Cristina y los 12 apóstoles por Carlos Marcelo Shäferstein

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Se han producido más de 21.555 atentados de las organizaciones terroristas de extrema izquierda.
Cuando yo era militar, tanto el Ejército Argentino -como todos los ejércitos civilizados del mundo- siempre fueron un medio catalizador donde se convocaba a todo tipo de personalidades de la población, que vertían en un molde común en un intento por formar la esencia nacional.

La perseverante dulzura de la venganza

            Cuando yo era militar, tanto el Ejército Argentino -como todos los ejércitos civilizados del mundo- siempre fueron un medio catalizador donde se convocaba a todo tipo de personalidades de la población, que vertían en un molde común en un intento por formar la esencia nacional.

            Hoy ya no existe, en la práctica, el Ejército Argentino, porque no se puede hallar el espíritu de la defensa de los más altos intereses de la Nación en muchos de quienes lo integran, y ciertamente en ninguno de sus Oficiales Superiores en actividad. De ser así, no consentirían voluntariamente su auto aniquilación.

            El embajador argentino en Colombia, Tte Grl (R) Martín Antonio Balza —cuando le tocó su rol histórico como Jefe del Estado Mayor— excluyó ese precepto de las enseñanzas reglamentarias, derogó el servicio militar obligatorio, cambió el plan de carrera, desarmó a sus hombres, desactivó unidades, vendió los sitios donde se habían librado batallas históricas y, finalmente, declaró su arrepentimiento «en nombre de todos» por haber defendido la Patria.

            A partir de entonces sólo nos resta la vergüenza ajena de tener que soportar, día a día, que sean las mismas FFAA quienes entregan a sus mayores al escarnio público y contribuyen a empujar al patíbulo a los subalternos.

            Sin embargo, ante las debilidades y claudicaciones de los altos mandos nacionales, es de admirar la constancia de los militantes montoneros del ayer, puesta de manifiesto en el odio hacia sus enemigos de los años ’70. Habiéndose hecho del poder lograron desarticular a la Justicia, disgregando la Corte Suprema, echando jueces de todas las jerarquías e imponiendo a sus adeptos.

            Una vez destruido el Derecho, neutralizaron al Congreso imponiéndole un insólito sistema legislativo acólito al Ejecutivo. El debate y la oposición pasaron a la historia como memoria de un pasado constitucional ausente, de modo tal que la voluntad de la soberana (que no es precisamente la ciudadanía) se convierte en Ley de manera prácticamente automática.

            En caso de dificultad, no es ya siquiera necesario utilizar la tradicional facultad del veto presidencial, ya que la primera mandataria goza del derecho de gobernar por “decretos de necesidad y urgencia”, pérfido recurso bajo creado por Menem, continuado por De la Rúa y heredado de su marido, que encabeza —desde su retiro activo, liderando el “neo-justicialismo”— el sistema de la corrupción institucional.

            Sin embargo la técnica del régimen tiene su eje no en el bienestar general sino en el encumbramiento económico de los gobernantes, ex “jóvenes idealistas”, que para asegurar su impunidad requieren de varios factores:

1. La virtual destrucción de sus sempiternos enemigos: las FFAA y FFSS;
2. Idiotizar o corromper a la población para producir el olvido de su pasado criminal;
3. El disloque generacional para mantener a la juventud en la ignorancia sobre la historia reciente de la República; y
4. La complicidad del actual alto mando militar para que, a través de su corrupción, el gobierno se asegure que no abandonará jamás el poder sino a través de las urnas —hoy un sistema cuestionado al haberse comprobado la impunidad del fraude electoral.

            Con motivo del IV Congreso Internacional de Victimas del Terrorismo que se llevó a cabo estos días en Madrid, la cadena COPE ha entrevistado a la abogada argentina Victoria Villarruel, una de las cientos de victimas que estuvieron presentes estos días en España. El Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTIV) criticó que en Argentina “el terrorista tenga sus derechos y las víctimas siquiera la posibilidad de realizar un homenaje público para nuestros asesinados”.

