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Año V Nro. 376 - Uruguay, 05 de febrero del 2010  
 
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Dr. Marcelo Gioscia Civitate

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por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

 
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         La noticia de la confirmación de la adquisición de dos millones de dólares antes de que se verificara la variación del tipo de cambio, (como consecuencia de la crisis financiera internacional en la vecina orilla) por parte del diputado-esposo-consorte de la Sra. Presidente de la República Argentina, pone  la atención de la opinión pública, no sólo sobre el listado de los “amigos del poder” a que hizo referencia el cuestionado Presidente del Banco Central de esa nación hermana, sino nuevamente, sobre el incremento patrimonial del matrimonio Kischner-Fernández. Incremento que -justo es recordar- por sentencia de sobreseimiento del Juez Federal Oyarbide, se ha considerado lícito y ahora, podría ser objeto de una nueva investigación.

         Salvando las distancias que puedan existir, no se trata en exclusividad de un problema argentino, sino que hace nada menos que al ejercicio de la función pública, y al funcionamiento de los controles legales que debieran contraponerse al poder de quienes necesariamente deben tenerlo y ejercerlo, para actuar al servicio de la Nación (ya entendamos este concepto vinculado a los diversos órganos del Estado, como persona pública mayor, así como a los órganos de cada uno de los gobiernos departamentales).

         Porque a nadie escapa que, el ejercicio del poder o la sola proximidad a quienes lo detentan, puede llegar a colocar a determinados funcionarios públicos en una posición ventajosa con respecto a los demás habitantes de un mismo territorio donde tiene su asiento el Estado al que pertenecen.

         Si entendemos que, “el poder se encuentra en el conocimiento”, tener acceso (en razón del cargo que se ejerce) a un mayor caudal de información con anterioridad a que, formal y públicamente se adopten resoluciones que luego alcancen a la población en general, puede constituir el privilegio de unos pocos. Y, en la medida que signifique un provecho indebido, debiera ser objeto de investigación, análisis y eventual sanción.

         Tener pues, alcance a esta “información privilegiada”, puede llegar entonces a incidir de alguna manera en la objetiva equidad, que debiera presidir la toma de decisiones que se dictan con carácter general, abstracto y obligatorio, por quienes ejercen el poder de imperio propio de los órganos del Estado y se suponen motivadas en el interés general.

         Pero, en una sociedad donde se admite el lucro personal, cabe entonces preguntarse: ¿Debieran investigarse las conductas de los implicados en estos casos? ¿No resulta lícito acaso, buscar el incremento patrimonial sin dañar a otros? ¿Cuál es el límite dentro de legítimas acciones particulares? ¿Cómo se puede llegar a garantizar la probidad de los funcionarios públicos? ¿Cómo garantizar su honradez y el compromiso con su función?

         Bueno es recordar que en nuestro sistema jurídico pre-constitucional, desde las Instrucciones del Año XIII, reconocemos a texto expreso, como veleidosa a la probidad de los hombres y sabemos que “sólo el freno de la Constitución puede afirmarla”.

         Claro es que, el caso que motiva nuestro análisis, nos ofrece un escenario donde los intereses públicos y los intereses particulares, se nos presentan separados por una línea, muy pero muy fina, y es el legislador quien debiera regular la realidad, a fin de poder tener herramientas que permitan determinar responsabilidades y cómo sancionarlas.

         Pero ello, dependerá en gran medida de la conducta que decida adoptar cada uno, en cada caso, así como también de los medios de que se haya valido el investigado a la hora de satisfacer sus propios intereses particulares.

         ¿Será suficiente la condena moral de la sociedad civil frente a esos hechos? ¿No debiera aplicarse al infractor la inmediata destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública? ¿Quién puede llegar a cuantificar el  daño institucional que tales conductas provocan? Se trata nada menos que de la defensa de valores inmateriales, que hacen a la cosa pública y que debiéramos preservar.

© Dr. Marcelo Gioscia Civitate para Informe Uruguay

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