mandatos para proteger la libertad de expresión. Los principales son:

1. Las leyes que fuerzan la afiliación dentro de una asociación profesional para el ejercicio del periodismo violan la libertad de expresión al limitar la habilidad de que una voz se pueda escuchar.
2. El derecho de replicar o hacer una corrección, validado internacionalmente.
3. La prohibición de la censura previa, con excepción de la censura previa ligada al entretenimiento de carácter público, “con el único propósito de regular su acceso para la protección moral de la niñez y la adolescencia”.
4. La ilegalidad de las leyes de “desacato” que protegen a funcionarios del gobierno de las críticas, indicando que, por la elección de profesión, se sometían voluntariamente a un mayor escrutinio público que los ciudadanos particulares.
5. El derecho de acceso a la información en manos del gobierno y que las excepciones a las leyes de acceso deben cumplir con la prueba más estricta de servir al interés del público y causar la menor interferencia en el derecho básico de acceso a la información.

Impunidad

          El impacto en la transparencia de la impunidad en los crímenes contra periodistas no debe subestimarse. Además de posibilitar la violencia, pone barreras a las contribuciones del periodismo de investigación como “contra poder”, que obligan al gobierno a rendir cuentas mediante la publicación de información sobre asuntos oficiales de interés público.

          Desde 1987, se ha asesinado a 360 periodistas; sin embargo, México, Colombia, Brasil y Guatemala presentan el número más elevado de asesinatos contra periodistas: 264 en 22 años. De éstos, un pequeño porcentaje de los casos ha visto alguna vez una sala de tribunal. De los casos investigados o a los que hemos hecho seguimiento, se ha sentenciado a los responsables materiales en 86 asesinatos, pero únicamente en siete casos (Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú) los autores intelectuales se hallan tras las rejas.

          En estos países, la extensión de la violencia ha sido uno de los obstáculos principales para el periodismo de investigación. La impunidad no sólo es incapaz de poner fin a esta situación, sino que podría decirse que genera más violencia. Los gobiernos han sido ineficaces en identificar y procesar a los autores intelectuales de los crímenes. Sólo en fecha reciente, Brasil parece ofrecer un panorama diferente. En el 2004, mediante una reforma constitucional, la federalización de los crímenes contra los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y de prensa. Hoy por hoy, Brasil es el país con mayor número de condenas: 21 personas cumplen penas de cárcel por asesinar a periodistas brasileños, de un total de 22 casos.

          Los obstáculos indirectos –resultado de la permisividad de las instituciones débiles– también afectan la libertad de prensa y por ello deben mencionarse:

          Los procedimientos adoptados por las agencias de comunicación del gobierno, por ejemplo, pueden penalizar y premiar. En Honduras, el ahora exiliado presidente Manuel Zelaya rara vez convocaba a ruedas de prensa; en cambio, ofrecía a los medios, de manera informal, información sobre áreas gubernamentales desde las escalas del Palacio Presidencial. Informalidades similares prevalecen en Argentina y Ecuador, lo cual propicia el favoritismo y el acceso a la información a cambio de cobertura favorable. Evo Morales prohibió a la prensa nacional acreditada la participación en sus ruedas de prensa a principios de este año, mientras permitía exclusivamente la asistencia a la prensa extranjera.

          Otro método indirecto de coerción es la distribución de publicidad pública para penalizar o premiar posturas editoriales; la intimidación es una táctica de miedo: hace poco en Argentina el grupo Clarín sufrió ataques contra sus instalaciones y a mediados de septiembre recibió sorpresivamente la “auditoría” de más de 150 agentes fiscales del ente recaudador de impuestos. Las nuevas tecnologías han creado esferas –internet, blogs, periodismo ciudadano– que requieren protección. El control del acceso a internet está en vigor en varios países. En Argentina, más de cien jueces han solicitado a motores de búsqueda como Google y Yahoo que bloqueen las búsquedas sobre nombres específicos alegando, la violación del “honor” y la “privacidad”. Éstos son nuevos métodos de censura que preocupan.

          Una sociedad libre puede prosperar únicamente a través de la libre expresión y el intercambio de ideas, la búsqueda de información y su diseminación, la capacidad para investigar e indagar, para proponer y reaccionar, para coincidir y discrepar, para persuadir y confrontar, para publicar y difundir. Sólo ejercitando estos principios será posible garantizar a los individuos y grupos el derecho a recibir información imparcial y oportuna.

          En América Latina, el objetivo de tener sociedades libres se encuentra bajo amenaza constante debido a las restricciones en la transparencia, la represalia frente a las críticas, la impunidad para los que cometen crímenes contra periodistas y la multiplicidad de recursos, más sutiles e indirectos, para imponer la censura. Resulta vital que eduquemos a los ciudadanos y promovamos en ellos la conciencia sobre de la necesidad de una alfabetización mediática. Uno de los problemas del periodismo en los países que estrenan la democracia es la ignorancia generalizada sobre por qué la libertad de prensa es una de sus características esenciales. No es suficiente que los periodistas estén conscientes de la importancia de este derecho fundamental. La sociedad en su conjunto tiene que entender por qué es tan importante. Esto deviene una cuestión muy seria, especialmente en la actualidad, cuando los políticos y jueces, descontentos con la fuerza de las denuncias de la prensa en América Latina, han estado implicados en esfuerzos persistentes para amputar la libertad de prensa mediante nueva legislación y sentencias de tribunales.

Fuente: Revista Perspectiva

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