            Afirmó además que se han producido más de 21.555 atentados de las organizaciones terroristas de extrema izquierda en la república sojuzgada por la dinastía Kirchner. En su intervención repasó la lacra del terrorismo en nuestro país en el que se han producido 21.555 atentados. Además quiso recalcar que “las verdaderas víctimas, todas las que sufrieron el ataque indiscriminado del terrorismo, no gozan de ningún derecho”.

            En Argentina —dijo la representante del CELTIV— se produjo un conflicto armado interno, una guerra civil de baja intensidad entre “las fuerzas armadas y las organizaciones terroristas de extrema izquierda”. Y en medio estaba “la población civil y no combatiente”. Por eso existen “personas que están lisiadas, familias que han perdido hijitos de tres años, militares que murieron asesinados.

            Una gran cantidad de población civil no combatiente, atacada por estos grupos, que en el exterior y en Argentina se venden como victimas y como tales si tienen sus derechos humanos, pero no como victimas del terrorismo, sino como combatientes…“Los terroristas tienen todos los derechos pero las victimas no tenemos siquiera la posibilidad de realizar un homenaje público para nuestros asesinados”. Continuó señalando que “no sólo hemos sufrido el terrorismo sino que no tenemos justicia, ni derecho a la verdad”.

El calvario de los militares cautivos del kirchnerismo montonero

            Se produjo un anuncio al mismo tiempo que en Madrid se desarrollaba el Congreso en el cual se denunciaba que en Argentina “el estado haya otorgado el goce de los derechos humanos a los terroristas que sufrieron abusos por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, pero no a las victimas del terrorismo”.

            Una camioneta penitenciaria celular —destinada al transporte de los violentos criminales comunes— estibará en las próximas horas a cuatro Soldados que esperaban juicio en la Prisión Militar de “Campo de Mayo” para reasentarlos en condiciones humillantes en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, un presidio de máxima seguridad para criminales psicóticos ubicado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

            El origen del vergonzoso reasentamiento es una intempestiva orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré —veterana militante montonera— instrumentada a través del Jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Bendini, quien determinó que esos Soldados —“que deben ser condenados por la causa Margarita Belén” [Kirchner dixit]— sean inmediatamente reubicados. La orden la impartió, en definitiva, el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Carlos Rubén Skidelski, quien puso la firma[1].

            En ese ambiente —rodeados de delincuentes de altísima peligrosidad— deberán convivir los militares que serán trasladados para luego ser juzgados. Se trata del coronel Horacio Losito, héroe de Malvinas, el Oficial de comandos más condecorado de la Argentina, admirado públicamente por su coraje por sus ex enemigos británicos, que también fue, hasta el momento en que se ordenó su encarcelamiento sorpresivo, agregado militar en Italia.

            Sus Camaradas de calvario poseen una trayectoria no menos ejemplar: El coronel —también Veterano de Guerra de Malvinas— Julio Rafael Barreiro; el capitán Juan Carlos Demarchi —ex Presidente de la Sociedad Rural de Corrientes— y el sargento 1° Roberto Piriz, quien se había retirado de la Fuerza hace muchos años y se ganaba la vida como chofer de autos de alquiler.

            En los hechos existe un convencimiento general y absoluto que todos serán condenados, y que el juicio será una farsa más de los tantos que están en boga, apreciación que surge de las específicas instrucciones de Néstor Kirchner, reforzada por las noticias recibidas respecto de cuáles serán las condiciones de hospedaje de esta prisión.

            Obviamente aquí no sólo no se aplica la Convención de Ginebra porque el régimen montonero no considera a estos hombres merecedores del status de Prisioneros de Guerra, sino que, aún teniéndolos por presos comunes tampoco se respetan los protocolos que el país suscribió, a nivel constitucional, conocidos como “Pacto de San José de Costa Rica”.

            Para que se tenga una idea de las condiciones que reúne la U7, allí se envían a los internos que representan amenazas sociales, cuya convivencia con otros presos se ha demostrado imposible. Para dar sólo un ejemplo, en el derruido penal de Resistencia están los llamados “12 apóstoles”, convictos que años atrás protagonizaron una espeluznante rebelión en la cárcel de Sierra Chica, donde mataron a varios presos que no quisieron sumarse a las monstruosidades que se cometieron durante el motín.

