El miércoles se cumplirán 21 años del Pacto del Club Naval. Hay una generación que no había nacido cuando este acuerdo se selló. Miles de uruguayos deben tener una referencia muy vaga, si la tienen, de ese evento, y por lo tanto una comprensión muy difusa de sus contenidos, sus contextos y sus firmantes. No se sienten, tampoco, comprometidos por sus consecuencias. Es legítimo que estos muchachos así lo sientan y que por lo tanto puedan escuchar las referencias a este pacto con la misma poca intensidad que pueden escuchar hablar del abrazo del Monzón, o la batalla de Arbolito. Sin embargo, la diferencia radica en que de este hecho algunos protagonistas y muchas de las autoridades de los partidos que participaron y lo avalaron están vivos, y desempeñan cargos políticos, y una de las colectividades, el Frente Amplio, ejerce el gobierno. Por lo tanto lo que vale para los jóvenes que no habían nacido el 3 de agosto de 1984, no vale para los que estaban sentados en la mesa donde se laudó ese triste episodio. Estos últimos tienen una responsabilidad que 21 años no hacen prescribir.
Las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Frente Amplio, decidieron una salida que supuso concesiones muy importantes. Dos de inusitada gravedad, la primera aceptar que la democracia que se iniciaría iba a comenzar con proscriptos, pero sobre todo con uno, Wilson Ferreira, que por estarlo y ser luego encarcelado sería impedido, por segunda vez, de ser el presidente de todos los uruguayos. ¿O alguien duda de que Wilson iba a ser el próximo presidente? Parecía natural, mientras les convino, que los militares permitieran participar de las elecciones al Partido Comunista y que a Wilson lo metieran preso. Claro, era natural, era lo que habían acordado en el Club Naval.
Lo segundo es que, como los mismos actores dijeron "sobrevolaba" o subyacía, en las conversaciones con los militares, que ninguno iba a ser juzgado por violaciones a los derechos humanos. Fue condición de los militares y fue acordado implícitamente por los partidos intervinientes. ¿O alguien, también, duda que nadie pacta su propia prisión?
Cuando se entró al capítulo de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, empezaron a jugar para la tribuna y el Frente Amplio desconoció, luego de sacar su parte, el acuerdo.
El país entró en 1986 en una escalada de inestabilidad, que tuvo su punto culminante cuando el Tte. Gral. Medina anunció que las Fuerzas Armadas desacatarían a la justicia. El Partido Nacional se hizo responsable de evitar un quiebre institucional e impulsó la llamada ley de caducidad. No lo hizo de regalo, porque estas cosas no se regalan, lo hizo por responsabilidad histórica y por un compromiso que no hace falta que se lo recuerden los que nada entienden de esto. Nos costó mucho, muchísimo. Y al que más le costó fue a Wilson, que tenía el derecho personal, él sí, de mirar para el costado. Pero Wilson nació blanco y blanco murió, y no sabía de irresponsabilidades ni de distracciones democráticas.
Ahora, 21 años más tarde, el tema de las violaciones a los derechos humanos vuelve a estar sobre la mesa. La diferencia es que ahora hay una ley, la de Caducidad, que en el artículo 3 permite discrecionalidad al Poder Ejecutivo para determinar qué casos están incluidos en ella. Es de su estricta responsabilidad manejar esta situación. El Dr. Vázquez no ha consultado al Partido Nacional sobre este tema, no lo quiere hacer. Se vincula sólo con los militares, es decir con quienes hace 21 años su partido compartió la mesa en el Club Naval.
De nuestro lado sólo habrá respeto irrestricto a la Constitución y a la ley. Estaremos del lado del presidente, aunque se equivoque.
Pero el tema no es la ley de caducidad, sino el Pacto del Club Naval.
