Una histórica hermandad en jaque
	por Dr. Alberto Volonté Berro

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            La hermandad de Uruguay y Argentina, producto de una historia compartida, es aceptada sin discusiones. Esa realidad compromete a los respectivos gobiernos, que deberían actuar, por lo menos, como amigos. Con esa convicción, asistimos con asombro y consternación a los recientes sucesos.

            Una persona de Gualeguaychú, que no tiene más relevancia o representatividad que la de pertenecer a una asamblea ambientalista, opinó que pueden existir personas que, actuando por fuera de las organizaciones sociales, sean capaces de perpetrar actos terroristas contra las instalaciones de Botnia en Fray Bentos. Tales declaraciones se conocieron apenas por mediación periodística y dieron pie para que el presidente de nuestro país, en pleno Consejo de Ministros, afirmara que a los asambleístas, a quienes anteriormente calificara de piqueteros, ahora los definía como terroristas.

            Inmediatamente el gobierno argentino reaccionó entregando al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, dos notas con diferencia de pocas horas. La primera, se basaba en las declaraciones personales de tres señoras integrantes de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, que se encontraban sobre el puente que une a ambas naciones. A kilómetros de distancia de las instalaciones de Botnia, las referidas damas aseguraron haberse visto afectadas por una supuesta “nube tóxica” que se originó en la planta de Botnia donde, efectivamente, se produjo un “vuelco de sulfuro de sodio, material de la consistencia del talco (que) voló a unos 25 metros y no más”, afectando levemente a tres operarios, según las explicaciones ofrecidas a la prensa por el Ministro de Trabajo de Uruguay.

            Es importante destacar que el referido material, utilizado en la etapa final de la construcción, no tiene relación alguna con los desechos del Cloro que, según los asambleístas de Gualeguaychú, producirán perjuicios al medio ambiente cuando funcione la planta de celulosa.

            Ambos gobiernos llevan al nivel de protesta diplomática, versiones periodísticas o denuncias de parte interesada, que no tienen el suficiente sustento probatorio como para incluirlas en documentos que constituyen insumos jurídicos y políticos para las cortes internacionales o los organismos como las Naciones Unidas o la OEA. Hay que meditar mucho lo que se va a afirmar en una nota de protesta, algo que no hicieron en este caso los gobiernos de Uruguay y Argentina, salvo que ya no se consideren amigos.

            No termina allí la lista de errores diplomáticos. El embajador Patiño Mayer, al recibir la nota de la cancillería uruguaya, se tomó la libertad de criticar su contenido, lo que motivó la inmediata y merecida respuesta del Presidente del Directorio del Partido Nacional, Dr. Jorge Larrañaga. Un embajador jamás debe opinar sobre el contenido de una nota que, por su intermedio, la cancillería del país donde es residente le envía al gobierno que representa. Sus comentarios, por lo tanto, significaron un verdadero desborde, impropio de un embajador, y es de esperar que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay le haga el llamado de atención que corresponda.

            El texto de la nota de protesta uruguaya no fue difundido oficialmente. La prensa apenas reprodujo algunos pasajes. Entre ellos se afirma que el gobierno argentino “no está actuando acorde a sus compromisos asumidos internacionalmente en la lucha contra el terrorismo”. Es una acusación gravísima en el contexto que vive hoy el mundo entero (especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001), e insólita tratándose de un gobierno amigo y de un país hermano.

            El diferendo entre Argentina y Uruguay no había hecho perder la calidad de amigos a sus gobiernos. Es cierto que ambos marcaban sus diferencias, en algunos casos con acidez y pasión, pero se cuidaban de no dar ante sus respectivas sociedades la impresión de que se habían convertido en enemigos. La controversia se mantenía acotada al tema específico que la había provocado: la instalación de Botnia en las márgenes del Río Uruguay y los cortes de puentes binacionales por parte de ciudadanos argentinos. Pero la acusación uruguaya, claramente inamistosa, entró en un terreno ajeno al contencioso en cuestión y golpeó donde más podía dolerle al gobierno vecino. No olvidemos que la nación argentina ha sufrido en carne propia los crueles embates del terrorismo internacional.