Transmisión desde Sierra Chica de la Jueza Malere

“Agapito salió con fritas”

            La irónica frase fue recibida por la jueza María de las Mercedes Malere rehén de los doce apóstoles, en la Semana Santa de 1996 (el motín se inició el 30 de marzo). Habiendo ingresado al penal para “garantizar los derechos humanos de los delincuentes”, terminó salvajemente violada por todos los amotinados del Penal y hoy —olvidado definitivamente su gesto humanitario— está postrada, prácticamente una anciana, condenada sin término a morir de SIDA, aunque oficialmente se todavía se niega el corolario de aquella repulsiva aventura.

            A la ex jueza tuvieron que traducirle el mensaje: el preso Agapito Lencina había sido asado en el horno de la panadería del penal. Y la obligaron a practicar canibalismo, tras enterarse de qué estaban hechas las empanadas con que la convidaron a comer. La banda de “los doce apóstoles” era un grupo de feroces presidiaros liderada por Marcelo Brandán Juárez quién cayó preso a los 19 años y purgaba condena por robo calificado reiterado y tenencia de arma de guerra. Juárez participó en motines en La Plata, Olmos y Sierra Chica y también por la violación de un compañero de celda.

            Este cabecilla tenía un prontuario muy interesante antes de protagonizar el feroz motín. En 1992 fue detenido por tentativa de homicidio. Intentó fugarse cuatro veces y está investigado por el asesinato de un recluso. Estaría relacionado con importantes bandas delictivas.

            El resto de los integrantes de la banda de los doce apóstoles eran Jorge Alberto Pedraza, Carlos Gorosito Ibáñez, Marcelo González Pérez, Jaime Pérez Sosa, Víctor Esquivel, Oscar Olivera Sánchez, Carlos Villalba Mazzey, Héctor Cóccaro Retamar, Marcelo Vilaseco Quiroga, y Héctor Galarza Nannini. En una semana de insomnio, la mujer, que fue penetrada contranatural por toda esa gente, tomó un curso acelerado sobre los usos y costumbres de la vida carcelaria.

            También descubrió que las muertes en Sierra Chica no respondieron sólo a venganzas entre hampones, sino que también fueron exhibiciones de bravura y temeridad de los criminales para imponerse sobre el resto de la población carcelaria. “Allí supe que hay categorías. Por ejemplo, los homosexuales son deseados y odiados a la vez; que hay presos con ascendiente sobre los demás y que algunos, por su antigüedad, conocen todo y también son tomados en serio”, recuerda la doctora Malere.

            Los mismos “doce apóstoles” volvieron a levantarse en la prisión porteña el 25 de mayo de ese 2007. De nuevo tomaron rehenes y planearon fugarse. Después de seis horas, efectivos del Servicio Penitenciario entraron al penal y reprimieron la revuelta, e inmediatamente fueron trasladados a las jaulas del presidio de Resistencia, Chaco, la macabra Unidad 7, habida cuenta de su “extrema peligrosidad”.

Kirchner prometió, su esposa lo cumplió

            En el marco del 117 aniversario de la ciudad chaqueña Margarita Belén —según el comunicado de Presidencia de la Nación— “el presidente Néstor Kirchner honró la memoria de los militantes fusilados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, en un episodio que pretendió disfrazarse como un intento de fuga y enfrentamiento.” En su discurso dijo que “Aquella impotencia e indefensión del ayer, hoy la estamos derrotando con el renacer de la conciencia del pueblo argentino…

            Seguiré insistiendo en su pedido de disculpas en nombre del Estado Nacional argentino, al pueblo chaqueño, a los fusilados, a los desaparecidos, a los agraviados porque recién por primera vez después de 31 años, un presidente de la Nación está presente acá” para rendir homenaje a los 22 militantes que pertenecían a la Juventud Universitaria Peronista, Partido Auténtico, Juventud Peronista, Ligas Agrarias y a la Juventud Trabajadora Peronista entre otras organizaciones; jóvenes militantes e idealistas abatidos por las fuerzas armadas y de seguridad.

