SE ACABÓ
por Graciela Vera
Periodista Independiente

 

ntre denuncias, reclamaciones, rectificaciones e imposiciones transcurrió el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ilegales, con el que el gobierno español pretendió dar una solución a dos escollos que le hacen tropezar diariamente: la economía sumergida y la ilegalidad en la que viven y trabajan miles de extranjeros.

Decimos que pretendió porque si la intención fue buena, que eso queremos creer, el resultado ha sido catastrófico.

Se calcula a grosso modo que actualmente hay en España tres veces más inmigrantes irregulares que en agosto del 2004 y que los extranjeros acogidos a la actual y última regularización de inmigrantes escasamente superan la mitad del número previsto inicialmente.

Al decir última regularización queremos referirnos, más al sentenciado 'última oportunidad', expresado por la Secretaria de Estado para la Inmigración-Emigración, Consuelo Rumí; que a la ubicación que indudablemente le corresponde a este proceso en el orden de las regularizaciones.

-"Que nadie se llame a engaño, porque no habrá más regularizaciones", ha afirmado Rumí asegurando reiteradamente que no volverá a abrirse otro proceso de similares características.

Afirmó también que no existe tampoco posibilidad de prolongación del plazo para la entrega de solicitudes.

Algo más de 500.000 peticiones de regularización han sido presentadas, de las que un 95 por ciento han sido admitidas a trámite. La Secretaria de Estado aspira, según sus manifestaciones, a que la totalidad de los expedientes tengan respuesta antes de terminar el mes de julio próximo.

El sábado 7, último día fijado como hábil para la entrega de solicitudes de residencia y permiso en el marco actual, las 160 oficinas que la Seguridad Social ha destinado en toda España a tales efectos, atenderán de 9 de la mañana a 9 de la tarde, sin perjuicio de que seguirán abiertas hasta que el último inmigrante que aguarde ser atendido pueda entregar su documentación.

Pasado este proceso excepcional, toda regularización se hará por arraigo; con ésto se determina que para obtener papeles deberá probarse fehacientemente, una permanencia de no menos de tres años en España y la tenencia de un contrato de trabajo.

Situación que se tornará difícil para aquellos que no entren en la actual reglamentación, ya que de cumplirse las advertencias gubernamentales la contratación en negro y la permanencia sin autorización en España serán implacablemente perseguidas.

De los casi cuatro millones de extranjeros que vivían (según cálculos estadísticos de distintos organismos públicos y privados) en España antes del anuncio del periodo de regularización, cerca de la mitad se encontraba en situación irregular.

Del resto 580.000 normalizó su documentación en alguno de los seis procesos de regularización extraordinaria que se abrieron desde 1991 durante los gobiernos, tanto del PSOE (Partido Socialista) como del PP (Partido Popular).

Precisamente desde filas del PP se ha criticado con dureza el actual proceso que, denuncia, ha abierto las puertas a la especulación con la que mafias y honrados españoles, han obtenido suculentos réditos de la necesidad y desesperación de los llamados sin papeles.

La venta de contratos, falsificación de documentos públicos y costosos honorarios por la tramitación de papeles dentro y fuera de fronteras, ha hecho de ésta una regularización onerosa y posiblemente cuando se examinen por la Administración los documentos entregados, para muchos inútil.

Desde filas Populares se ha constatado y hecho público la duplicación fraudulenta de tarjetas de sanidad y la paradoja de que un anterior certificado de expulsión, pueda ser justificante válido para obtener ahora la residencia en España.

El cambio de criterios en cuanto a la documentación a presentar para probar la estancia en España desde antes de agosto del 2004, si bien flexibilizó las exigencias que incluían un certificado de empadronamiento anterior a la fecha mencionada, llegó demasiado tarde, con poco tiempo y creando mayor confusión y desorden al aplicarse una figura algo traída de los pelos.

Por otra parte el elevado número de inmigrantes sin papeles que no han podido acceder a la regularización extraordinaria a punto de cerrarse, es prueba evidente que algo sigue fallando en el proceso; exigencias de difícil cumplimiento y empresarios de difícil convencimiento para que acepten contratar.

Como si esta suma de situaciones no resultara suficiente para convertir este proceso, repetimos que consideramos que bien intencionado, en un cúmulo de incongruencias, el informe titulado 'La regularización de la inmigración en Europa' coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Eliseo Aja, señala que la multiplicidad de regularizaciones extraordinarias que ha habido en España en los últimos años, ha generalizado entre los candidatos a emigrar de sus países, que "las vías legales para obtener autorizaciones de residencia y trabajo son poco útiles y lo importante es entrar en el país".

Una situación que según Aja, debilita las políticas serias destinadas a controlar los flujos de inmigración que deberían, a su entender, ocupar un lugar preponderante en las estrategias a largo plazo consensuadas por los principales partidos políticos y actores sociales.

Y a todo esto España incumple abiertamente los Tratados internacionales que tiene firmados con prácticamente todos los países iberoamericanos, dando la cínica excusa de que hacerlo sería 'abrir la puerta', http://www.uruguayinforme.com/news/30072004/30072004veraentrevista.htm Tratados que con distinta terminología, pero llevados al mismo sentido práctico, otorgan a los ciudadanos de cada uno de los países firmantes derechos de trabajo, residencia y económicos equiparables al del país más favorecido.

Cláusulas que por muchas décadas abrieron sin cortapisas las puertas de América a miles de emigrantes españoles.

Jurídicamente los Tratados Internacionales tienen un rango legal que prima sobre las leyes ordinarias y, si bien España al integrarse a la CE acata la legislación de ésta, los Jueces y el Tribunal Supremo de este país, han dado razón a aquellos inmigrantes que se han acogido a los Tratados para reclamar sus derechos por la razón de que la Ley generalmente contempla los derechos adquiridos por anteriores privilegios.

A todo esto y mientras por las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de España siguen ingresando extranjeros con la decisión tomada de permanecer aquí con, o sin papeles, el 7 de mayo se cierra el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria ¿la última? y comenzará una cuenta atrás en cuanto a conocer el resultado real de la operación.

Contratos falsos representan inmigrantes sin trabajo; inmigrantes legales sin trabajo significan gastos extras de los servicios de atención de personas en paro y erogación de ayudas oficiales desde las arcas hacia trabajadores que no han aportado anteriormente al Estado.

Rechazo de las solicitudes significa deportación; deportación significa gastos para reenviar los inmigrantes a sus países de origen, siempre que éste los acepte porque muchos ilegales tienen nacionalidades de países que no han firmado acuerdos de repatriación.

¿Se encontró realmente una solución al fenómeno inmigratorio? Mi sincera y personal opinión es que no.

Almería, el sur del norte, 05/05/05