            Uruguay no podía pasar por alto no podía pasar por alto las declaraciones inquietantes, emitidas a título personal por un ciudadano argentino y reproducidas por los medios de comunicación. Pero, hay formas inteligentes, políticas y diplomáticas de pedir al gobierno vecino de que cualquier insinuación de un acto terrorista dentro de sus fronteras, pero con repercusiones en nuestro teritorio, deben impulsar medidas contundentes para impedir cualquier consecuencia irreparable. 

            Habitualmente, esa vía discreta, queda a cargo de los embajadores. Desconozco qué actividad ha desarrollado en todo este problema el embajador Bustillo ya que la prensa nunca nos da noticias de lo que hace. El prudente silencio que envuelve su gestión, es digno de destaque.

            Por otra parte, si la cancillería uruguaya actúa en forma tan directa, debo pensar que ha ocurrido una de estas dos cosas: El embajador Bustillo ya hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades y, por lo tanto, agotó todos los recursos a su alcance, o sencillamente fracasó en su tarea como Jefe de Misión y ha quedado automáticamente sustituido por la cancillería que actúa ahora en forma directa. En cuanto al embajador argentino en Montevideo, por el contrario, sobreactúa con verdadera imprudencia.

            Uruguay, entonces, prescinde de los discretos oficios de la diplomacia y apela a una apresurada protesta formal por escrito. Todo esto ocurre, a pesar de que los servicios de inteligencia del Estado uruguayo (según difundió también la prensa) descartaron por el momento un posible acto terrorista. Ante la proximidad del inicio de las operaciones de Botnia, esos servicios policiales estiman que se acentuará el discurso violentista de los elementos radicales de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, pero no prevén que pasen a los hechos. Y peor aún, alertan sobre la posibilidad de que ocurra, en nuestro propio territorio, algún episodio efectista dirigido a dejar en ridículo al gobierno uruguayo.

            Por su parte, el gobierno argentino responde inmediatamente con una nota en la que afirma que "no es con este tipo de manifestaciones efectistas e irreflexivas que pueden sentarse las bases para una solución de la controversia que mantienen nuestros países: todo lo contrario, tales manifestaciones sólo contribuyen a agravar las fuertes tensiones ya existentes" y califica de "emprendimiento ilícito" al de Botnia. O sea, acusa al gobierno uruguayo de complicidad con una ilicitud, cuando es el Tribunal de La Haya quien debe fallar al respecto.

            Ambas cancillerías dejaron por escrito y en forma irreversible lo que debió discutirse con discreción diplomática, para preservar el clima de fraternidad entre ambas naciones. Están poniendo en serio peligro una hermandad que tiene raíz histórica y que debería ser uno de los pilares de nuestra política internacional, tal como la concibió el Dr. Luis Alberto de Herrera: Por su orden, defensa de los intereses nacionales, entendimiento claro con los países fronterizos, hermanamiento con la región, e incorporación e integración al mundo. Estamos fracasando en la segunda condición imprescindible de nuestra política internacional.

            Lo más triste es que, en este conflicto, Uruguay tiene toda la razón. Pero, desde el 5 de mayo de 2005 no acierta en la forma de demostrarla y ahora, con este apresuramiento arriesga a perder su reconocimiento. No se trata ya de un problema de entrecasa. Por el contrario, el gobierno uruguayo se ha ocupado de que su apresurada nota de protesta, fundamentada en declaraciones periodísticas de personas que nada representan, llegue a los organismos internacionales (ONU y OEA) y a la Corte Internacional de Justicia, donde, precisamente, se está dilucidando la controversia binacional. No se debió hacer. Debemos privilegiar los buenos oficios del Rey de España y su tarea de facilitador. En los primeros días de noviembre, en Chile, se llevará  a cabo una nueva cumbre iberoamericana. Y, entre otros mandatarios estarán nuestro presidente, el Dr. Tabaré Vázquez y el presidente argentino, Dr. Néstor Kirchner. Si ambos no tienen gestos elocuentes de un próximo entendimiento es muy posible que el Rey de España de por terminada sus funciones de facilitador del diálogo. Sólo quedará el fallo de La Haya, que nos será favorable, pero que no garantizará el retorno a la histórica hermandad, propia de gobiernos amigos. Y seguiremos sin cumplir una de las esferas claves de la política internacional que nos enseñó el Dr. Luis Alberto de Herrera.