            “Mas allá de mis pensamientos, no vengo con una actitud individual, sino con la expresión colectiva de la conciencia que el pueblo argentino ha tomado, gracias a Dios, sobre estos hechos”, enfatizó Kirchner, urgiendo el reclamo al Poder Judicial para que acelere el tratamiento de las causas que “involucran a quienes violaron los derechos humanos”, señalando que “sin que ello signifique que me entrometo en la justicia…Como “un argentino más”, pido justicia y tengo derecho a hacerlo”.

            Participaron el ministro del Interior, Aníbal Fernández; los secretarios, General de la Presidencia, Oscar Parrilli; de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; de Obras Públicas, José López; familiares de las víctimas, representantes de organismos de derechos humanos, autoridades nacionales, provinciales y locales, legisladores e invitados especiales.

            Fue en esa ocasión que Aníbal Fernández le susurró al oído la propuesta al mandatario: “¿Y si mandamos a los militares al penal de Resistencia?” En seguida se le iluminó el rostro a Néstor, en un desenfadado rictus de regocijo picaresco, y —como en un “scrawn” en pleno juego de Rugby, la sádica jugada quedó definitivamente pergeñada.

            Pero —en caso de producirse eventualmente un motín— sería imposible evitar las peores consecuencias a los militares que estarán alojados en el Penal de Resistencia. Esto constituye un agravamiento de las condiciones de detención de manera ilegítima, sin fundamento alguno o aún un pretexto para modificar la situación de los procesados aún no condenados. En una palabra, el Juez Carlos Rubén Skidelski los está poniendo en un estado inminente de peligro mortal, de manera innecesaria y punitiva.

            La seguridad de los detenidos es responsabilidad directa e indelegable del Magistrado que haya ordenado el agravamiento de las condiciones de su detención. Y esta gravosa situación está configurada cuando un detenido pasa de un régimen de detención a otro sin que hayan mediado causales de disciplina o intentos de fuga, según establece la Ley y la jurisprudencia al respecto. El deber del Juez debería ser proteger la vida de los militares. Por el obvio y evidente odio hacia el uniforme los criminales comunes con quienes convivirán los identifican y asimilan con la policía, que es su enemigo natural.

            Siendo inevitable conocer esta situación el Doctor Carlos Rubén Skidelski los está enviando “al matadero” a sabiendas, por orden de sus rencorosos amos.[2]

La Cárcel de Resistencia

            La Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 de la ciudad de Resistencia está ubicada en la intersección de las avenidas Las Heras y Edison de la húmeda y calurosa capital chaqueña. La U7 como se la conoce comúnmente, es uno de los contados penales de máxima seguridad que el Servicio Penitenciario Federal tiene diseminado por todo el país. Como tal, tiene muro perimetral, un régimen de aplicación intensiva del tratamiento penitenciario para los condenados, un sistema celular de alojamiento.

            No está preparada para procesados, pero es común desde hace años que alojen procesados federales y algunos provinciales por pedido de magistrados locales. Cuenta con un campo de deportes y un sector de talleres con huerta donde trabajan los internos con la supervisión de maestros. Tiene capacidad para 500 internos, aunque extrañamente debe ser la única unidad carcelaria que no está superpoblada, ya que dentro del penal había, hasta hace pocos días, sólo 488 procesados, ya que estaban reservándole lugar a los “de lesa”.

            Básicamente es una estructura en paralelo en lo edilicio y en lo organizativo, tiene un Oficial Superior de Director, precisamente por esa característica de «máxima seguridad». Del Director dependen las dos Jefaturas de Seguridad, la Externa y la Interna. De la Subdirección dependen todos los servicios asistenciales, como el médico, la asistencia social, ayuda espiritual, educación, talleres, laborterapia, mantenimiento, gabinete criminológico y otros.

            Seguridad Externa es una División de la que depende el Servicio de armas, es decir la guardia armada, sus Oficiales de Servicio, el Arsenal y los turnos de guardiacárceles armados. Seguridad Interna es una División que tiene el trato directo con los internos y no porta armas, de ella dependen: la Jefatura de Turno, la Sección Requisa, Sección visita y correspondencia, pañol de internos, Celadores y Guardianes. Generalmente hay cuatro turnos de seguridad interna. Cada uno con un Jefe y cumplen un horario de 12 horas de servicio por 36 horas de franco.

