Hasta cuándo y hasta dónde por Gustavo Penadés

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         Asistimos a un nuevo intento de violentar el estado de derecho por parte del gobierno y del Frente Amplio instalado en él. La citación de la Asamblea General, efectuada por Rodolfo Nin, no puede verse de otro modo, a juzgar por las palabras de connotados miembros del conglomerado frentista y por los hechos que han generado.

         La Suprema Corte de Justicia se encuentra abocada al análisis de una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, promovida por la Fiscal Penal Guianze, que asumió el patrocinio de Blanca Stela Sabalsagaray Curuchet.

         En un trámite común, basado en costumbres de larga data, la Corte dio traslado de dicho expediente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque en este caso, tanto la promotora de la acción, como el Fiscal de Corte, se pronunciaron en contra de dicho traslado (para el caso del Poder legislativo, ambos, y para el del Ejecutivo la Dra. Guianze).

         En este procedimiento, como sucede siempre, no debería haber operado más que el pronunciamiento de los servicios jurídicos del Parlamento y de la Presidencia, los que no pasan de informar que no se asume legitimación pasiva en el asunto y no se pronuncian sobre el fondo de la cuestión, el que queda reservado a la exclusiva decisión de la Suprema Corte, para no vulnerar la separación de Poderes.

         Pues bien, las acciones del Frente Amplio en esta emergencia como en tantas otras, están encaminadas a enmarcarse en un asunto eminentemente jurídico y transformarlo en un hecho político, sin medir las perniciosas consecuencias que tal forma de actuar tiene en nuestra institucionalidad democrático-republicana.

         No les importa nada si de sacar réditos políticos se trata, aunque avasallen con ello las instituciones más sagradas del Uruguay y pongan en serio riesgo al estado de derecho.

         Así, en este caso, el Poder Ejecutivo incursionó en ámbitos reservados al Poder Judicial, pronunciándose por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, tratando de incidir -estamos seguros que sin éxito- en el ánimo de la Suprema Corte. Y ahora, se pretende otro tanto con el Poder Legislativo, lo que ha sido dicho sin escrúpulos por legisladores del Frente Amplio.

         "Tenemos que apoyar a Tabaré en este asunto porque él ya se pronunció en contra de la Ley". "Hay que embretar a blancos y colorados en una discusión política, para sacar ventajas electorales".

         Esas y otras son las palabras escuchadas, además de los rumores -no desmentidos- de que se habría alentado a los servicios jurídicos del Parlamento, para que se manifestaran por la inconstitucionalidad, cosa que no logró y por lo que ahora convoca a la Asamblea General. Digámoslo claro: a los blancos no nos duelen prendas por defender una Ley que complementó al rengo Pacto del Club Naval y a la Ley de Amnistía a terroristas y que fue ratificada por la ciudadanía. Ley que permite efectuar investigaciones y condenas, según su art. 4ª, las que no han sido pocas durante este gobierno y que si no se llevaron a cabo durante el gobierno blanco, fue porque no se presentó denuncia alguna.

         A lo que nos rehusamos -y por ello, alentamos a no concurrir a la Asamblea- es a colaborar con un nuevo intento de avasallar al Poder Judicial, con el pretendido peso de un pronunciamiento parlamentario, que nada tiene que hacer en un trámite jurisdiccional.

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