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Año V Nro. 315 - Uruguay, 05 de diciembre del 2008   
 

Visión Marítima

historia paralela

 
Emilio J. Cárdenas
Los humildes, la seguridad y el “progresismo”
por Emilio J. Cárdenas (Perfil)
 
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         Hace sólo algunas semanas, en la pequeña localidad boliviana de Sacabamba fueron linchados (sí, leyó bien, linchados): Jorge Flores Velarde, de 22 años; Daniel Moisés Quispe, de 25 años; y David Alanes Franciscano, de 16 años.

         Porque presuntamente -todos ellos- fueron sorprendidos en un robo de “peroles” (vasijas que allí se usan para cocinar) de bronce, que tenía lugar en la propia casa del Corregidor local, en la comunidad de Chacuyo. De allí los ladrones fueron llevados -a empellones- a la localidad de Sacabamba, torturados y ultimados cruelmente, a picotazos en la cabeza.

         Los asesinó entonces la gente. O buena parte de ella. Que, en su ignorancia, hizo así “justicia” por propia mano y luego los enterró en una fosa común, en el cementerio local.

         Cuando primero los padres, y después la policía, pretendieron rescatar sus cadáveres, fueron impedidos de hacerlo por los furiosos pobladores, algunos de los cuales estaban bajo la influencia del alcohol, que los rechazaron con piedras, explosivos y palos.

         La policía lo intentó hacer, sin éxito, tres veces. La última de sus intentonas se realizó con un fuerte contingente, compuesto por 25 agentes, a la cabeza de los cuales estaba el propio fiscal que instruye la causa. La precipitada fuga del fiscal y de la policía, cuando fueron -todos- rechazados por la población local fue filmada detalladamente por la televisión local, que mostró a las autoridades en un papel sumamente desairado, que lindaba ciertamente con el ridículo.

         Solo después de semanas los cadáveres fueron entregados a sus familiares. Horrible.

         Sacamba fue entonces calificada por los medios como una “tierra sin ley”. Para la óptica de sus habitantes, no obstante, ello no es necesariamente así. Creen “haber hecho justicia” y piensan que los jueces regulares, en cambio, no la hubieran hecho nunca, fomentando con sus actitudes “progresistas” la reincidencia delictiva.

         “No queremos “su” justicia”, decían al unísono los humildes “comunarios”, casi todos indígenas y de las más diversas edades, que hablan el idioma quechua. “No confiamos, agregaban, en la justicia que libera a los ladrones”.

         “Ya no confiamos en la autoridad”, decían ante las cámaras televisivas. “Hemos agarrado ladrones y los hemos entregado, pero la policía igual los suelta”. Suele ser efectivamente así. Por un conjunto de razones, incluyendo la corrupción.

         “La última vez, especificaron, les dijimos que si uno más sueltan, ya no les vamos a entregar”. Y después hemos visto al ladrón caminando tranquilo. Lo que es inaceptable, dicen. Lo contrario de la justicia.

         Curiosamente, eso es lo que piensan los “comunarios” respecto de su ambiente, a lo que agregan la firme voluntad de no querer vivir prisioneros de un clima delictivo, inseguros, sin que la policía y la justicia cumplan adecuadamente con las funciones que les han sido encomendadas por la sociedad en la que actúan. La cual obviamente “desaprueba” su accionar y, harta, elige un camino atávico, inaceptable, distinto.

         Para pensar. Porque si se desoyen los reclamos de la gente, ésta -frustrada- decide, según queda visto, por su cuenta. Lo que está lejos de ser el ideal para una sociedad que debiera no solamente tener leyes sino también funcionarios honestos, encargados de que se cumplan.

         Cabe preguntarse si la deserción del Estado en el cumplimiento de su deber de asegurar la seguridad personal no es, en buena medida, la que empuja en dirección a este primitivo tipo de reacciones colectivas a una población que expresa -violentamente- su hartazgo sobre las consecuencias cotidianas del “progresismo” y que, cansada, reclama “justicia” a su manera. Quizás porque advierte -y siente- que simplemente no la hay.

         Lamentablemente en los últimos días los “linchamientos” se reiteraron, esta vez en Achacachi con vejaciones y quemaduras previas para los delincuentes a quienes se victimizara. Lo que equivale a torturar, con independencia de quién es la víctima. Así de grave. El tema se está desmadrando rápidamente. Desde el Estado Evo Morales no acierta con ninguna respuesta. Quizás se lo impide el atavismo de sus concepciones.

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Fuente: Fundación Futuro Argentino
 
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