            Cada pabellón tiene un Celador y un guardián o dos dependiendo de la población. El prisionero tiene alojamiento celular, es decir tiene su propia celda individual, que se cierra durante el sueño o a pedido del mismo, cuando teme por su seguridad o cuando se siente enfermo.

            El resto del día le está permitido caminar dentro del pabellón, o mirar la vieja televisión que está al fondo, donde se emplaza el comedor. Junto a la reja principal del pabellón, está el celador, que es un suboficial antiguo y adentro patrulla el guardián que es un agente o un cabo.

            A diana, se produce el recuento de presos, que deben levantarse para hacer fajina de su alojamiento e higienizarse. Luego desayunan, limpian los enseres y se retiran los carros térmicos de la colación. Esta tarea la cumple el «fajinero», un prisionero voluntario. La salida a recreo se produce por turnos según los pabellones, para evitar agresiones entre poblaciones diferentes. Lo mismo sucede durante la salida al campo deportivo. Además la Unidad 7 cuenta con biblioteca y capilla.

            Es difícil congeniar con los guardiacárceles y con los otros internos al mismo tiempo, porque la buena reputación en el penal, se consigue siendo un “peso pesado”, ya el presidio está destinado a alojar a los peores criminales condenados del país. La excelente conducta, inteligencia y trayectoria de los militares que irán a engrosar esa población carcelaria —honradamente— no explican la causa que lo llevó hasta allí.

            Los internos son clasificados como «fácilmente adapatable», «adaptable» y «difícilmente adaptable». Esta clasificación coincide con la asignación de peligrosidad que el juez le ha asignado. No se suelen mezclar los internos de distinta clasificación. Situación distinta es la de los procesados, pues no están bajo el régimen progresivo de la pena aplicable a condenados.

            Es muy probable, que la Dirección aloje a nuestros Soldados en un sector especial junto a un muy reducido grupo de procesados de ferocidad controlada y con un régimen atenuado de vigilancia. No significa esto que vivirán en un paraíso, teniendo en cuenta que el Juez Federal [para conservar su empleo] celará su estrictez en cumplimiento de las claras órdenes presidenciales de extremar el rigor para con los militares, y no va a jugarse a que la prensa haga peligrar su cargo.

            Las condiciones personales de los presos inciden directamente en la calidad de vida. En una palabra, desde la higiene en adelante, las costumbres y la educación del detenido se revelan en el sector de alojamiento, pues los alojados son los encargados de su propia higiene personal y de los sectores donde se alojan. Los carceleros suelen ser más condescendientes para con quien demuestra sumisión absoluta a los guardias, pero castigan severamente los actos de soberbia, sublevación, indisciplina, irrespetuosidad o desobediencia, según el limitado criterio del carcelero que percibe la falta.

            “Esta es la peor cárcel de todo el Servicio Penitenciario Federal, por la manera en la que tratan a los detenidos”, según afirmaran recientemente los funcionarios Alejandro Marambio Avary y Oscar Cejas Meliare, quienes fueron enviados por la Procuración Penitenciaria de la Nación para que realizaran una visita de tres días a la U-7, para constatar una serie de denuncias formuladas telefónicamente por los presos de esa cárcel de máxima seguridad.

            Según el informe, uno de los problemas más graves que fueron constatados son las numerosas “celdas de castigo” a las que son enviados los internos cuando son sancionados por indisciplina. En la actualidad funcionan unas diez celdas con estas características y los presos que son enviados allí pasan 22 horas por día en un lugar muy pequeño donde comen y hasta tienen que hacer sus necesidades. Dentro de las celdas de castigo los detenidos sólo pueden salir dos horas por día para higienizarse o para esparcimiento.

            En este lugar se generaron gran cantidad de denuncias de los reclusos, que nos hablaron de maltrato físico y psicológico al que son sometidos por parte de los efectivos de la Penitenciaría. Si bien es normal escuchar que los internos de todas las cárceles federales del país tengan alguna queja, pero el caso de la U7 es muy especial, no sólo porque es una cárcel de máxima seguridad, sino porque en las inspecciones se ha acumulado una cantidad excesiva de denuncias.

