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Los partidos y la corrupción
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por Dr. Jorge T. Bartesaghi |
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No existe organización social que pueda abrogarse el derecho de asegurar la imposibilidad de que en su seno puedan ocurrir actos de corrupción de cualquier nivel o entidad, y menos aún, que entre sus integrantes no puedan existir personas corruptas, o que, aún sin serlo, con su conducta puedan deshonrar los principios fundamentales de la institución.
Esto, que resulta obvio, es más claro aún cuando de partidos políticos se trata. La amplitud y extensión de los principios que inspiran su existencia, el muy amplio espectro de las definiciones que deben adoptarse, el número de afiliados, adherentes, o personas que rodean su accionar, y fundamentalmente, el siempre peligroso ejercicio del poder, hacen imposible asegurar un patrón ético común que alcance por igual a todos sus integrantes.
Consecuentemente es absurdo pretender que un partido, sector o fuerza política, pueda considerarse inmune contra eventuales actos de corrupción, y menos aún imaginar que sus banderas institucionales cobijan a todos los miembros con un manto de asepsia que impida cualquier contaminación.
Se equivocan quienes crean que los buenos están de un lado, y los malos del otro. Pero más se equivocan los que piensan que se es bueno o malo según se esté de uno u otro lado.
Admitir esta realidad, que no es más que el lado humano de las cosas, impone exigir de los grupos políticos absoluta rigurosidad en sus definiciones programáticas y, especialmente, de las formas y procedimientos aplicables. Un verdadero código ético que vaya más allá de las tipificaciones punibles de nuestro derecho positivo, y que consagre la obligatoriedad de comulgar íntimamente con los valores morales que promueva. Una normativa que no se limite a formas declarativas sino que clarifique responsabilidades y sanciones y, fundamentalmente, que establezca estructuras que velen por su estricto cumplimiento.
En suma, deben ejercitar el contralor y vigilancia necesarios para impedir que situaciones de deshonra individual determinen la deshonra colectiva.
El actual partido de gobierno no ha entendido estos conceptos elementales. Ha pretendido integrar un privilegiado sector de la raza humana que no puede ser rozado por lo espurio, lo innoble o lo corrupto. Y se equivoca. Quienes lo integran son una muestra bastante representativa del uruguayo medio, y por tanto en su accionar probablemente sufrirá los mismos episodios de corrupción que han afectado a otros grupos políticos.
Y será juzgado por ellos pero fundamentalmente será juzgado por la actitud que adopte frente a ellos, es decir si fue o no diligente en la elección y vigilancia de la conducta de sus hombres y, especialmente, si al momento de detectar desviaciones de conducta promovió su investigación y eventual castigo, o bien intentó defender, justificar, proteger u obstaculizar la búsqueda de la verdad.
El Frente Amplio todo, y especialmente el sector que los cobija, no sale bien parado del reciente episodio de corrupción que afecta al Director General de Casinos y al Director de Loterías y Quinielas.
No somos partidarios del linchamiento público de inculpados y menos aún de su condena mediática anticipada, (y bien nos cuidamos de participar en ellos). Obviamente no es el caso que nos ocupa visto el resultado de los programas televisivos que investigaron el tema, y especialmente, las fundadas denuncias realizadas por el Diputado Jorge Gandini ante la Cámara de Representantes.
Aparece entonces como intolerable que el Frente Amplio haya impedido el nombramiento de una Comisión Investigadora, buscando una absurda y lesiva impunidad para quien seguramente no se lo merece. Y nos resulta también comprensible la vergüenza de sus tres legisladores que se retiraron de Sala para no cohonestar con su voto tan tremenda inmoralidad.
La pretensión frentista de comparar este insuceso con la negativa al retiro de fueros del senador Amaro y del diputado Casas, no solo es absurda sino que demuestra una ignorancia supina sobre los fundamentos y esencia de ambos institutos.
Pero “la ignorancia no es un derecho, es un abuso.” (José P. Varela).
Mientras el proceso de desafuero fue un real juzgamiento de sus pares, como lo marca la Constitución de la República, precedido por la información, la investigación, el análisis, el debate, y finalmente la resolución negativa por falta de mérito, la actitud del Frente Amplio fue todo lo contrario: evitar información, investigación, análisis y debate pretendiendo de esta forma ocultar lo inocultable.
La gente no sabe lo que pasa en el Parlamento pero si sabe lo que ocurre en programas televisivos polémicos.
No ha sido el primer caso de corrupción, ni tampoco será el último. Tampoco parece ser el menor, pero seguramente no será el más grande.
El partido de gobierno tiene la ineludible responsabilidad de velar y controlar incesantemente, con rigurosa diligencia, la conducta de sus hombres en el desempeño de la función pública. Debe hacerlo no sólo porque así lo impone su propia esencia ética, sino también porque fue el responsable de evitar contralores que corresponden a las demás fuerzas políticas. Y si de esa vigilancia y contralor surge la mera sospecha de desvíos de conducta, debe habilitar las investigaciones pertinentes, en las diferentes órbitas que correspondan, para así preservar la cristalinidad y pureza de la gestión.
Y cuando de las mismas resulten evidencias palmarias de actitudes dolosas, más allá de resultancias judiciales y aún antes de cualquier pronunciamiento, debe imprescindiblemente separar de sus cargos a estos funcionarios. Sólo así se preserva la dignidad de la función pública, la jerarquía de los partidos políticos y el prestigio de la democracia.
Que el señor presidente reserve ejercitar su promesa de “amputación” hasta obtener una absoluta garantía jurisdiccional, nos parece correcto; pero, por favor, mientras tanto aleje a los involucrados de la “lata”.
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