EL SOBREENDEUDAMIENTO CONDICIONA EL FUTURO DEL PAIS.
Los hechos y las consecuencias.
En los últimos 45 años, los distintos gobiernos y la dictadura cívico-militar, han acumulado un endeudamiento por encima de la capacidad de la economía; la deuda hoy es del orden del 100% del producto. A corto plazo, la deuda en moneda extranjera es apremiante; de aquí a un año, alcanza a US$ 2,902 millones, y las reservas del BCU (deducidos los encajes) suman US$ 789 millones. La deuda casi cuadruplica las reservas; iguala el PBI, y representa lo que obtengamos por las exportaciones de 4.5 años.
Su pago, además, constituye un cuantioso drenaje de recursos hacia el exterior, en un período con graves problemas sociales para la mayoría de la población del Uruguay.
Por el endeudamiento, el país queda sometido a severísimas restricciones, que condicionaran la corrección de las enormes asimetrías sociales; 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, si consideramos una línea de pobreza que ha sido técnicamente muy cuestionada, y trepa al 40% si tomamos otra línea de pobreza con mayor respaldo técnico. El porcentaje de niños pobres, desde principios de los 90, ha demostrado ser rígido a la baja a pesar de los periodos de vigoroso crecimiento del PBI que se verificaron. Actualmente el porcentaje de niños menores de 6 años pobres alcanza al 56% o al 65%, dependiendo de la línea de pobreza que se considere. Estos guarismos casi duplican los mínimos verificados en 1994.
A esto hay que agregar el alto nivel de endeudamiento interno- sectores productivos y familias-.
En lo social, desempleo, subempleo, informalidad, segmentación y exclusión social, pérdida de la capacidad adquisitiva de salarios y pasividades, deterioro de servicios públicos fundamentales: salud, educación, justicia, vivienda e infraestructura vial, etc. Estamos pues frente a los peores indicadores económicos y sociales de la historia uruguaya.
La primera conclusión, por tanto, es que este endeudamiento no se tradujo en un beneficio para la economía ni para los ciudadanos.
Pero también, y especialmente, nos convoca conocer los mecanismos mediante los cuales los uruguayos llegamos a tales niveles de endeudamiento. Aspiramos a poder determinar, entre todos y democráticamente, si podemos caracterizar como justa a toda la deuda. Vale decir, aquella gestionada acorde a la jurisprudencia; cuyos montos se aplicaron para el objetivo por el cual se contrató; cuyas condiciones y compromisos de pago se podían considerar normales para el momento, y otros elementos de interés.
Por supuesto, esta deuda justa merece nuestro respeto irrestricto. Pero es de principio la transparencia, a fin de que la ciudadanía disponga de los elementos imprescindibles en este sentido.
La segunda conclusión, por tanto, indica la necesidad de realizar una auditoria ciudadana de la deuda externa, democráticamente, a fin de sistematizar “de qué se trata”.
En tal sentido, surgen grandes interrogantes, como guía para el trabajo futuro:
1. ¿quiénes contrajeron los empréstitos?
2. ¿quiénes otorgaron los préstamos y bajo qué condiciones?
3. ¿En que se invirtieron los dineros que hoy componen el endeudamiento?
4. ¿Cómo han sido gestionados?
5. ¿Que dicen los estudios de viabilidad de los préstamos?
6. ¿en qué documentos constan los empréstitos públicos?
7. ¿Cuál es el monto de los pagos ya efectuados?
8. ¿qué deudas fueron contraídas por sucursales de multinacionales o de bancos con aval del Estado?
9. ¿qué deudas privadas fueron transferidas a la carga del erario público?
En definitiva, en la situación actual, debemos hablar de sobreendeudamiento, y del cual la ciudadanía desconoce cómo se llegó a él. El mismo afecta las posibilidades de orientar los recursos nacionales y el ahorro para impulsar la economía por una senda que solucione los graves problemas reseñados. Esta situación tampoco atraerá del exterior inversiones productivas, que son de mediano y largo plazo. Sólo tendremos las de carácter especulativo, que el país no debe aceptar más.
Creemos que es ética y políticamente necesario cuestionar y reclamar la corresponsabilidad de los organismos Internacionales de crédito por los resultados nefastos para el país.
Nuestra dependencia de los organismos Financieros Internacionales comienza con la firma de la primera carta de intención con el FMI en 1959.
A partir de esa fecha la misma ha ido en aumento y paralelamente el país se fue deteriorando- emigración, pobreza, etc.- hasta llegar a los niveles que hoy tiene. La conducción económica del país, hasta el 31 de Octubre de 2004, ha sido avalada por los organismos de préstamo internacionales y los resultados están a la vista.
Los préstamos del FMI, BM y BID, se otorgaron siempre, sin cuestionar el manejo político partidario de la economía. Por lo tanto hay una gran responsabilidad de los gobernantes, pero también de los organismos financieros Internacionales en el endeudamiento.
Esta conducta de los organismos de crédito ha posibilitado que el país llevara adelante, mediante el manejo clientelístico, el modelo de economía desintegrada, cuyos resultados están a la vista. Así el endeudamiento del país se ha convertido en un problema estructural.
Las condiciones de pago y las exigencias del FMI, son siempre las mismas, y en estas condiciones el país no podrá aspirar a un desarrollo sostenible y sustentable, la historia de los últimos 45 años es la mejor prueba.
Para ello se debe recrear el ahorro interno, y para eso es crucial acordar condiciones y mecanismos de pago de la deuda justa, en sintonía con los objetivos nacionales.
La respuesta.
Una respuesta ética, democrática y productiva
Para revertir este profundo daño, hay que combinar la más amplia e informada participación ciudadana, para lograr simultáneamente dos metas inseparables: saber cómo se llegó a ese gigantesco endeudamiento y cómo se construyen metas, instrumentos y caminos para superarlo.
Superarlo éticamente: para erradicar el egoísmo y la cultura del menor esfuerzo, es necesario hacer transparente no sólo la información sobre las deudas contraídas, sino sus propósitos y manejo, en la que participaron uruguayos y extranjeros. Porque, si bien, con responsabilidad y rigor nos comprometemos a honrar los compromisos, esto no debe ser en desmedro de los sectores sociales que han pagado siempre los mayores costos de las crisis y del nivel de inversión que hay que superar.
Superarlo políticamente: haciendo democrático no sólo el conocimiento del proceso de endeudamiento del país, los contratos de deuda que se firmaron, las condicionalidades que se aceptaron, sino su gestión, contenido y propósito, creando instrumentos de participación ciudadana en todos los ámbitos que participen en ello, a la vez que institucionalizando la Auditoria Ciudadana de la Deuda
Superarlo económicamente: trazando planes y metas de desarrollo económico y social, para los cuales se precisan todos los recursos que hoy devora el endeudamiento. El Uruguay Productivo requiere de un sistema financiero volcado al desarrollo, a nivel nacional, local y sectorial, única manera de potenciar la democracia.
Por todo ello, llamamos a la creación de una Comisión Ciudadana para la realización de una Auditoria de la Deuda pública externa e interna.
CONVOCAN