            Se realizan controles de inspección a las unidades penitenciarias tres veces por año. Los auditores de la Procuración recorren las instalaciones, se entrevistan con los internos y también dialogan con las autoridades. Al mismo tiempo, la Procuración es informada de la situación en las cárceles por sus delegaciones regionales. A pesar de los informes negativos y la oposición de los inspectores, el gobierno decidió reasentar a los militares definitivamente aquí, en “la isla del diablo” del SPF.

            Los mayores problemas se advierten sobre los internos que recién ingresan y el resto de la población del penal sufre maltrato durante las requisas. Es evidente que el régimen que se aplica es sumamente autoritario y agresivo. Los enviados de la Procuración estimaron que la situación que pudieron advertir es de un trato inhumano y degradante.

            Aclararon que esa sería la calificación que le daría hoy “cualquier organización internacional como la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, pero acá son conceptos que todavía ni se conocen”. Agregaron que “La situación en la U-7 es alarmante, sobre todo porque allí cumplen condena personas con perfiles muy complejos… El hecho de que sean autores de delitos graves no significa que merezcan ser tratados como si fueran animales. Una cárcel no puede ser transformada en una suerte de depósito y en el caso de la U-7 hoy se ha instaurado la cultura del garrote.”

            Procesados. Si bien el trato no debería ser especialmente riguroso, nuestros Oficiales no pueden esperar que se respeten sus jerarquías, porque no están amparados por la Convención de Ginebra, y porque los actuales agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron educados en el concepto que los militares que llegan a la cárcel son criminales comunes y nunca “camaradas” en ningún sentido.

            Las visitas son comunes, especiales y extraordinarias. Las especiales son por distancia o circunstancia especial del detenido. Las extraordinarias pueden ser otorgadas en fechas patrias, o día del padre o situaciones excepcionales. Se tiene un reglamento donde los visitantes pueden ser sancionados por faltas con privación de visita hasta el máximo que es la suspensión definitiva de la visita.

            Para la primera visita es mejor acercarse a la sección homónima que está a la entrada, sobre la avenida Las Heras donde les entregan los arduos requisitos a los familiares. Luego de cumplir con las normas y trámites, se les entregará una tarjeta que deben plastificar y que será su carnet de ingreso de allí en más. Cuatro gigantescos portones de hierros macizos y guardias, separan a la gente de los pabellones.

            En la Unidad 7 se ordenó la aplicación del Proyecto de Reglamento de Internos, Visitas, Instalaciones y Cosas (art. 163 de la ley 24.660), que si bien es un proyecto, se ajusta más a las necesidades de los carceleros que a los reclamos de los internos, elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las visitas suelen ser recibidas por un ayudante de 3ª, quien les quita las credenciales y los celulares antes de ingresar al penal. Luego son cuidadosamente palpadas.

            La requisa de visitantes femeninas es invasiva y se efectúa de manera completa (cacheo corporal sobre la ropa y objetos que portan, sin contacto directo de sus partes íntimas) e integral (de condiciones y modalidad similar a la superficial, agregándose la revisión cuidadosa de prendas etc.).

            Tal procedimiento lo hace personal femenino de la unidad. La normativa aplicable es la “guía de procedimientos de la función requisa” decreto 163 de fecha 02/03/05 y lo dispuesto por decreto del Ministerio de Justicia. Al ingreso hay dos personas que palpan de armas al visitante. Luego pasan por la zona de paquetes, donde se requisa la comida (manoseándola, cortándola y destrozándola en la práctica), y luego al minucioso chequeo femenino que se realiza en el mismo galpón, tras unas cortinas mugrientas.

            Como está sucediendo en Marcos Paz, allí les hacen levantar —a las esposas, hijas o nietas de los Oficiales prisioneros— la parte superior de la vestimenta, de a una. Primero el saco o campera, luego la camisa, la remera y finalmente el corpiño. Luego las hacen girar, les revisan desde atrás la zona de los hombros y los brazos. A los abrigos los requisan aparte. Después les revisan los bolsillos delanteros, y traseros, y les hacen bajar el pantalón y la bombacha hasta los tobillos.

