La libertad de prensa sigue estando amenazada en Ecuador por Emilio Cárdenas

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          Los clásicos regalos de fin de año no son siempre necesariamente sorpresas agradables. Así lo confirma ciertamente lo que acaba de suceder en Ecuador con relación al controvertido “Proyecto de Ley de Medios de Comunicación” que se debatía en el seno de su Parlamento.

Un saludable, pero efímero, consenso

          De corte originalmente “bolivariano” -esto es claramente restrictivo de las libertades de prensa, opinión y expresión- el proyecto aludido había sido consensuado y moderado por el oficialismo con los legisladores de la oposición, lo que es absolutamente inusual para cualquier “bolivariano” auténtico, acostumbrado al “discurso único”. Los legisladores habían decidido avanzar juntos y así hasta enfrentar, en conjunto, un eventual veto presidencial a su proyecto, que no podía descartarse conociendo el grado de autoritarismo que caracteriza al Presidente, Rafael Correa.

          La legisladora Lourdes Tibán, del movimiento indígena Pachakutik, nuevamente enfrentado a Correa, había advertido a todos (con el eventual “veto” del Ejecutivo en mente) que no se puede considerar al Ejecutivo como si fuera legislador, permitiéndole alterar o desajustar abiertamente el proceso legislativo, ni intentar convertirse, de hecho, en co-legislador. Para pensar hasta en la Argentina. Estaban disponibles hasta los 83 votos que son necesarios para “insistir” desde el Parlamento con el proyecto, dejando así de lado el “veto” del Ejecutivo, si ocurriera.

          Lo consensuado fue que el Consejo de Comunicación a crearse en virtud de la nueva ley no tendría, ni representantes del Poder Ejecutivo, ni facultades para suspender o clausurar a un medio. Tan sólo podría suspender a un programa determinado. Pero nunca al medio, y siempre y cuando ello fuera necesario por razones de seguridad nacional, de orden público, o vinculadas a la salud o a la moral pública; todas ellas son razones graves, expresamente previstas en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. También podría suspenderse en casos en los que se promueva la discriminación racial o de género, o se haga apología de la violencia.

          Con esto Ecuador había logrado algo que no se pudo alcanzar en la Argentina, esto es consensuar el tema con la oposición, en lugar de pasarle la topadora e imponer a toda costa la visión del Ejecutivo.

Una fractura imprevista

          Quizás con el propósito certero de dinamitar el importante acuerdo alcanzado, Correa dio sorpresivamente un paso tan grave como sorpresivo: el de suspender por tres días la señal de la independiente estación televisora de noticias: “Teleamazonas”, con la que la relación del gobierno es, desde hace rato, bastante compleja, desde que no se rinde al papel de obsecuencia que se pretende para ella desde el riñón de Correa. Además, se canceló la licencia de la radio amazónica La Voz de Arutam, que tampoco estaba “alineada” con la visión del Ejecutivo.

          Ambas noticias llegaron curiosamente cuando el proyecto de ley estaba ya siendo debatido en el Congreso. Esto cayó “como balde de agua fría”. Mal, entonces. Particularmente porque se sumó a expresiones públicas, duras y contemporáneas, de Rafael Correa absolutamente contrarias a la libertad de expresión. Una vez más.

          ¿Qué había dicho “Teleamazonas”, que motivara la dura medida de suspensión? Que “la explotación del gas en la isla Puná preocupa a sus habitantes, ya que el 90% de ellos vive de la pesca y se les ha comunicado que ese trabajo queda suspendido por alrededor de seis meses”. Para el gobierno, eso es “causar conmoción nacional”. Increíble. Quizás porque la empresa que busca gas natural es la petrolera estatal venezolana PDVESA, la dueña del circo, según algunos.

          “Teleamazonas” había ya recibido dos sanciones previas. Una, por difundir imágenes de una corrida taurina, que originó una multa de 20 dólares y, otra, por advertir acerca de la existencia de un supuesto centro clandestino en el Consejo Nacional Electoral, que derivó en una multa de 40 dólares.

          Lo cierto es que el diálogo entre el gobierno y la oposición sobre esta delicada cuestión está interrumpido; el trámite del preocupante “Proyecto de Ley de Medios de Comunicación”, “en fojas uno”; dos medios independientes sancionados; y Ecuador en la incertidumbre, con todos aquellos que desconfían de la vocación democrática de Correa sumamente preocupados. Y no sin razones.

          Mientras tanto los medios públicos (del Estado) que son ampliamente mayoritarios en Ecuador siguen repitiendo hasta el cansancio los mensajes diseñados desde el poder político. Los de “Telesur” y otros del mismo tono y orientación.

Fuente: EDE

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