            Ahí tiene que abrir las piernas, flexionar, meterse las manos a la altura de los labios vaginales y abrirlos. La persona del servicio penitenciario se flexiona y pone su cabeza a la altura de la vagina para mirar.

            Las formas o tratos que surgen de la requisa íntima que se le hace a los familiares que recibe el interno es humillante, y el “reglamento vigente” un escandaloso atropello a las más elementales garantías constitucionales (Art 75 inc. 22 CN) y la Convención Americana de Derechos Humanos y también a la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad en cuanto enuncia la finalidad específica de la adecuada reinserción social del condenado, quedando exenta la ejecución de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

            Resulta vergonzante para la persona que debe sufrir la requisa, lo que es el efecto buscado: que los militares sean definitivamente desarraigados y separados de sus familias.

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos produjo un amplio informe sobre las transgresiones verificadas en las cárceles argentinas.

            No hay duda que las requisas abusivas, y las inspecciones practicadas a familiares de los Oficiales procesados, relatan una práctica inmoral y generalizada que realiza el embrutecido personal penitenciario no está admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando elevó el informe Nº 38, relacionado con el “Caso Arenas” a nuestros tribunales argentinos, que por supuesto nada hicieron para hacer cesar la praxis en las galeras de la Argentina del “socialismo del Siglo XXI”.

            El interno que comete faltas puede ser sancionado con su permanencia indefinida en la celda de aislamiento, decomiso de sus bienes por la requisa y hasta con la pérdida del derecho al ansiado encuentro con sus familiares.

            Casi la totalidad del personal en actividad tiene el cerebro lavado y sólo están instruidos en que recibirán a criminales especiales, “los de lesa humanidad”. No sabe ni comprende el rol de estos uniformados y se les ha advertido que son altamente peligrosos. Los Oficiales penitenciarios están instruidos en que sus nuevos huéspedes son “terroristas de estado” y “genocidas”.

            Ignoran absolutamente lo que significaba “salvaguardar los más altos intereses de la Nación”. A extraña semejanza de los jóvenes que hoy prestan servicio en las FFAA, sólo aspiran a mantener su empleo, su auto, un trabajo en el que se ingresa y se sale con portafolios, y entregar el turno sin novedad. Consideran a los nuestros como viejos molestos que contribuyen a complicarles la rutina, y un riesgo potencial para la monotonía rutinaria.

            La Unidad 7, sus pabellones y talleres se encuentran en un barrio de Resistencia llamado «Villa Libertad», lo que evoca a los campos de concentración nazis en cuyos portales se inscribía la leyenda «el trabajo los hará libres».

            La prisión Depende del Jefe de Región Norte, el Inspector General Grassini, el mismo personaje que reprimió exitosamente el motín de Santiago del Estero no hace mucho. Grassini depende directamente del Dr Marambio Avaría, Director Nacional[3] y éste del Dr Aníbal Fernández —de amplia experiencia y trayectoria como prófugo de la Ley en épocas pasadas— hoy devenido en Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

            Siempre es bueno tener un amigo que se preocupe por nosotros…

[1] Skidelski, un magistrado muy comprometido con la ideología de la pareja presidencial, es el personaje que reflotó con fotocopias la causa de Margarita Belén, archivada en la Cámara Federal de Rosario.
En mérito a esas fotocopias, redargüidas de falsedad, ordenó la captura de los imputados. Y es, precisamente Skidelski quien, de alguna manera, está ocultando la Causa Salas, mediante la cual se pone de manifiesto el plan terrorista para el ataque guerrillero al Regimiento de Formosa el 5 de octubre de 1975.
Curiosamente, también Skidelski es el Juez a quien se le presentó un supuesto desparecido de apellido Nilsen —quien vivía bajo el segundo nombre y el apellido materno— que oportunamente se presentó el año pasado denunciando que “alguien que no era su familia” estaba cobrando los 220.000 dólares de indemnización y que hasta le habían fabricado una tumba. El doctor Skidelski cerró el caso también en forma muy oportuna, pero con denuncia escrita ante este Juzgado, le consiguió al “desaparecido” el reintegro de los U$ 220.000 dólares… de los excedentes del presupuesto presidencial.

[2] Ver los antecedentes ideológicos del doctor Skidelski, Infra.